Este jueves la Defensoría del Pueblo encabezó el acto de clausura y graduación de las jornadas de capacitación integral sobre prevención de actos de tortura que brindó en todo el país a los integrantes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional (UNDMO), antes conocida como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Según la entidad, se creó el programa de capacitación en prevención de actos de tortura dirigido a miembros de la Fuerza Pública del país, en el que se brindaron herramientas para la comprensión jurídica del concepto de tortura, su desarrollo en el marco del Derecho Internacional y el ordenamiento interno, así como las consecuencias penales, disciplinarias y administrativas por la comisión de su conducta.
Durante 2022 se realizaron ocho jornadas de capacitación en Bogotá, El Espinal, Pereira, Ibagué, Cúcuta, Cali y Barranquilla, con la participación de aproximadamente 600 uniformados de la UNDMO.
Hay que señalar que estas jornadas están enmarcadas en el trabajo que la Defensoría del Pueblo lleva a cabo con la Policía Nacional en el fortalecimiento de la política pública de educación con enfoque de derechos humanos.
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Las jornadas con los integrantes del UNDMO también sirvieron para tener conocimiento jurídico de conductas punibles como el delito de tortura, como organismo nacional de derechos perteneciente al ministerio público, la Defensoría del Pueblo “promueve el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, indicó la entidad al finalizar la jornada.
Según dijo la Policía Nacional, el UNDMO debe intervenir bajo el protocolo dispuesto de protección de derechos humanos. Así lo explicó el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely.
“En manifestaciones con presencia mayoritaria de jóvenes (15-24 años), la primera intervención será de unidades de la Fuerza Disponible, salvo que el nivel de agresividad sea tan alto que se haga necesaria la actuación inmediata de unidades especializadas de la UNDMO, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma que la regula”.
Por otro lado, sobre el punto de obstrucción de las vías públicas en medio de alteraciones del orden público, dice que esto es un delito por lo que “el personal de la Fuerza Disponible será el encargado de atender inicialmente la obstrucción para acompañar a las autoridades político administrativas o el Ministerio Público, quienes serán los encargados de dialogar”.
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El año pasado Human Rights Watch recibió denuncias sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque.
“Hasta ahora, hemos confirmado que 34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías”, explicó la ONG internacional.
Human Rights Watch también documentó 17 golpizas violentas cometidas por la policía, en muchos casos con bastones. Una víctima, Elvis Vivas, de 24 años, murió en un hospital después de recibir una golpiza brutal por parte de policías.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que había recibido quejas en contra de miembros de la Policía por dos casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, incluyendo bofetadas y abuso verbal.
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