Entre testimonios, apelaciones y audiencias suspendidas, el juicio contra Milagro Sala en el que se la acusa de haber orquestado una maniobra para sustraer un expediente judicial y entorpecer así una investigación en su contra, finalmente fue declarado nulo. Lo resolvió el Tribunal que la juzgaba, ante la imposibilidad de darle al proceso continuidad y fluidez. El motivo fue el delicado estado de salud de uno de los acusados.
Se trata del abogado Alberto Bellido, quien viene de ser sometido en las últimas semanas a una operación cardíaca, en el marco de un proceso plagado de denuncias entre las partes. Apenas iniciada la última audiencia, el 25 de octubre, se leyó un informe médico, a cargo del del Poder Judicial jujeño, que corroboró la situación de salud que aqueja al acusado.
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En ese marco, como ya se había expuesto ante el Tribunal, se resaltó que el imputado podía asistir al proceso pero como “participe pasivo”, lo cual establecía que no pudiera ser sometido por el plazo de 30 días -desde el 13 de octubre- a situaciones que generaran estrés, como un careo que el mismo Bellido, al frente de su defensa, planteó al inicio del debate.
En ese sentido, la defensa del imputado aprovechó para poner en consideración que su cliente asistía con voluntad expresa de ejercer su defensa personal de forma material. En consiguiente este pidió que se lo separe de la causa o en subsidio se tome una definición sobre la continuidad del proceso.
Fue entonces cuando el fiscal de Cámara, Diego Funes, se apoyó en el informe médico y en la cantidad de audiencias ‘infructuosas’ para referirse a la afectación del correcto desarrollo del debate. En su razonamiento esboza el principio de continuidad, razón por la que también hizo el pedido de nulidad de la audiencia del proceso desde el inicio del debate.
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Sin embargo, Funes le pide al Tribunal que no se aparte del entendimiento del proceso y solicitó que se fije en lo inmediato una fecha para reiniciar el debate. Por su parte, el abogado de Romero adhirió parcialmente al pedido de nulidad del juicio; apeló a la insubsistencia de la acción penal y solicitó el sobreseimiento de su defendido.
Mientras tanto, la defensa sumó petición en contra de que mantenga su competencia el actual Tribunal, ya que señala que este debe desconocer completamente lo que se trate en el proceso. “Esa es la única manera de sostener las garantías constitucionales”, expresaron.
Con este pedido sobre la mesa, el Tribunal integrado por María Nallar, Carolina Pérez Rojas y Mario Puig decidió por unanimidad declarar la nulidad del debate desde su inicio, el 18 de agosto pasado. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia deberá decidir cómo continúa el proceso.
“Es una resolución final que veníamos planteando hace tiempo, principalmente por la salud de Bellido, que es grave, y segundo por el proceso, que no podía continuar de ninguna forma”, expresaron sus abogados Julián Palmieri y Juan Cabezas tras la sentencia, y al indicar que “lo que se dio fue la aceptación de que realmente se trataba de una situación delicada de salud, refrendada por los médicos del Poder, que ya existía pero no se la había querido aceptar”.
La acusación contra Milagro Sala
La causa investiga a Sala, al propio Bellido – un ex abogado de la Tupac Amaru – y a un ex empleado del Poder Judicial jujeño, acusados de haber sustraído el expediente de otra causa en la que estaba imputada Milagro Sala por tentativa de homicidio. Es el hecho conocido en Jujuy como “la balacera de Azopardo”.
Según el expediente, el empleado judicial aceptó recibir una coima para tomar ilegítimamente el documento público y, posteriormente, destruirlo, con el objetivo de hacer desaparecer las pruebas.
Las claves
La dirigente es juzgada como presunta ‘determinadora directa del delito de cohecho activo y de sustracción de documento público, en concurso ideal con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real’.
Por su parte, Romero está acusado como autor de los delitos de “cohecho pasivo y sustracción de documento público, en concurso ideal, con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real, en carácter de coautor y todo ello en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Mientras que a Bellido se lo acusa de cometer los delitos de “cohecho activo y sustracción de documento público, en concurso ideal con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real”.
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