Con 199 votos a favor, 3 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca erradicar a los barrabravas aumentando las penas para los delitos cometidos en estadios de fútbol o en sus inmediaciones. Ahora, la iniciativa será discutida por el Senado para su aprobación final, aunque no será en este período de sesiones extraordinarias ya que la Cámara alta postergó el debate para marzo junto al de financiamiento político.
Luego de varios días de negociación -se iba a votar el 6 de diciembre pero había disidencias hasta dentro de Cambiemos sobre el texto original, impulsado por el Ministerio de Seguridad- los bloques llegaron a un acuerdo en el dictamen de mayoría y la norma se aprobó en general. Sin embargo, la oposición intentará introducir cambios en la discusión artículo por artículo.
En el comienzo del debate, la presidente de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, expresó que esta ley “no va destinada a los violentos” únicamente, sino que incluyó a “la sociedad en general que quiere disfrutar de un partido de fútbol sanamente y sin violencia”.
Asimismo, destacó que el partido entre Boca y River en Madrid -la suspensión en el Monumental motivó que el Gobierno impulsara este proyecto- se realizó “sin ningún hecho de violencia, sin ninguna valla, sin ningún alambre” y admitió: “Eso es lo que aspiramos que ocurra aquí en Argentina”.
La diputada de Cambiemos defendió que haya contravenciones que se eleven a delitos y la introducción de nuevos tipos penales como la falsificación de entradas: “Consideramos que el daño que se produce es gravoso”. También bregó a favor de la figura del arrepentido.
Por el Frente para la Victoria, fue Daniel Scioli, presidente de la comisión de Deportes, quien elogió la iniciativa, pero pidió que se corrijan ciertos artículos con pedidos de su bancada: “Tenemos diferencias sobre cómo lograr la erradicación de la violencia. El oficialismo apunta a aumentar las penas a los delitos cometidos en un partido de fútbol. Creemos que el dictamen de mayoría no ataca los problemas más graves que se encuentran detrás. Es insuficiente para abordar de manera integral esta problemática”.
Al respecto, ejemplificó: “¿De qué sirve enviar a los trapitos de un mes a cuatro años a la cárcel, mientras que quienes los financian y organizan van a seguir en libertad?”.
Sobre esto, pidió “delimitar de manera correcta el derecho de admisión, que los clubes priven de la condición de socios y abonados a aquellos individuos que entren en la base de datos de antecedentes y que los clubes readaptan su infraestructura para prevenir los hechos de violencia”.
Por la Izquierda, Romina Del Plá sostuvo: “Nada de lo que acá discuten basta para desarmar las redes mafiosas que se han estructurado en torno al negocio capitalista del fútbol y las barrabravas”.
Y advirtió: “Las barras cuentan con el amparo de los poderes del Estado y de la connivencia absoluta por parte de las fuerzas represivas”.
La iniciativa ya había recibido varias modificaciones en su paso por un plenario de las comisiones, que incluyeron la disminución de algunas penas, para que estén en sintonía con el anteproyecto de Código Penal que el Gobierno enviará en marzo próximo al Congreso.
De acuerdo a los cambios, la ley establece prisión de 2 a 6 años a aquellos que en un espectáculo futbolístico porten armas blancas u objetos cortantes, contempla la figura del arrepentido para este tipo de delitos y establece además prisión de 2 a 6 años a los dirigentes de fútbol que cometan actos de enriquecimiento ilícito, así como su inhabilitación absoluta perpetua.
Fija, asimismo, prisión de 1 a 4 años para quien altere el normal desarrollo de un partido y si, en el hecho intervienen dos o mas personas, la pena será de 2 a 6 años de cárcel. Además, se castigará con prisión de 1 a 3 años la venta ilegal de entradas.
FOTOS: Patricio Murphy
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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