El comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, anunció que diez militares que están comprometidos con las intimidaciones a los habitantes de Tierralta, Córdoba, ya fueron separados de sus cargos.
“Son diez los militares comprometidos, quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que se ha podido identificar”, dijo el oficial.
De esta manera, los presuntos responsables de las intimidaciones a los pobladores de la vereda de El Manso no podrán volver a portar sus armas, mientras que los mandos de la unidad no podrán volver a ejercer actividades de liderazgo dentro de las fuerzas armadas colombianas.
Por lo pronto, según manifestó el general Ospina, la investigación disciplinaria por las conductas de los uniformados será investigada por la Procuraduría General de la Nación, mientras que la Justicia Penal Militar se encargará de la investigación penal por los delitos de abuso de autoridad especial en averiguación de responsables.
“En igual sentido, y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que, según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación”, agregó el comandante del Ejército.
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