Estados Unidos ha anunciado este jueves sanciones contra la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, por apoyar la “implacable opresión” contra la oposición por parte del Gobierno liderado por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
“Silenció las voces de la oposición y confiscó las propiedades de más de 300 nicaragüenses. Apoyó la decisión de Ortega de despojar a los presos políticos exiliados de su ciudadanía”, ha indicado en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller.
Asimismo, Washington señala a la procuradora general por ser “responsable del cierre arbitrario de más de 3.500 organizaciones de la sociedad civil”, incluyendo “más de 250 grupos evangélicos”. “Participó en los ataques infundados del régimen Ortega-Murillo contra instituciones religiosas, que incluyeron acusaciones falsas y detenciones injustas de líderes religiosos”, ha reiterado.
Por su parte, el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y Inteligencia financiera, Brian Nelson, ha subrayado que la procuradora general, nombrada en mayo de 2019 por Ortega, “ha explotado su cargo para facilitar una campaña coordinada” a fin de reprimir a la disidencia “confiscando propiedades sin base legal”.
En virtud de las sanciones, todas las propiedades e intereses de la procuradora que se encuentren en Estados Unidos o “en posesión o control de personas estadounidenses estarán bloqueadas”, según ha informado el Departamento del Tesoro.
Estados Unidos anunció hace una semana restricciones a la importación y exportación de armas hacia Nicaragua en represalia por la “brutal represión” del Gobierno de Daniel Ortega. Así, Washington modificó las Regulaciones para el Tráfico Internacional de Armas para incluir en la ‘lista negra’ al país centroamericano.
El Gobierno estadounidense intenta elevar de esta forma la presión política sobre el Ejecutivo nicaragüense, sobre ya el que pesan otros castigos previos. De hecho, Ortega y todos los miembros de su gabinete tienen prohibida la entrada en Estados Unidos desde 2021 por las elecciones fraudulentas celebradas ese año.
En los últimos años, el Ejecutivo de Ortega ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.
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