Defensa de Trump dice que perito especial brinda confianza a la investigación

West Palm Beach (EEUU), 1 sep. Los abogados defensores de Donald Trump defendieron este jueves ante la Justicia que la designación de un perito independiente brindaría “confianza” a la investigación sobre los documentos oficiales que mantenía el expresidente en su casa de Florida, algo que el Departamento de Justicia consideró innecesario.

Durante una audiencia celebrada en una corte federal de West Palm Beach (Florida), el abogado del exmandatario Christopher Kise señaló que el perito ayudará a “restaurar el orden” en una investigación criminal que “adolece de transparencia e integridad” e incluso la equiparó con una disputa en torno a la devolución de “un libro de biblioteca atrasado”.

“Necesitamos bajar la temperatura en ambos lados”, manifestó Kise, exprocurador de Justicia de Florida, quien esta semana se sumó al equipo legal del expresidente Trump (2017-2021).

Al término de la audiencia, la magistrada que ve la solicitud hecha por Trump, Aileen Cannon, quien días atrás comunicó una “intención preliminar” de designar un perito independiente, manifestó que dará a conocer su decisión “a su debido tiempo” y por medio de un escrito judicial.

En la audiencia de este jueves, Jay Bratt, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, señaló que la investigación está motivada por la “posesión ilegal de material clasificado” por parte del expresidente en su residencia y club social Mar-a-Lago, que fue objeto de un registro por agentes del FBI el 8 de agosto.

Bratt pidió a la corte aceptar la legalidad del registro por la posible comisión de tres delitos federales.

Los abogados del exmandatario reiteraron la necesidad de designar un “special master”, como se denomina en ingles al perito independiente, no solo para supervisar qué documentos han sido clasificados como cubiertos por el privilegio abogado cliente, y por ende separados de la investigación, sino también para revisar el inventario de todo lo requisado por el FBI en la residencia de Trump en Palm Beach.

Calificaron el registro de una “seria amenaza institucional” y propio de “tiempos de la colonia”.

A su turno, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) señalaron que la “innecesaria” designación de un perito dilataría la investigación.

La Fiscalía estadounidense llevó a la sala a dos miembros del “equipo de filtro”, responsables de la identificación y selección del posible material cubierto por este privilegio, un total de “520 páginas”, quienes explicaron que para la clasificación han empleado un “amplio y expansivo criterio”.

DOCUMENTOS CLASIFICADOS

El equipo legal de Trump solicitó el nombramiento de un “special master” la semana pasada y esa fue su primera acción para responder al registro realizado por el FBI en Mar-a-Lago, en donde encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

El cateo se debió a las evasivas de su entorno para devolver documentos que tenía en su posesión y que debían estar en manos de los Archivos Nacionales, tal como manda la ley, ello tras descubrirse documentos clasificados dentro de 15 cajas que los asesores de Trump devolvieron desde Florida en enero de este año.

Los fiscales dijeron en un documento ingresado en la corte el lunes que el FBI tenía evidencia de que posiblemente se produjo una “conducta obstructiva” en Mar-a-Lago.

Según la Fiscalía, “probablemente se ocultaron y sacaron registros del Gobierno de la sala de almacenamiento” en la vivienda donde los abogados de Trump dijeron que los documentos confidenciales habían sido guardados.

Durante la búsqueda, el FBI incautó 33 cajas, contenedores o elementos de evidencia tanto del almacén como de la oficina de Trump, según el documento.

Bratt manifestó este jueves que la investigación gira en torno a unos 300 documentos marcados como clasificados, sobre los que no se aplicaría el privilegio ejecutivo, una afirmación objetada por los abogados de Trump.

La magistrada Cannon manifestó en la corte que no hay una ley que específicamente impida a un expresidente reclamar privilegios ejecutivos y adelantó que de optar por la designación de un perito independiente, a los investigadores se les impediría revisar los documentos que forman parte de su investigación hasta que primero lo haga el “special master”.

Tras consultar a ambas partes, informó además que hará pública una lista más detallada de lo que los agentes retiraron de Mar-a-Lago.

La audiencia se celebró mientras en los exteriores del juzgado se concentraron una decenas de simpatizantes del expresidente con pancartas de apoyo, algunas de las cuales tenían mensajes contra los medios de comunicación. EFE

lce/ar/eat

(foto)(audio)(video)


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