La pandemia de la covid-19 dejó al descubierto un problema de salud pública del que antes no se hablaba y al que no se le prestaba la atención necesaria: las enfermedades mentales.
En Bogotá, una ciudad con más de ocho millones de habitantes, muchas personas empezaron a padecer alguna condición de este tipo que deteriora su salud, en especial, después de la crisis económica que dejó el encierro y las restricciones de hace dos años.
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IPS hizo una grave denuncia
Según conoció Infobae Colombia, la IPS NP Medical, respondiendo al aumento en la demanda de camas para el cuidado de personas con algún problema de salud mental, en los últimos años y después de los estragos por el coronavirus, fortaleció sus servicios. Esta, alega por una millonaria deuda que no le ha cancelado Famisar.
La Institución Prestadora de Salud reveló que está al borde de la quiebra por el impago de 2.597 millones de pesos por parte de la EPS, lo que perjudicaría a 171 pacientes que están internados en sus centros médicos, de los cuales 24 son de Famisanar; así como a más de 1.000 que asisten periódicamente a controles y consultas, incluyendo 200 que también son la EPS en cuestión.
“Esta situación nos está agobiando: no podemos interrumpir la prestación de servicios esenciales a nuestros pacientes, pero tampoco tenemos los recursos para comprar los insumos que necesitamos para atenderlos y todo es debido a esta deuda”, aseguró Jenny del Pilar Marroquín, gerente de NP Medical IPS S.A.S.
Asimismo, confirmó que, aunque han adelantado procesos para que Famisanar subsane el enorme saldo que tiene con la IPS, estos han sido infructuosos.
“Desde octubre de 2022 los aportes que han hecho han sido irrisorios y no alcanzan a cubrir la deuda que tienen con nosotros, por el contrario, el saldo en mora sigue aumentando, porque tenemos el deber de atender a sus pacientes que están internados en nuestros centros o que tienen periódicamente control con nuestros profesionales”, añadió.
Los pacientes que están en riesgo de quedar sin atención son personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas, ansiedad, depresión, demencia, entre otras patologías.
La IPS aclaró que, en promedio, atender a un paciente con problemas de salud mental cuesta más de siete millones de pesos mensuales y que en el caso de un menor de edad el precio puede ascender a doce millones de pesos al mes.
“El problema es que, si NP Medical llega a cerrar, en el mejor de los casos sus pacientes tendrían que ser acogidos por los hospitales de la red distrital, sobrecargando el sistema; en el peor de los casos, quedarían en la calle sin atención, convirtiéndose en un peligro para ellos mismos y para la sociedad”, agregó la gerente Marroquín.
En el mismo sentido, mostró preocupación por la no atención que tendrían varios menores de edad que ellos tienen a cargo.
“Aquí está en juego la salud de varios menores de edad, incluso, algunos de ellos no superan los siete años, por lo que debemos prestarle especial atención”, concluyó.
Este caso ya se encuentra en manos de las autoridades y entes de control competentes como Personería, Defensoría y Procuraduría, pero dicen los afectados, que avanza lentamente, lo que los tiene ad portas de la quiebra y el cierre de sus puertas.
Si la EPS Famisanar no cancela lo pendiente, no solo serían los pacientes los afectados, sino también más de 200 empleados, entre profesionales de la salud, cocineros, personal administrativo y de servicios generales, que se quedarían sin trabajo y entrada económica para sostener a sus familias y solventar sus necesidades.
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