En las últimas horas la ONG Human Rights Watch publicó una petición que hizo a la Corte Constitucional para que el caso en el que hombres del ejército asesinaron a 11 personas en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, sea atendido por la justicia penal ordinaria.
Según informó la organización de derechos humanos, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, no habló con la verdad sobre los operativos e intentó ocultar las acciones de las Fuerzas Militares, afirmando que todos los cuerpos correspondían a miembros del Comando de Frontera, un grupo ilegal de la zona.
“Dijo que las personas que murieron eran “criminales” y “miembros” de Comandos de la Frontera. Dos de las once personas asesinadas tenían antecedentes penales que no están relacionados con su supuesta pertenencia a Comandos de la Frontera”, señala la ONG en un comunicado.
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