Poco después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de Justicia que autorizó a la Fiscalía a analizar sus teléfonos y equipos electrónicos secuestrados, Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario en la causa por la muerte de fiscal Alberto Nisman, sostuvo que “era cantado que iba a ocurrir” esto y aseguró que “cuando vayan a buscar algo” en esos aparatos, los peritos “no van a encontrar nada” que pueda incriminarlo.
Apesadumbrado por la decisión del máximo tribunal de rechazar el recurso de queja que presentó su defensa para que solamente el juez del caso, Julián Ercolini, tuviera acceso a esa información, el perito informático brindó una entrevista online en un espacio de Twitter (Twitter Spaces) organizado por los usuarios @CheMadorni, @La_Pistarini @Mileinnials @StarkDSC y @evasanztoro, entre otros.
“La verdad, lo que pasó hoy era cantado que iba a ocurrir. Yo no me niego a que vean mi celular. De hecho, yo a ese celular lo entregué en noviembre 2017, dos años y medio después de la muerte de Alberto. Entregué mi celular y su código de acceso. Yo lo que pido es que se cumpla con el el artículo 254 del Código Procesal Penal, que dice que ante un allanamiento, el juez es el que debe decidir qué información se perita y qué no, simplemente eso”, explicó Lagomarsino.
El empleado del fallecido fiscal de la causa AMIA, quien le prestó el arma de donde salió el disparo que terminó con su vida, había presentado un recurso ante la Corte Suprema para impedir que el fiscal Eduardo Taiano pudiera analizar sus aparatos electrónicos, como lo había autorizado Ercolini.
“El celular (involucrado en la investigación) es comprado en 2016, me lo trajo mi mujer de Chile. O sea, cuando vayan a buscar algo de esa época (2015, cuando hallaron muerto a Nisman), no van a encontrar nada porque es un teléfono nuevo, lo compré después de que me secuestraran el que tenía antes. Ese era el original, el que yo tenía, con el que chateaba y todo con él”, resaltó.
Por otra parte, el acusado volvió a defenderse y señaló que “la gendarmería puso que fue un homicidio por una mancha de sangre que estaba arriba de la mesada”, pero consideró que esa no es prueba suficiente para determinar que se haya tratado de un asesinato, por lo que opinó que los gendarmes que firmaron esa acta “van a ir presos y lo saben”.
“Es muy importante ir a las pericias, porque son las que nos dicen qué fue lo que pasó. Yo garantizo qué fue lo que pasó hasta las 20.30 del sábado, lo que pasó después lo tienen que decir los peritos. Yo garantizo lo que pasó hasta las 20.30, lo juro por mis dos hijos y lo voy a jurar siempre, hasta que un día estemos todos muertos y Dios diga ‘Diego tenía razón’, pero para ese momento ya va a ser tarde”, agregó.
Con su último fallo, el máximo tribunal del país dejó firme la resolución del juez Ercolini, que en diciembre de 2019 dispuso que el fiscal Taiano tenga a su cargo la tarea de seleccionar, analizar e incorporar los elementos de prueba que pudieran hallarse en los aparatos y/o dispositivos electrónicos secuestrados en la investigación. La decisión ya había sido avalada por la Cámara Federal y la Sala IV de la Cámara de Casación Federal.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, se trataba de una notebook y un teléfono de Lagomarsino, junto a un dispositivo de su hijo. También se secuestraron computadoras de sus padres, en el marco de otro allanamiento. La defensa resaltaba que esos procedimientos se habían hecho dos años después de la muerte de Nisman y que además la fiscalía iba a tener acceso a los mensajes del perito informático y su defensa. Por eso pedían que fuera el juez el que seleccionara la información.
Aunque en rigor la medida podría haberse llevado adelante, porque las apelaciones no tenían efecto suspensivo, la fiscalía de Taiano, que tiene en sus manos delegada la investigación, decidió esperar la confirmación de la resolución.
Ahora, la Corte Suprema entendió que había que desestimar la presentación de Lagomarsino por considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. El fallo fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horario Rosatti, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti. En la misma resolución también se intimó a hacer efectivo el depósito para llegar a la instancia del máximo tribunal, “bajo apercibimiento de ejecución”.
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