Este domingo 4 de abril se conoció la decisión de la Arquidiócesis de Villavicencio de suspender a un grupo importante de sacerdotes por, supuestamente, estar involucrados en una gigantesca red de abuso sexual y explotación infantil.
Esta investigación, que reveló El Tiempo, se inició gracias a la denuncia presentada por un ciudadano el 14 de febrero de este año.
Debido a la gravedad de los hechos, el monseñor Óscar Urbina, arzobispo de la Diócesis de Villavicencio, tras una investigación preliminar, tomó la decisión el pasado viernes 2 de abril de suspender a los involucrados y remitir el caso a la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano, quien seguirá con las indagaciones.
La Arquidiócesis de Villavicencio publicó un comunicado en el que señala que en “virtud de su responsabilidad humana y social, y fiel a nuestro Señor Jesucristo, siguiendo los lineamientos dados por el Papa Francisco y la Conferencia Episcopal Colombiana de tolerancia cero con los abusos sexuales de parte de clérigos”.
De acuerdo con el diario, Monseñor Urbina tomó la decisión de no pronunciarse al respecto luego de que le consultaran sobre los sacerdotes, pero el documento publicado de manera oficial dice que la iglesia “siente un profundo dolor por esta situación”.
Dice además el texto que a las víctimas se les ofreció acompañamiento psico-espiritual y expresan profundo dolor y solidaridad.
De tiempo atrás, hemos emprendido iniciativas de trabajo y formación para la erradicación del terrible mal de los abusos dentro y fuera de nuestra institución. Invitamos para que se den a conocer situaciones en donde alguno de nuestros miembros eventualmente haya traicionado su vocación de servicio y entrega al Señor y a la comunidad.
Este escabroso caso también está siendo investigado por la Fiscalía, que se puso a disposición de la Arquidiócesis de Villavicencio para colaborar con la iglesia para esclarecer lo ocurrido.
En 2020 se abrieron casi 13.000 procesos por violencia sexual a menores
En 2020 se abrieron casi 13.000 procesos por violencia sexual a menores , según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Además dice que en Colombia se presentaron, durante 2020, más de 24.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a niñas, niños y adolescentes, de los cuales 12.724 fueron por violencia sexual.
Para la directora general de la institución, Lina Arbeláez, “situaciones como estas que estremecen al país, no solamente vulneran las individualidades de la niñez y adolescencia, sino que también quiebran sus sueños y sus proyectos de vida con lo cual se está dañando a una sociedad entera. La protección de la niñez es una garantía para el desarrollo de nuestro país”.
Por ese motivo, recordó que actualmente se está trabajando en el desarrollo de una estrategia de prevención frente a este tipo de hechos, con la que se busca entregar a las familias colombianas herramientas de crianza positiva y amorosa a través del juego y generar entornos protectores y saludables para los menores de edad.
Si bien no entró en detalle, la funcionaria recordó que el plan hace parte de un esfuerzo conjunto con la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y la consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado, con quienes se trabaja activamente para impactar a los 32 departamentos del país.
De igual forma, la directora del ICBF recordó que así como existen los planes de prevención, también hay importantes “herramientas jurídicas y leyes como la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas, y la imprescriptibilidad de la pena a quien se atreva a poner un solo dedo para ultrajar la dignidad física y sexual de la niñez colombiana”.
Vale recordar que, según datos de Medicina Legal de 2019, solo en ese año se practicaron 8.336 exámenes a menores de entre 6 y 11 años por presunta violencia sexual. De estos 6.840 fueron practicados a niñas y 1.496 a niños; 1184 fueron practicados a pequeños de contextos rurales y 7.121 de contexto urbano; 68 fueron menores con algún tipo de discapacidad y 298 de comunidades afrocolombianas.
Cifras preocupantes si se tiene en cuenta que, según Arbeláez, casi la totalidad de casos que registra el ICBF siguen sin ser resueltos. De hecho, un estudio de la Procuraduría General de la Nación publicado por Revista Semana, detalla que entre enero de 2017 y agosto de 2018, se encontró que el 90 por ciento (65.430) de los delitos sexuales estaban en fase de indagación; solo el 1,2 por ciento en ejecución de penas; 5,7 por ciento en juicio y 2,5 por ciento en investigación. En otras palabras, 98,2 por ciento de estos permanecían impunes.
Así las cosas, la directora también agregó que en los primeros 12 días de 2021 ya se registran cinco menores muertos en hechos violentos, incluyendo a Maira Alejandra Orobio Solis, menor de 11 años hallada sin vida en Guapi, Cauca, con evidentes signos de abuso sexual y tortura. “Un hecho que debe generar el rechazo e indignación de todos los colombianos y las acciones de autoridades competentes para dar con responsables y ser llevados ante la justicia”, condenó el ICBF a través de Twitter.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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