Este último miércoles, la fiscal Luz Castany pidió seis años y seis meses de cárcel ante el Tribunal Oral Nº 8 para el fiscal general Julio César Castro, acusado de violar y golpear a su ex pareja, una abogada 20 años menor, en el juicio en su contra por los delitos de abuso con acceso carnal reiterado en dos oportunidades en concurso real con lesiones leves. Pero sobre Castro recaen más acusaciones en su contra, principalmente por supuestos hechos de acoso sexual y laboral con denuncias provenientes de ex empleados. Es por eso que el procurador interino Eduardo Casal decidió el martes iniciarle también un juicio político, basándose en una investigación que llevó adelante durante los últimos dos años la fiscal federal Laura Mazzaferri.
Una eventual decisión adversa puede costarle la destitución, más allá de una posible condena.
El lugar que ocupaba Castro dentro de la justicia hace que el caso adquiera un grado de paradoja pocas veces visto. Fue designado en el año 2007 director general de la UFISEX, el ala del Ministerio Público dedicada a investigar y combatir los delitos sexuales contra mujeres, la trata de personas y la prostitución infantil. Con más de 30 años en el fuero penal, el fiscal fue parte de las solicitadas y actividades de Justicia Legítima, aunque nunca fue asociado a esta agrupación.
Castro dio conferencias en simposios y hasta habló en la Cancillería sobre, justamente, combatir la violencia de género y abuso de menores. Fue uno de los acusadores originales en el juicio al portero femicida Jorge Luis Mangeri, preso por asesinar a la adolescente Ángeles Rawson, de 16 años, el 10 de junio de 2013, aunque no llegó al final del proceso. En los dos años que lleva la causa por violación contra su ex pareja, el hasta hoy fiscal general nunca fue detenido.
El pasado martes 5 a partir de un documento de 57 páginas al que tuvo acceso Infobae, el procurador interino Eduardo Casal autorizó el comienzo del juicio político contra Castro. El texto da cuenta de siete casos de acoso sexual y cuatro hechos de acoso laboral. Se preservarán los nombres propios de los protagonistas para proteger la privacidad de todos los involucrados y no exponer sus identidades por fuera de lo que concierne al proceso. Son los hechos los que hablan.
Una empleada judicial relató en su declaración cómo Castro comenzó con frases del tipo “qué linda que estás”, “qué linda empleada que tenemos” o “qué buen orto que tenés”, según se desprende del texto. El avance continuó con visitas a la oficina y hasta el contacto físico, sin consentimiento, pero no terminó allí. El fiscal general llegó inclusive -describe el documento- a mudarse al mismo barrio que esta mujer, aparecerse en su domicilio y tocar la puerta con intenciones de ingresar.
La mujer amenazó con denunciarlo tras uno de estos hechos. Él respondió con amenazas y órdenes en el ámbito laboral. “Les dije que no quería que tocara un expediente”, gritó en una oportunidad refiriéndose a la empleada. La víctima terminó pidiendo paso a otra dependencia. Castro, siempre según el relato de la víctima, continuó merodeando su domicilio, pasando con su auto frente a la casa e inclusive un año eligió el mismo lugar que ella para vacacionar.
Otra denunciante detalló cómo ante las negativas a acceder a sus insinuaciones Castro comenzaba a excuirlas de las tareas de la fiscalía. “Castro tenía su círculo de gente de confianza y que, si alguien era apartado de ese grupo, no sólo recibía el destrato del fiscal sino también de los demás integrantes”, precisa el texto en este punto. Miradas, insinuaciones, ofrecimientos, terminaron con traslados a otras dependencias, casi siempre tras alguna situación en la que el fiscal las amenazaba o denigraba, tras ser rechazado.
“Maltrató a la denunciante desde el primer día, verbalmente y delante de otros, la humilló y la amenazó, para doblegarla, estigmatizarla y, finalmente, solicitar su traslado a otra dependencia. Detalló que le fue quitando tareas, funciones y recursos hasta anularla completamente e hizo que el resto del personal dejara de estar bajo su coordinación y comenzara a trabajar en forma directa con él y con las secretarias de la fiscalía de la que es titular”, se detalla sobre un modus operandi que se repite y que varios de los involucrados están convencidos afectó directamente sus carreras. Los primeros casos -de los que hay registro- se remontan al año 1995.
Entre las distintas denuncias se destaca una en particular que excede el ámbito laboral de Castro y lo hace incursionar en nuevos agravantes. En el año 2014 habría mantenido un intercambio de tuits con contenido por lo menos, inapropiado, con una joven chaqueña que en ese momento era menor de edad. La edad de la usuaria la reveló una de todas las fotografías publicadas por ella, en la que se la podía ver con otras niñas que, como ella, vestían uniforme de colegio.
En tanto juicio por el caso de su ex comenzó a fines de agosto pasado en el Tribunal presidido por el juez Alejandro Sañudo con los magistrados Fernando Larrán y Fátima Ruiz López. Castany actuó con la asistencia de la UFEM, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de violencia de género.
Cada audiencia fue a puertas cerradas. Dada la naturaleza de la acusación, no se permitió el ingreso de la prensa hasta la audiencia de los alegatos que transcurrió ayer miércoles y en la que estuvo presente Infobae. Allí la abogada, ex pareja de Castro, también estuvo presente: pidió presenciar el proceso por sistema de video en una sala contigua, lejos de su presunto abusador, contenida por personal de la DOVIC, el área de la Procuración dedicada al acompañamiento de víctimas.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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