Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, rechazó este viernes la propuesta de Renovación Popular para que Perú denuncie al pacto de San José de Costa Rica, de manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no tenga autoridad sobre el Estado.
“No es correcto alejarse de la instancia jurisdiccional supranacional, no. Ningún peruano está excepto del abuso de poder y tenemos, por eso, una instancia supranacional que revisa esos excesos y que los resuelve con objetividad”, dijo el letrado en una entrevista con TV Perú.
Gutiérrez, elegido en un polémico proceso respaldado en bloque por Fuerza Popular y Perú Libre, mencionó que ni el premier Alberto Otárola ni la presidenta Dina Boluarte han expresado su deseo de dejar la Convención Americana, a la que Perú se encuentra adscrita desde el 28 de julio de 1978.

“En términos del Ejecutivo, yo encuentro una variable de sostenibilidad. Sin embargo, en el ámbito del Congreso, hay muchas ideas y, probablemente, algunos quieren reforzar la presencia internacional en materia de derechos humanos y otros no. Ambas posiciones, nosotros como ciudadanos y más como funcionarios, respetamos”, mencionó.
El legislador Jorge Montoya, integrante de la tienda ultraconservadora, presentó en la víspera el referido proyecto de ley bajo la justificación de “salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano”, en concordancia con el artículo 43 de la Constitución.
En el caso de que se apruebe el texto, la presidenta Dina Boluarte debe remitir, en un plazo de 30 días, la denuncia contra la Convención Americana de Derechos Humanos, de lo contrario, según el documento, deberá mencionar en un informe las razones de su negativa.
Entre los argumentos del proyecto se menciona que la afiliación del Perú a la Corte IDH “se realizó de manera incondicional, lo que significa que solo es posible desvincularse” elevando la delación.

El constitucionalista Omar Cairo dijo a La República que esta oferta es contraria a la carta magna. “La atribución de denunciar los tratados es del presidente. No tiene sentido. Cuando la denuncia se refiere a tratados de derechos humanos, esta debe ser aprobada previamente por el Congreso, pero la atribución es del presidente. El Congreso no tiene la atribución de denunciar, solo de aprobar o no la denuncia que plantea el presidente”, señaló.
Renovación Popular “pretende dejarnos sin derechos, para supuestamente ‘recuperar’ soberanía, librarnos del ‘colonialismo jurídico’ y ‘órgano extranjero’, y ‘acabar con la injerencia perniciosa’ de CIDH y la Corte IDH, y de sistema ‘capturado por ideas marxistas’”, critió el exprocurador Ronald Gamarra.
“Renovación Medieval (como llama al partido de manera irónica) plantea el regreso a las cuevas y los garrotes. Al nivel de la tiranía de Chávez y Maduro sobre Venezuela, y la dictadura de Ortega sobre Nicaragua, propone la denuncia de un tratado que refuerza nuestros derechos y nos protege de indignidad e injusticia”, escribió en otro tuit.
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