Hasta el grito desesperado del periodista Sebastián Domenech, ésta era una tragedia silenciosa: “Otra Navidad sin ellos. Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia, la Justicia confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo”, escribió este padre, arteramente separado de sus mellizos de 11 cuando éstos tenían 5 años.
El caso impactó a la opinión pública. Pero no es un hecho aislado: este modus operandi perverso se multiplica al amparo de la impunidad de quienes realizan estas maniobras en las cuales confluyen el rencor de una persona hacia su ex pareja, el provecho que abogados, psicólogos, asistentes sociales y ong obtienen de estos procesos eternos y la negligencia y morosidad de los tribunales y de las defensorías de menores.
LA JUSTICIA PENAL EXONERA Y LA CIVIL CONDENA
Demostrada la falsedad de la denuncia, el progenitor inocente, falsamente acusado, carga de todos modos con una cruel condena: la de no poder recuperar el vínculo con sus hijos por una conjunción de causas que van desde el dogma de que “las mamás no mienten” hasta el incumplimiento de deberes de jueces y defensores de menores.
En el medio, está la falta de escrúpulos de abogados y psicólogos que alimentan el resentimiento de una persona hacia su ex pareja ofreciéndole una serie de opciones útiles para excluir al otro progenitor de la crianza del hijo. En el menú de denuncias: hostigamiento, violencia, amenazas, abuso sexual -la más grave-, etcétera.
En el estado actual de cosas, es muy fácil hacer una falsa denuncia, obtener la exclusión del otro progenitor y salir impune, porque la justicia no actúa de oficio pese a la flagrancia del perjurio y porque el progenitor demandado queda agotado de recorrer tribunales y teme agravar la situación, sin mencionar la falta de recursos. Esta impunidad se extiende a los abogados y psicólogos que asesoran a el o la denunciante.
“Mamá dice que no lo puedo ver porque me hizo algo malo”; “Mami, papá no es malo”; “Papá era bueno pero ahora es malo”; “Papá dice que mamá es mala porque lo quiere matar…” Son algunas muestras del discurso inoculado en los niños por padres en litigio.
El argumento de que las denuncias por alienación parental (exclusión de uno de los progenitores) buscan encubrir la pedofilia, exonerar a padres violentos y abusadores y que tienen un tinte misógino carecen de toda validez ya que también muchas mujeres son víctimas de estas maniobras. En el caso de la madre, la denuncia del ex suele ser por desorden mental o apunta a un familiar varón: el supuesto abusador del niño es un tío o un abuelo.
Tan temprano como en 2002, un estudio del Conicet, realizado por Marta Albarracín, especialista en abuso infantil, advertía (en Página 12), que de las denuncias por abuso sexual realizadas “durante el litigio post-divorcio, el 66 por ciento fueron falsas”.
“En los juzgados esperan a ver quién denuncia a quién para ver a quién excluyen, y listo. Ya hicieron su deber”, dice Juan Foster, separado de su hijo desde 2013.
“Lo más paradójico es que la justicia dice: Fulano no es culpable. Pero en el fuero civil estamos condenados. El fuero penal te exculpa, el civil te sigue castigando. La denuncia equivale a condena, puede llevar a 5 ó 6 años de alejamiento. Tenés que seguir pagando por un delito que no cometiste”, dice Adrián Alfaro, otro padre víctima de falsa denuncia -por amenazas- de su ex pareja, cuando su hija tenía 11 meses. La causa hoy está resuelta y él pudo sanar el vínculo con su hija. Una suerte que no todos tienen.
Alfaro es uno de los seis padres -4 varones, dos mujeres- y una abuela que se acercaron a la redacción de Infobae para contar el calvario que vivieron o viven aún en Tribunales. El infortunio común los ha unido y un año y medio atrás crearon la asociación civil Infancia Compartida; una unión que les permite atravesar mejor la prueba. “Nosotros somos personas con recursos materiales e intelectuales para soportar esto y defendernos. Pero hay muchos padres que no tienen esas posibilidades. Y el Defensor de Menores se lava las manos”, acusan.
Las denuncias en el juzgado de familia se pueden hacer sin prueba alguna y a las 24 horas ya se tiene la orden de alejamiento del progenitor denunciado. La perimetral es automática. Pero otros plazos no se cumplen. A las 72 horas debería haber la primera audiencia. “Reciben de 10 a 12 denuncias diarias -explica Foster- entonces hacen omisión del código de procedimientos. No tienen capacidad para esa cantidad de audiencias diarias. En 2008 había 170 causas y en 2019, 291.235, en la sola provincia de Buenos Aires”.
La justicia no obra con la dinámica necesaria. “No negamos esta clase de delitos -aclara Alfaro-. Abusos, violencia y violaciones son un hecho. Pero, en contexto de separaciones conflictivas, se encontró una nueva manera de salir con tres goles a favor”.
“En el divorcio conflictivo, el que pega primero, pega dos veces”, dicen.
La denuncia debería ser resuelta en un máximo de 60 días que nunca se cumple. Entretanto, le dan la guarda exclusiva a ese padre o madre que denuncia y el chico queda aislado y a merced de una persona que puede ser más dañina que el excluido. “El niño transcurre su infancia con la persona que hizo la denuncia. Nadie cuida qué se le dice: un cuidado que serviría tanto si sufre maltrato como si se trata de una manipulación”, dice Foster.
“Los jueces y defensores se defienden a sí mismos. Dejan que opere la denuncia. Le dan al denunciante un poder enorme”, dice Alfaro.
El mismo temor que disuade de denunciar al autor de la falsa acusación, también contiene a la hora de hacer público un caso. No hables en medios ni en redes, porque sólo vas a agravar la situación, es el mensaje. Ese elemento extorsivo prolonga la injusticia en el tiempo y genera daños difícilmente reparables.
Es por eso que, cuando un padre o madre apela a los medios es, como dijo Domenech, porque ya no tiene que perder. Lo más preciado ya lo perdió.
CASO FOSTER ABDUCH: 8 AÑOS DE TOTAL EXCLUSIÓN DE LA FAMILIA PATERNA
El caso Foster Abduch tiene todas las aristas de un fenómeno que se inscribe en el contexto de la gran inestabilidad del ámbito familiar, que pasó del matrimonio para (casi) toda la vida a la habitualidad del divorcio y de la familia ensamblada. “Los juzgados de familia no han logrado aggiornarse. Creció exponencialmente el número de casos y no hay capacidad para atenderlos”, dice, comprensivo, Juan Foster. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) recibe unas 11.000 denuncias por año solamente en Capital, por ejemplo. Así, en torno a una grave falla institucional se ha montado una nueva industria del juicio.
Pero el caso Foster Abduch tiene un ingrediente perverso adicional. La primera denunciada fue la abuela del niño (en adelante, J.), que por entonces tenía 4 años.
“Llega un policía a tu casa y te dice ‘usted no puede ver más a su nieto porque es una abusadora’. No entendés qué está pasando”, dice Rosario Abduch, recordando el duro comienzo de esta condena que ya tiene 8 años y la ha privado de ver crecer a su nieto.
La justicia en estos casos no sólo es lenta: es directamente irracional.
Sucintamente, la mamá de J presentó una denuncia por abuso contra la abuela paterna en septiembre de 2013, y 9 meses después, otra por abuso contra el padre del niño. En esos 9 meses entre la apertura de una y otra causa, Juan Foster no vio a su hijo: la madre inventó un encuentro que no existió para denunciar el abuso del niño por su padre. Ambas causas están sobreseídas con sentencia firme.
Como las pericias y estudios realizados ante la justicia probaron de inmediato que J. no había sido víctima de abuso, la madre apeló a una asociación “independiente” de protagonismo habitual en estos casos: Salud Activa, creada por el Centro de Investigación y Asistencia Psicosomática (CIAPSI). Independiente está entrecomillado porque la madre de J., de profesión psicóloga, había trabajado en Salud Activa hasta poco antes de presentar su denuncia.
Las pericias psicológicas realizadas a la progenitora en el ámbito judicial arrojaron como resultado que la mujer es “portadora de un trastorno de personalidad con componentes histérico-paranoides, identidad psicosexual perturbada severamente y una calidad materno filial distorsiva”, “indicios fehacientes de fabulación” y una “relación materno filial de escasa delimitación interpersonal, con proyecciones masivas en el niño”. Además, “el reporte volcado por la [madre] con respecto de la sintomatología observada en su hijo no se condice con la realidad psicofísica por la que atraviesa el niño”. Estas pericias datan de octubre de 2014.
El sobreseimiento se dicta, entre otras cosas, porque “se estableció” que el niño “no relató e incluso negó explícitamente haber atravesado una situación o vivencia abusiva […] de carácter sexual”. “A su vez, negó y dijo no acordarse de haberle comentado a su madre haber vivenciado eventualmente una experiencia que hubiese connotado como displacentera o inapropiada”, agrega la sentencia.
Desde entonces hasta ahora, el tribunal no sólo no ha hecho justicia sino que ha dejado al niño a merced de esa progenitora, autora impune de dos falsas denuncias consecutivas.
En los 8 largos años de inacción de los tribunales y de la defensoría de Menores, a cargo de Atilio Álvarez, J. ha sido víctima de la manipulación de su madre y de la desaparición -involuntaria y forzosa- de su padre. La única versión que tiene de los hechos es la que le da una persona a la que la misma justicia describe como de “personalidad perturbada”.
Cuando en 2016 la justicia exonera por completo a la familia paterna y “ordena” la revinculación, aparecen por un lado las consecuencias negativas de la exclusión de Juan Foster de la vida de J y por otro, nuevos actores de este drama, que no vienen a garantizar la reparación del daño causado sino a prolongarlo en el tiempo por inacción o falta de idoneidad.
La revinculación, que la justicia delega en terceros, es para éstos un acto burocrático. Preguntan al niño: “¿Querés ver a tu padre?”. “No, no quiero verlo”. Listo, fracasó la revinculación. Todo este proceso no es de un día para el otro. Lleva semanas, meses, y así pasan los años.
Juan Foster expresa el anhelo de que el Defensor de Menores -que debe velar por los derechos del niño judicializado en este caso- y el juzgado “se pongan las pilas y bajen una línea clara de trabajo a los profesionales intervinientes en la revinculación” que debería ser “brindarle a J. un proceso terapéutico de calidad que le permita reelaborar y reconstruir lo sucedido en los últimos años de su vida en función de la verdad”. Juan Foster prioriza eso incluso antes que la revinculación.
Cuando este conflicto familiar empezó, “yo pedí tener un encuentro con J. para por lo menos poder decirle que yo no lo abandoné, porque lo único que le quedó es lo que los otros adultos le dijeron: ‘Mamá dice que me cuidaban mal’, como respondió en un momento”.
“El Defensor de Menores contempla el alejamiento de la parte acusada, lo que abarca a todos los allegados a esa persona, pero no tiene en cuenta la manipulación del otro lado. No cuida los intereses del niño”, dice.
Rosario Abduch, la abuela, acusa: “El defensor de Menores no lo cuidó, no se preocupó por poner fin a esa situación, no lo defendió. En la Cámara Gesell y en los exámenes psicológicos, mi nieto claramente decía que no le había pasado nada. ‘Mamá dice…’ y ‘mamá no entiende’, fueron sus expresiones. ‘Mi abuela y mi papá no me hicieron nada’. Pero no fue escuchado. El Defensor no lo escuchó”.
La alienación parental opera a full. El niño asume el discurso de la madre y una versión errónea de su historia. Pasado un tiempo, llega incluso a “recordar” haber sido abusado…
La madre, entre tanto, sigue desplegando su estrategia de exclusión. El perfil obstructor no empieza ni termina con un fallo, dice Infancia Compartida. La madre de J. presenta una denuncia por violación de una perimetral que en 2019 ya no tiene razón de ser. ¿Motivo? La abuela del niño fue a la escuela para dejarle un regalo por su cumpleaños. En su escrito, la mujer dice que el niño es “revictimizado”, cuando ya la justicia probó que el pequeño no fue víctima de abuso ni de maltrato. En todo caso es víctima de haber sido privado de su padre y abuelos.
Foster, que es psicólogo, dice: “Los niños construyen su identidad en función de los vínculos. Mi hijo va a ser alguien que no debió ser. No se lo escuchó cuando él decía que yo era inocente, que me quería ver, y sí se lo escuchó cuando, luego de tres años de alejamiento, empezó a decir lo contrario”. “Se violan todos sus derechos porque se le roba su identidad -agrega-. Lo que él sabe, lo que le dicen, es que le pasó algo sexual con su familia paterna. Eso es totalmente falso, pero él sigue atrapado en esa mentira”.
LA ALIENACIÓN PARENTAL
Hay alienación parental “cuando un hijo rechaza sin razones justificadas a uno de los progenitores como consecuencia de acciones de descalificación, abiertas o encubiertas, promovidas por el otro, de mala o buena fe, destinadas precisamente a lograr ese rechazo”, escribe el ex juez y especialista en Derecho de Familia, Mauricio Luis Mizrahi, en “La alienación parental en las relaciones parento-filiales”.
“El padre alienante -dice Mizrahi- se embarca en un emprendimiento o cruzada [con] la finalidad de eliminar la presencia afectiva, psicológica y física de ese otro progenitor […] ….el hijo se hallará totalmente manipulado, seducido, captado y colonizado afectivamente. De ese modo, transformada su conciencia, se convertirá en un vocero y portavoz del progenitor excluyente”.
En las primeras entrevistas en Cámara Gesell, J. niega con toda naturalidad haber sufrido algún daño por parte de su padre. La madre había aprovechado una constipación del niño para llevarlo a la guardia y aducir que estaba lastimado por un abuso. Cuando los profesionales que lo atendieron fueron citados por la justicia dijeron que la única versión de que la lastimadura se debía a un abuso fue dada por la madre. En Cámara Gesell, el propio J habla de sus dificultades para ir al baño.
El 28 de Noviembre de 2013, dos meses después de la denuncia, se hace la primera Cámara Gesell. “Preguntado si alguna vez alguien lo lastimó, responde: ‘No, me lastimé con la caca’”. Y “preguntado si le dijo a su mamá que se lastima la cola cuando hace caca, responde: ‘Sí, pero no entiende’.”
El 10 de Marzo de 2014, cuando J lleva 5 meses sin ver a su padre, se le hace una entrevista psiquiátrica: “Mi mamá dice que no lo puedo ver porque (mi papá) me hizo algo malo”. Le preguntan ¿qué te hizo?. Responde: Nada me hizo. El informe agrega: “Responde afirmativamente al preguntarle ‘si tiene ganas de verlo’ y al preguntarle lo mismo en torno a ‘tu abuela Rochi’ dice el niño: ‘También’”.
Nueve meses después de ser totalmente separado de su padre, el 1° de julio del 2014, en una segunda Cámara Gesell, le vuelven a preguntar si le había “sucedido algo feo que no le gustara” y responde “no”. Además “se le pregunta si alguna persona grande le habría hecho algo feo en su cuerpo”. También responde “no”. Y ante la pregunta de si quiere ver a su padre, “el niño afirma: ‘sí’”.
El 18 de Julio del 2014, se le hace una nueva entrevista psicodiagnóstica y aquí notan los especialistas que “el niño no realiza un relato espontáneo”. Responde “no sé” o “no me acuerdo”.
A las siguientes entrevistas fijadas para los días 25 y 30 de julio y 1° de agosto, la madre de J avisa que no podrá asistir. El informe concluye que J “no realiza un relato compatible con victimización sexual”.
La misma madre que no lo lleva a las citas con los peritos del juzgado, somete a J a una pericia privada en Salud Activa. La manipulación es flagrante y queda registrada en los videos que graba la propia ong, en los que exponen cómo intentan inducir al niño a decir lo que la madre quería. Se da incluso una situación desopilante, cuando la psicóloga, licenciada Di Florio, le dice: “¿Sabés que hay personas que parecen buenas pero en realidad son malas?” Y como J no tenía en su propia historia a alguien así, responde: “Sí, Macri”.
Aun así, las conclusiones de Di Florio son que J. “habría sido víctima de abuso sexual en el ámbito de la casa paterna y abuela paterna”; cita “manoseos en las zonas genitales y/o prácticas masturbatorias, así como también quizás de posible intento de penetración en la zona anal”. El video de su entrevista no respalda el informe, en cambio expone el intento de adoctrinamiento de J por la profesional que evoca la existencia de figuras oscuras y personas que parecen buenas pero son malas y hacen “cosas feas”.
El niño dibuja un monstruo y desea que sea “feliz”. Se está refiriendo al personaje de un programa infantil (Monster High), pero de inmediato Di Florio le replica que los monstruos son malos y hacen “cosas feas”.
Un nuevo psicólogo, licenciado Koncurat, elabora un informe en el que detalla situaciones de abuso de gran perversión, que no tienen el menor sustento en las charlas espontáneas de J. En abril de ese año la justicia ya había establecido la no existencia de abuso alguno pero el informe de Koncurat inventa un encuentro con su padre, el 10 de junio de 2014, en el que J. fue abusado…
No contento con ello, el 27 de agosto de 2015, Koncurat presenta una ampliación de su informe en el que alude a un encuentro furtivo de J con su padre, que afecta notablemente la salud psíquica del niño. Foster demuestra que el día del supuesto encuentro -17 de julio de 2015- lo pasó lejos de allí en otras actividades.
“La posibilidad de presentar cualquier tipo de información en favor de crear una determinada idea, pero sin ningún asidero a la realidad, no debe quedar impune”, dice Foster. “La estrategia de mi ex pareja y de Salud Activa consiste en inventar un hecho inexistente para iniciar una causa penal; luego boicotear la investigación ausentándose ella y mi hijo de las citas judiciales y presentar en cambio pericias realizadas sin supervisión en un ámbito privado”.
Un modus operandi que tampoco debiera quedar impune.
Una Junta Médica de peritos del Cuerpo Medico Forense ratificó, el 30 de marzo de 2016, que J. no había sido víctima de abuso sexual. Esto determina un definitivo sobreseimiento de Juan Foster, el 16 de mayo de 2016, en el cual se detalla el accionar como mínimo “desprolijo” de la denunciante y las “inconsistencias” de Di Florio y Koncurat.
El 15 de mayo de 2017, la jueza ordena “la inmediata suspensión del tratamiento terapéutico” del niño por parte de Koncurat, en razón de sus graves fallas profesionales y éticas.
En Abril del 2017, se inicia el proceso de revinculación, en el Hospital Hugo Rosarios, donde J dice por primera vez que no quiere ver al padre. Los motivos que da son los mismos que en las anteriores pericias atribuía a su madre. De “mamá dice que me hizo algo malo” a “no quiero verlo”.
“El hijo es objeto de una instrumentación perversa”, dice Mizrahi en el trabajo antes citado. El caso Foster Abduch cuadra perfectamente en su descripción: “La labor de exclusión culmina, cuando la alienación parental es grave, en un vaciamiento del linaje del niño… (…) … el niño estará instalado en una dependencia estructural exagerada y patológica con [el padre alienante], quedando a su merced. (…) …sufrirá un daño en su estructura yoica y en su identidad. Es que se le introducen ideas que responden a los objetivos del progenitor manipulador u obstructor¨.
“Hoy J tiene que construirse y crecer con el estigma de ser un niño abusado, cuando no lo fue”, dice Foster.
Las dos instituciones por las cuales pasó el caso con fines de revinculación fracasaron en la tarea. “Escuchar al niño y respetar sus tiempos. Es la moda. Es lo más cómodo para ellos -dice el padre- Culpan al niño. Les llega un chico con la cabeza quemada por la madre y que le dice a un profesional que no participó del caso, que no sabe nada de la historia previa, que no quiere ver al padre, y ahí termina la cosa”.
Como atinadamente señala Mizrahi en el texto citado, la opinión del niño debe ser tenida en cuenta en ciertos contextos pero no es ley: “Un niño podrá opinar o decidir libremente en temas relativos a deportes, relaciones sociales, amistades”, entre otras cosas, pero no puede decidir si ir o no a la escuela, tomar sus remedios o ir al médico. Y en cuanto a la revinculación, señala: “En su afán por cortar el contacto del hijo con el otro progenitor, es muy posible que (la otra parte) entienda que, mientras no se desarrolle una terapia eficaz, la revinculación no se producirá; que es precisamente su objetivo, por lo que seguramente desplegará todos sus esfuerzos para lograr que se frustre el tratamiento sugerido”.
Aun sabiendo todo eso, las autoridades no actúan y dejan que se perpetúe la injusticia. En 3 años sin verlos, a J le borraron la memoria de su padre y de sus abuelos. Y asumió el discurso de su madre.
DOLOR COMPARTIDO
“Mis dos hijos fueron sustraídos y retenidos ilegalmente por la madre, de nacionalidad extranjera –dice M., cuyo caso es kafkiano y todavía está en vías de resolución-. El juzgado de familia ordenó la inmediata restitución a su centro de vida, es decir la casa en la cual nacieron y vivieron la mayor parte de sus vidas. Pero a los 8 meses, en la primera audiencia por la restitución, vía zoom, me entero de que tenía una denuncia de abuso. Antes me había presentado una demanda de divorcio que sí me fue notificada en la cual pedía la tenencia compartida. O sea, denunciaba por abuso a la persona con la cual quería compartir la tenencia”.
A la denuncia en sí, la distancia -la madre se llevó a los niños a Europa poniendo un océano de por medio-, la pandemia y las restricciones para viajar, se sumaban las traducciones y los trámites interminables vía Cancillería. Aun así, M. logró la restitución de los niños un año y medio después: tuvo que viajar al país de origen de su mujer, instalarse allí varios meses, atravesar un proceso judicial que demostró la inexistencia de delito y luego esperar a conseguir vuelo para repatriarse con sus hijos.
A diferencia de lo que hizo su ex esposa, él no le impidió a ella el contacto. La nena, de 3 años, le dijo por teléfono: “Mamá, papá no es malo”, dejando en evidencia la manipulación.
Pero apenas regresó a Argentina, en agosto del año pasado, su ex lo siguió y lo volvió a denunciar, esta vez ante la justicia argentina y por la misma causa. Lo insólito quizás no sea tanto la conducta de la mujer, sino que la justicia argentina, sin el menor recaudo ni consideración de los antecedentes del caso, de inmediato dictó otra perimetral y a M. le volvieron a quitar los niños. “El mismo tribunal que había ordenado la restitución de mis hijos cuando la madre se los llevó, ahora me los sacó”, dice M.
“Toda mi lucha por la recuperación insumió más de un año y medio. Tirarla abajo, le llevó a ella 3 días”, dice este padre que está siendo juzgado de nuevo por la misma causa, solo que en otro país. ¿El sobreseimiento en Europa no sirve? “Sí, tiene valor probatorio, pero no les sirve en digital, necesitan en papel toda la causa”, responde, sin poder contener las lágrimas por el dolor y la impotencia.
El denominador común de las falsas denuncias de abuso es la vaguedad. Se toman elementos de la vida cotidiana y les dan un enfoque perverso: “Papá me llevaba al baño y me bajaba los pantalones”… “Sí, ¡para que haga pis!”, replica Sebastián A., un padre excluido de sus 4 hijos por su ex, que además se mudó al interior, para poner mayor distancia. “La voz del menor no les interesa en lo más mínimo… hasta que dice algo en contra del denunciado”.
Sebastián se instala tres meses en la provincia donde están sus hijos. No logra verlos. La primera audiencia se hace recién 6 meses después de la denuncia. “La madre y la abuela de mis hijos son psicólogas infantiles. Convierten situaciones de la vida diaria en perversiones. Le tengo que hacer una pregunta: ‘¿usted le hacía caballito?’ Cosas habituales en la vida de los chicos se vuelven delito”.
En el caso aparecen informes de la licenciada Cristina Bosenberg -de intervención habitual en estos expedientes- que los entrevista por zoom y en varias partes dice: “la madre refiere…”, “la abuela cuenta…”, relata Sebastián.
La causa está archivada, pero la revinculación es cuesta arriba. En diciembre pasado ve a sus hijos por primera vez pero solo a los más pequeños. Uno de ellos dice: “Papá era bueno pero ahora es malo y se llama Sebastián”.
“Esta es una lucha contra redes que funcionan para conseguir un resultado determinado -dice Alfaro-. Cualquier medio vale para conseguir el fin: la exclusión de un progenitor. Una denuncia puede significar 5 años de proceso. En ese tiempo le hacen la cabeza al chico. Es una alienación que luego impide la revinculación”.
La letra de la Ley de los Derechos del Niño es perfecta, dicen, la normativa es hermosa pero el Estado no previó las herramientas para cumplirla. Y esto genera situaciones surrealistas.
Un ejemplo es el de Macarena Orsini, a quien su ex excluyó de la vida de sus dos hijos, dos varones, de 10 y de 8 años. El mayor es fruto de un matrimonio anterior. “El progenitor del menor se apropió de los dos -explica-. Mi hijo mayor había adoptado como padre a mi segundo marido. Cuando me separo, acordamos un régimen de visita para ambos niños.
“En enero de 2021, no los devuelve luego de un fin de semana. El miércoles me llega la denuncia: me acusa de tener tendencia suicida. Me vienen a buscar con una ambulancia del SAME y un patrullero y me llevan al Hospital Rivadavia. La restricción es respecto de él, no de los niños. La misma orden de restricción ordenaba la revinculación con mis hijos. Era junio, pero recién logro verlos en septiembre. Cuando venía el segundo encuentro, me dicen que ellos no me quieren ver, que yo era mala porque había dicho que quería matar al padre….”
Sigue un constante ir y venir de acusaciones delirantes y trabas al contacto. Su ex la acusa de hacer comer a los niños en el piso, encerrarlos y crueldades por el estilo. La nueva pareja de él llama a la abogada para pedir que Macarena no estacione en la puerta de la casa donde retira a los niños.
Pero cuando una pericia determina que los niños tenían un “discurso apropiado”, inoculado por adultos, y un conflicto de lealtades, la justicia convoca a una audiencia y determina que ella puede ver a los niños 4 horas por semana. La jueza conmina al padre obstructor: “Tiene una semana para decirle a los chicos que la madre no es mala”.
“Cuando los vuelvo a ver son mis hijos de nuevo…”, dice Macarena con la cara iluminada. Prueba del poder que tiene un adulto sobre un niño, basado en el afecto incondicional del menor del que un padre consciente no debería aprovecharse.
“Yo podría recuperar la guarda plena del mayor -dice la madre- pero no los quiero separar porque son muy unidos”.
“La madre real sacrifica su amor por el bien del niño”, acota Alfaro, y la imagen es la del rey Salomón, cuando determina que la verdadera madre del niño es aquella que renuncia a él para salvarle la vida.
Evangelina S. es madre de un niño de 4 años que hace 14 meses que no ve. “En noviembre de 2020 la abuela paterna denuncia por abuso a mi padre y a mi hermano, y a mi madre por cómplice. Las pericias son negativas. El niño solo tiene problemas gastrointestinales”.
Cada vez que iba a ver a su hijo, la familia paterna le ponía una ristra de condiciones: no llorar, no tocarlo ni llevarle nada. “Un día el nene se cayó, se golpeó y no me dejaron alzarlo”. Cuando yo iba a verlo, la abuela le decía: “Ahí vino mamá” y un día mi hijo dijo: “Ahí vino la puta…”
En diciembre, la ex suegra la denuncia por violencia familiar. “Me dictan una perimetral y con la pandemia, las perimetrales se extendían automáticamente”. Nuevamente aparece Salud Activa, para supervisar la revinculación. “El que va a decidir si te vas a revincular es tu hijo”, le dicen. Una psicóloga me cita y me dice que había hablado con la licenciada (Cristina) Bosenberg que dijo que mi nene después que le hablaron de mí tuvo un retroceso en el habla así que no te vamos a revincular. Me cobraron 9000$ por el informe. La pediatra notó que mi hijo no estaba hablando correctamente, pero eso había empezado en septiembre”.
Lo notable es cómo se repiten los argumentos: según el padre, el chico contó que la madre lo encerraba, que le rompía la ropa… Reiteraciones que confirman el modus operandi inducido por abogados y psicólogos.
“Yo sigo sin ver a mi hijo, aunque no estoy denunciada -dice Evangelina-. Y un año después, la jueza Urbanic de Baxter decide darle la tenencia unilateral al padre, sin que medie ninguna causa y sin que el equipo técnico del juzgado haya visto a mi hijo. Se basaron en informes de una perito de parte puesta por mi ex esposo”.
“Hablan de proteger al niño, de no violentarlo, pero el impedimento de contacto con uno de sus progenitores es uno de los mayores actos de violencia que puede haber. Y te piden que seas zen…”, dice Alfaro.
“Ellos son adultos con psiquismo formado, pero en un niño esto tiene enormes consecuencias”, agrega Foster.
“El amor es lo que nos da el combustible para luchar. Nos inmolamos, porque esto nos cuesta la vida”, dice Alfaro.
A él, su ex lo denunció por amenazas. “La causa por violencia se cayó enseguida. El régimen provisorio de visitas que me fijaron duró dos años. Un día por semana y un domingo de por medio. Lo deciden en abril y recién la notifican en diciembre. Además está la condena social. Los padres de los otros niños del jardín me excluyeron del chat. Fueron 5 años de tortura. Se me rectificó la cervical. La jueza me otorgó finalmente un régimen amplio. Cuando iba a buscar mi hija, mi ex bajaba llorando con la nena abrazada. Tuve que llevármela como un monstruo”.
“Tiene que haber castigo para el que hace una denuncia falsa”, afirman desde Infancia Compartida. El paso del tiempo le genera al niño las mismas consecuencias que si el abuso hubiese existido. Entre las 3 principales causas de suicido está el abuso infantil, recuerda Foster.
“Ahora J. tiene 12 años -dice- No quiero que siga con esa mochila de creer que yo fui un padre abusador, que su familia paterna le hizo cosas malas. Aunque no me quiera ver, es justo que sepa la verdad”.
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