El Gobierno argentino de Alberto Fernández recibió el pedido de su par, el chileno Gabriel Boric, para extraditar al guerrillero Galvarino Apablaza, acusado en su país de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán ocurrido en 1991 y el secuestro de Cristian Edwards. Pero su condición de refugiado político, decidida durante el Gobierno de Cristina Kirchner y revocada en la administración de Mauricio Macri, se ha judicializado y todo hace prever un largo trámite en el proceso que impidan al Ejecutivo dar una respuesta inmediata a los reclamos de Chile.
Galvarino Sergio Apablaza Guerra, quien fue líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es reclamado por la República de Chile para su juzgamiento como autor “mediato o intelectual” del atentado terrorista con resultado de muerte perpetrado, el 1° de abril de 1991, en contra del senador Jaime Guzmán Errázuriz en su calidad de autoridad política y secuestro terrorista, cometido el 9 de septiembre del mismo año, en perjuicio de quien se desempeñaba como Gerente de Diarios Regionales de la empresa “El Mercurio”, Christian Edwards del Río. Tras esos hechos, Apablaza habría escapado a Cuba.
Nada cierto se supo sobre su paradero hasta que fue detenido en la Argentina el 29 de noviembre de 2004 en la localidad de Moreno, donde residía bajo el falso nombre de “Héctor Daniel Mondaca” desde hacía varios años junto a su pareja, la periodista chilena Paula Chahín, por entonces empleada en la Secretaría de Medios de la Presidencia, y sus tres hijos de nacionalidad argentina. Estuvo siete meses preso y el 4 de julio de 2005 el juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio, hizo lugar al pedido de extradición. En el interín, fue liberado bajo fianza mientras tramitaba su apelación.
Pero para esa altura Aplaza, apenas horas después de su detención, el 1º de diciembre de 2004, presentó un pedido de refugio ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (CONARE). Y en julio de 2007, la Corte decidió que correspondía suspender el trámite de los recursos de apelación interpuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal y por el país requirente hasta tanto mediara decisión firme en punto al pedido de refugio solicitado.
Pero pasados los años no hubo definiciones y por eso en septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia argentina autorizó la extradición del ciudadano chileno. Según la resolución, Apablaza Guerra, al declarar en oportunidad de llevarse a cabo el juicio, “no formuló la más remota alusión de que hubiera obrado bajo la influencia de una motivación política”.
No obstante, el fallo de la Corte destacó que tal legislación sostiene que “ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. El tema quedaba en manos del Gobierno Argentino.
A fines de septiembre, después del fallo de la Corte, el Ejecutivo decidió otorgarle a Apablaza el asilo político y no fue extraditado. Inmediatamente, el gobierno chileno, a través de su representante en el caso, el abogado argentino Gustavo Gené, presentó un recurso ante la CONARE para que se revise la decisión.
Ya con Macri en el poder, el 5 de diciembre de 2017, el gobierno argentino decidió retirarle el estatus de refugiado político y se abrió la posibilidad de una extradición a Chile. Pero Apablaza judicializó la decisión. El trámite está en estudio de la justicia en lo contencioso administrativa, en donde el chileno -asesorado por la Defensoría General- impugnó la decisión del gobierno macrista. Cualquiera sea la resolución de primera instancia, el caso promete seguir en apelación hasta la Corte Suprema.
“Apablaza nunca perdió su condición de refugiado porque legalmente sigue siendo un refugiado -dijo a Infobae el abogado Rodoldo Yanzón, que representó a Apablaza en el proceso de extradición-. No es posible proceder a la extradición mientras siga vigente su condición de refugiado, encima para ser juzgado por crímenes que ya están prescriptos. Aún si la justicia argentina no hiciera lugar a los planteos actuales, se debería abrir un nuevo proceso de extradición frente a este nuevo escenario”.
El tema, olvidado de la agenda política cotidiana, volvió a los medios en las últimas horas con la visita del flamante presidente chileno a la Argentina, en su primera salida de su país luego de haber asumido el mando. “El Presidente Boric me planteó su preocupación por el tema y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que eso es un problema que se debe resolver judicialmente en Argentina. No es un tema que tenga que ver con la potestad o la discrecionalidad del Ejecutivo”, dijo el jefe de Estado.
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