Ecuador se sube a la nueva ola de canjes de deuda, pero puede terminar revolcado

Los canjes de deuda han vuelto a la palestra con fuerza como una de las iniciativas que buscan mejorar la situación de la deuda de algunos países, con el compromiso de dirigir los recursos liberados a ciertos objetivos históricamente vinculados a la conservación de la naturaleza o acciones relacionadas al desarrollo de las naciones acreedoras. Pero, en esta oportunidad, estas operaciones se ven teñidas de azul debido a las acciones vinculadas a los océanos, aunque de un azul bastante oscuro debido a las sombras que aparecen en el proceso, lo cual torna a estas operaciones bastante cuestionables en diversos aspectos.

Esta “nueva ola” de canjes de deuda, por clima o naturaleza, se ha logrado posicionar a nivel internacional e, incluso, es respaldada por diversos organismos multilaterales. Incluso, los países de la CELAC han acordado impulsar los canjes de deuda por acción climática como parte de sus compromisos en el marco de las negociaciones de la COP27.

Existe un amplio apoyo a los canjes de parte de la comunidad internacional, que podría empujar a que cada vez más los acreedores acepten participar de estas operaciones, pero esto no supone que sean la solución a los problemas de deuda y clima de aquellos países que están en el listado de mayor vulnerabilidad. Si bien existen urgencias que atender en países altamente expuestos al cambio climático y al sobreendeudamiento, también es cierto que los inversionistas e intermediarios financieros están atentos a toda oportunidad que se abra para incursionar en aquellos negocios que les puedan resultar rentables y permitirles catalogar sus inversiones como amigables con el medio ambiente o promotoras del desarrollo sostenible.

Primero fue Seychelles, luego Belice y Barbados, y ahora Ecuador, países que han logrado culminar operaciones de canje de deuda con objetivos de conservación marítima por medio de la emisión de los llamados “bonos azules”, los cuales forman parte del abanico de opciones existentes cuando se trata de movilizar la inversión privada con fines de desarrollo sostenible, que incluye inversión en activos financieros, tales como los bonos verdes o ambientales, sociales, de desarrollo sostenible, e incluso de género. Sin embargo, estos instrumentos no necesariamente aseguran que los emisores -o sea los Estados- cumplan con los compromisos establecidos, ya sea en materia ambiental o social, ni tampoco aseguran que el país se libere de los problemas fiscales potenciales en un horizonte de mediano y largo plazo.

Estos canjes tienen elementos en común -tales como la situación de sobreendeudamiento, la recompra de deuda en el mercado secundario y emisión de nuevos bonos soberanos, la intermediación de organizaciones ambientalistas, la garantía de instituciones financieras multilaterales, e incluso la participación de agentes privados del sector financiero-, pero existen ciertos aspectos, que resaltan en el caso del Ecuador, que alertan sobre los riesgos existentes en la sostenibilidad ambiental y fiscal del país, potenciados por la poca transparencia, la cesión de soberanía y la falta de integridad.

Países de ingreso medio como Ecuador, con restricciones de acceso a financiamiento concesional y a programas de alivio de deuda, deben atender necesidades sociales, ambientales y climáticas, y a la vez deben cumplir con el pago del servicio de la deuda en una coyuntura de múltiples crisis, con menor espacio fiscal y mayores vulnerabilidades. El sistema sigue alimentando el círculo vicioso que vincula la deuda y el clima en detrimento de las poblaciones más vulnerables. En América Latina y el Caribe, el 81% del financiamiento climático de fuentes públicas internacionales se dio mediante préstamos en 2020.

La meta establecida en el 2009 para movilizar 100 mil millones de dólares anuales desde 2020 está aún lejos de alcanzarse, y mientras las necesidades de financiamiento para adaptación, mitigación, así como pérdidas y daños, aumentan cada vez más, se van posicionando al mismo tiempo las propuestas del uso de “mecanismos innovadores” como la única salida para cerrar las brechas de financiamiento para el desarrollo y el clima. El problema con estos mecanismos es que pretenden facilitar y apalancar la inversión privada por medio de diversos instrumentos, tales como préstamos, emisión de bonos (verdes, sociales, temáticos, etc.), las intervenciones mixtas del sector público y privado (financiación combinada, asociaciones público-privadas, etc.), e incluso ahora los canjes de deuda por clima; donde los más beneficiados son los privados, mientras los Estados son los que pagan los “platos rotos”.

La próxima semana se lleva a cabo la Cumbre del Nuevo Pacto Financiero Global convocada por el gobierno francés, donde se discutirán elementos clave del sistema financiero internacional, pero desafortunadamente no se esperan grandes cambios con respecto al sistema actual, sino más bien se intenta reforzar más de lo mismo en un espacio que no es representativo de los intereses del Sur global.

El llamado a construir una nueva arquitectura financiera global debe ser atendido por todos los países y en los espacios más democráticos, como la ONU, donde se establezcan prioridades de direccionamiento de los recursos de acuerdo a las necesidades, pero, principalmente, se debe asegurar que la provisión de los recursos sea asumida por aquellos que son los mayores responsables históricos de la crisis climática.

Los canjes de deuda, junto con cancelaciones/reestructuraciones de la deuda, la cooperación bilateral y multilateral, generación de liquidez por medio de los DEG, entre otras medidas, deben formar parte de una acción integral que ayude a los países a superar los problemas financieros y contar con recursos suficientes y adicionales desde fuentes públicas, que no generen más deuda y que contribuyan con la sostenibilidad y equidad entre Sur y Norte.

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