“Decir que no hay hambre es negacionista”: desigualdad y crisis climática intensifican la inseguridad alimentaria en Perú

Una reciente encuesta de Ipsos ha revelado datos preocupantes sobre la situación alimentaria en Perú, contradiciendo las afirmaciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien sostuvo que en el país no existe hambre.

Según el estudio, el 42% de los encuestados declaró no haber podido comer en alguna ocasión debido a la falta de dinero, un indicador que sitúa a esta población en una situación de inseguridad alimentaria grave. Estos resultados reflejan una realidad alarmante que afecta a miles de peruanos, especialmente en las zonas rurales del país.

Para entender la gravedad de esta situación, Infobae Perú conversó con Salesky Rivas Collazos, abogada y especialista en seguridad alimentaria y crisis climática, que mediante la investigación trabaja de cerca siguiendo el desarrollo de estos temas.

Según Rivas, los resultados de Ipsos no solo confirman el aumento de personas que no logran tener tres comidas diarias, sino que también revelan un desbalance nutricional que pone en riesgo la salud de la población, especialmente la de los más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas. Por ello: “decir que no hay hambre es negacionista de la realidad a la que se enfrenta nuestro país”, apunta la abogada.

Estado peruano viola derecho a la alimentación

En primer lugar, la encuesta de Ipsos destaca que un 13% de los encuestados manifestó comer dos o menos veces al día. Esta reducción en la frecuencia de las comidas no solo expone a la población a un déficit calórico, sino que también incrementa el riesgo de malnutrición y enfermedades asociadas, como la anemia.

Además, el 22% de la población encuestada afirmó que consume carne o derivados solo dos o menos veces por semana. Dicha situación es especialmente crítica, ya que la falta de proteínas de origen animal puede tener consecuencias graves, como la desnutrición crónica en los niños, que puede afectar su desarrollo físico y cognitivo a largo plazo.

En esa línea, Rivas enfatiza la necesidad de diferenciar entre la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. Mientras que la primera se refiere a la disponibilidad y acceso a alimentos, el derecho a la alimentación implica una obligación del Estado de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una dieta adecuada.

Según Rivas, esta distinción es crucial, pues, hablar de derecho a la alimentación permite exigir al Gobierno medidas concretas para mejorar la situación alimentaria, especialmente en las áreas más afectadas.

“En el Perú, se está utilizando bastante el tema de seguridad alimentaria, que está vinculado con el derecho a la alimentación, pero no necesariamente significan lo mismo. Hablamos de que todas las personas tienen derecho a la alimentación y, por lo tanto, al tener este derecho, existe una obligatoriedad del Estado de cumplir con actividades para tutelar que este derecho se efectúe de manera apropiada. Entonces, es ahí donde radica la importancia de hablar del derecho a la alimentación”, explica Rivas.

Pero eso no es lo más grave. La abogada hace hincapié en que “la violación de este derecho afecta correlativamente a otros derechos conexos. Estamos hablando de uno: derecho a la vida, porque muchas personas pueden estar muriendo de hambre. Dos: derecho a la salud. Tres: derecho a la educación. Un niño que tiene anemia no rinde al mismo nivel que un niño que se encuentra bien nutrido, no lo digo yo, es algo comprobado científicamente”.

“Exigir el cumplimiento de los derechos que tenemos como personas podría ser una solución a las problemáticas que enfrentan programas como los vasos de leche y los comedores populares, donde la escasez de alimentos y la reducción de raciones se deben a la insuficiencia de los presupuestos económicos, que no alcanzan y cuyas partidas no llegan. Pero, ¿qué herramienta legal tenemos para enfrentar esto? El derecho a la alimentación, que todos tenemos, aunque no esté explícitamente reconocido en la Constitución, sí está presente en el Pacto de San José de la OEA”, agrega Rivas.

Crisis sobre crisis: el impacto del clima en el hambre

Por otro lado, la encuesta revela también disparidades geográficas en la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, en las zonas rurales, el 51% de la población reporta dificultades para acceder a alimentos, una cifra que refleja las profundas desigualdades entre las diferentes regiones del país.

Sin embargo, el norte del Perú es la zona más afectada, con un 51% de la población enfrentando problemas alimentarios, seguido del sur con un 42%, el centro con un 41%, y el oriente con un 37%. Sobre ello, la especialista subraya que estas disparidades regionales no solo se deben a factores económicos, sino también a la vulnerabilidad de las diferentes regiones frente al cambio climático.

Pues, en las comunidades rurales, especialmente en la Amazonía y los Andes, el cambio climático ha exacerbado este panorama. Esto se puede observar mediante las sequías prolongadas y las temperaturas extremas, que afectan la producción agrícola, reduciendo la disponibilidad de alimentos en estas áreas.

Esto, a su vez, ha llevado a un aumento en la migración de las comunidades rurales hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades, lo que agrava aún más la crisis.

“Es importantísimo, y es algo que no se ve en nuestro país, trabajar con el tema de territorialidad. Es fundamental comprender cómo las afectaciones, y las diferencias entre los distintos espacios geográficos que tenemos, que tanto se destacan por su biodiversidad, van a terminar afectando a las poblaciones que viven allí. Si consideramos que son los espacios urbanos los que nos están dando esta respuesta, entonces resultará aún más preocupante conocer los resultados en un espacio rural. Luego, dentro de ese espacio rural, es importante diferenciar aquellas poblaciones que son mucho más vulnerables, como las comunidades campesinas e indígenas, donde, por ejemplo, el cambio climático les afectará según el territorio en el que se encuentren”, detalla la especialista.

Todo queda en papel

En cuanto a la falta de acción del Estado para abordar la crisis alimentaria de manera efectiva, Rivas explica que, aunque existen programas sociales y esfuerzos para mejorar la situación, como la promoción de productos regionales en la dieta peruana, estas medidas son insuficientes y no llegan a las áreas más golpeadas.

Además, a ello se suma la falta de inversión en la agricultura familiar y en políticas de apoyo a los pequeños agricultores, dos factores adicionales que ‘alimentan’ esta crisis. Esto debido a que muchos de estos agricultores, que son la base de la producción de varios alimentos en el país, están luchando para mantener sus cultivos debido a la falta de recursos y apoyo del Gobierno.

“En nuestro país está el tema de la ley de seguridad alimentaria nutricional que hasta el momento todavía no cuenta con reglamentación, y hay varios detalles en esos temas que todavía no se ven. Por ejemplo, la estrategia nacional de seguridad alimentaria nutricional no está actualizada y así tenemos documentos que solamente han sido lanzados en parte inicial, pero que hasta el momento no se han visto actualizados”, alerta Rivas.

Por ello, la especialista apunta que para abordar la inseguridad alimentaria, que afecta a un número creciente de peruanos con un impacto devastador en la salud y el bienestar de las comunidades más vulnerables, primero, es necesario que el Estado reconozca el derecho a la alimentación como un derecho fundamental y tome medidas urgentes para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una dieta adecuada y nutritiva.

“Yo considero que la apertura de comercio de alimentos es necesario, pero también hay que empoderar y manejar la promoción y la ejecución de las políticas de agricultura familiar, que van a permitir fortalecer la seguridad alimentaria”, concluyó.