Dos soldados muertos dejó un ataque con explosivos en zona rural de Anorí, Antioquia

Desactivación de artefactos explosivos por el Ejército. Foto: Ejército Naciona lde Colombia.
Autoridades se encuentran adelantando acciones para esclarecer lo sucedido en el municipio

Foto: archivo

En la mañana de este domingo 13 de agosto se informó del ataque del que fueron víctimas soldados en zona rural del municipio de Anorí, en Antioquia. Mientras se encontraban haciendo sus labores de vigilancia, fueron sorprendidos con un artefacto explosivo improvisado.

Para el momento, las autoridades, tal y como lo reportaron fuentes militares del departamento antioqueño a la prensa nacional, se encuentran atendiendo la situación y tratando de esclarecer si más personas resultaron heridas, entre civiles y uniformados. Así mismo, se busca conocer el tipo de explosivo que se utilizó y los culpables de su detonación.

Mientras se conoce más información sobre este hecho violento, en horas recientes se supo de dos atentados ocurridos en el departamento del Cauca. Uno de ellos, el primero, ocurrió en Timba, en el municipio de Buenos Aires. Allí, según el reporte de las autoridades, estalló un carro bomba. La detonación dejó como consecuencia el fallecimiento de José Carmelo García Gómez, uniformado adscrito a la Unidad Básica de Carabineros del Departamento de Policía.

El hombre murió a causa de las graves heridas que le produjo la explosión en la zona de su tórax. “La Fuerza Pública no cederá. Ratificamos recompensa de hasta $200 millones para dar con el paradero de alias Marlon Vásquez, jefe de disidencias Farc; ‘El Paisa’ y ‘Martín’”, comentó el Ministerio de Defensa sobre los hechos desde su perfil de Twitter.

Según esa cartera gubernamental, este acto fue cometido por parte del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc “para presionar un cese al fuego y escapar de la presión que viene haciendo la Fuerza Pública contra esta organización criminal”.

“Acompañamos de corazón a la familia de nuestro subintendente Carmelo José García, víctima del atentado terrorista con carro bomba contra la subestación del corregimiento de Timba, en Buenos Aires, Cauca, con el inquebrantable compromiso de dar con el paradero de los asesinos”, redactó, por su parte, el general William René Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional.

Policía antiexplosivos Colombia
Autoridades se encuentran adelantando acciones para esclarecer lo sucedido en el municipio

Foto: Policía Nacional

“Los delincuentes recurren al terrorismo como acto desesperado, en retaliación a los contundentes golpes que les hemos propinado en sus escondites más recónditos, en especial contra sus cabecillas. Seguiremos a la ofensiva. No hay refugio seguro para los criminales”, añadió el uniformado.

Alias ‘Marlon Vásquez’, jefe del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias, al igual que ‘El Paisa’ y ‘Martín’, están notificados: no descansaremos hasta dar con su paradero. Recompensa de hasta $200 millones. Con nuestras capacidades y el apoyo ciudadano los encontraremos”, concluyó.

El segundo atentado se dio en el corregimiento de El Carmelo, en Cajibío. Allí, dicen las autoridades, estallaron dos cilindros bomba. Los dos artefactos explotaron cerca de una estación de Policía. Este hecho no dejó personas heridas o fallecidas. El sábado 12 de agosto, por el otro lado, un grupo de policías fue atacado con una granada de fragmentación en la vereda La Estación, de Morales.

Este hecho, que además estuvo acompañado de disparos en contra de los uniformados, cobró la vida del subintendente Michael Luis León Ajá y los patrulleros Eimy Marllely Rodríguez Gamboa y José Laureano Orozco Bedoya. Este acto fue reconocido en su ejecución por parte del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que pertenece al Estado Mayor Central.

Según las autoridades, este último ataque sería consecuencia de un plan pistola que inició a principios del mes de agosto por orden del Estado Mayor Central, estructura al mando de alias Iván Mordisco.

En un comunicado repartido se advertía que se daría un pago de cuatro millones de pesos por la muerte de policías y por el robo de sus armamentos. Las razones para esa ‘recompensa’ sería “una represalia a las actividades operacionales en sus zonas de presencia”.


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