Cristina Kirchner y Mauricio Macri, en alerta por los próximos movimientos judiciales

Cristina Kirchner y Mauricio Macri estarán una vez más atentos a la Justicia. La Vicepresidenta porque necesita que se confirmen los sobreseimientos que se dictaron en su favor en 2021 y porque espera quedar absuelta en el juicio oral que se le sigue desde hace casi tres años en la causa conocida como “Vialidad”. El ex presidente, porque ya pesa sobre sus hombros un procesamiento en la causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Precisamente, mira con atención el curso de las causas que salpican a la AFI macrista que podrían complicarlo.

No serán las únicas causas que se moverán en el 2022, pero sí las que concentrarán la mayor atención política. El presidente Alberto Fernández también seguirá el avance de la causa judicial en la que terminó imputado por haber celebrado el cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez en medio del aislamiento más estricto en 2020. Su pedido de sobreseimiento ya fracasó pero ahora resta saber si el juez Lino Mirabelli avala su oferta de donar durante cuatro meses la mitad de su sueldo para dar por cerrada la causa. Su pareja Fabiola también ofrece comprar un respirador para dar por cerrado el asunto.

El año 2022 promete ser explosivo en materia judicial. Está pendiente saber qué pasará en el Consejo de la Magistratura, donde si no se adaptan a los nuevos lineamientos del fallo dictado hace dos semanas por la Corte Suprema -con una nueva ley o una nueva integración de 20 miembros- el funcionamiento del Poder Judicial podría paralizarse. Pero además el Gobierno de Alberto Fernández ha decidido jugar fuerte su enfrentamiento con el máximo tribunal tras la primera visita del ministro de Justicia Martín Soria a la Corte luego de nueve meses de gestión. El Presidente anunció la intención de modificar el funcionamiento de la Corte Suprema con una ampliación que aún no fue explicada oficialmente. Los proyectos de reforma judicial que se habían impulsado hasta ahora fracasaron.

En ese contexto, Cristina Kirchner aún espera que la Corte Suprema voltee las causa. Ha dejado de hablar de “lawfare” en sus últimas apariciones públicas, pero frente al ex presidente brasileño Ignacio Lula Da Silva -que estuvo preso durante dos años en Brasil- le dijo que a él no lo habían adjudicado cinco asociaciones ilícitas, una de ellas con sus hijos, y que las nuevas formas de persecución o “desaparición” son las acusaciones judiciales con la connivencia mediática.

La Vicepresidenta no saca un ojo del funcionamiento de Comodoro Py. Mientras tuitea con ironía sobre la suerte que tiene el macrismo en sus causas judiciales (con su versión de Papá Noel, Comodoro Py y la Gestapo), la ex mandataria aguarda los movimientos de sus causas judiciales en donde en un año supo cosechar tres sobreseimientos sin llegar a juicio oral. La Sala I de la Cámara de Casación Penal deberá analizar las apelaciones a los sobreseimientos dictados en dos causas en su contra.

El caso del Memorándum con Irán cuestionado por las querellas de la DAIA y dos familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Allí el fiscal Javier De Luca desistió de la apelación en nombre del Estado que había solicitado el fiscal de juicio Marcelo Colombo, por entender -tal como lo hizo en 2015- que el Pacto con Irán no fue un delito. Cuando la causa ya había dispuesto la convocatoria a testigos y la fijación del día para iniciar el juicio, las defensas activaron un pedido de nulidad a raíz de la revelación de las visitas de dos jueces de Casación a Mauricio Macri y lograron que el Tribunal que debía llevar adelante el juicio analizara el fondo del expediente y dijjera por unanimidad que la causa debía concluir.

La otra causa que deberán analizar los jueces de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa es el caso unificado Los Sauces-Hotesur. Allí están acusados CFK, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, su sobrina Romina Mercado, su ex contador Víctor Manzanares -devenido en arrepentido en la causa de los cuadernos- y empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López. Allí, el Tribunal Oral Federal 5 había ordenado la realización de unas pericias contables, pero sobre el fin de año las mismas defensas pidieron sobreseimientos por inexistencia de delito y en tiempo exprés dos jueces -Daniel Obligado y Adrián Grümberg- hicieron lugar al planteo, en contra de lo opinado por su colega Adriana Palliotti que pidió hacer el juicio. Con el voto de esta jueza y su planteo original, el fiscal Diego Velasco le solicitó a Casación que revoque la resolución y permita llevar adelante el debate.

El tercer sobreseimiento que consiguió este año la Vicepresidenta (y primero en orden cronológico) es el de la causa dólar futuro. Ahí una peritaje había dicho que la operatoria hecha durante el final de la la gestión k no hubo perjuicio para el Estado. Fue Casación -con los votos de Sala I- la que dijo allí que había que cerrar el expediente. El fiscal Raúl Pleé tiene apelada esa resolución con la intención de que la Corte Suprema revoque el fallo.

Lo que sigue su curso en este 2022 es el juicio oral contra CFK, su ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, por las obras concedidas al ex titular de Austral Construcciones en Santa Cruz entre 2003 y 2015. El juicio comenzó en mayo de 2019 cuando nadie sospechaba que CFK volvería al poder. El año judicial terminó con la declaración del arrepentido Leonardo Fariña que, sin obligación de decir verdad, aseguró que había existido sobreprecio en las obras atribuidas a Lázaro, que el dinero blanco se hacía negro y que esos activos estaban ligados a Néstor Kirchner. El juicio retomará los primeros días de febrero con la declaración de los ex jefes de Gabinete kirchneristas, entre los que se destaca el hoy presidente Alberto Fernández.

Mientras tanto, Macri busca revocar el procesamiento que le dictó el juez de Dolores Martín Bava en la causa en donde se lo encontró responsable de seis hechos de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Macri afirma que la acusación es un armado político y que no espió a los familiares de las víctimas ni a nadie. Incluso, aseguró que el fallo en su contra fue escrito por un “ghostwritter”. También sostiene que el caso debe tramitar en Comodoro Py.

Precisamente, Bava ya perdió por orden de Casación la causa D’Alessio, que fue la que permitió anclar a su despacho los casos del espionaje en las bases AMBA de la provincia de Buenos Aires y el caso del ARA San Juan. Ya tiene un planteo de la fiscalía para que remita también a Comodoro Py esos expedientes.

En Comodoro Py, el caso D’Alessio -puntapié inicial de las investigaciones sobre el espionaje en el macrismo- no encuentra aún juez. Tal como relató Infobae en los últimos días, por sorteo le tocó a la jueza María Capuchetti, quien se excusó de tomarlo. El juez Ariel Lijo rechazó esa interpretación y el camarista Pablo Bertuzzi le dio la razón. Entonces Capuchetti analizó el caso y dijo que le correspondía a su colega Julián Ercolini, que en 2019 había pedido la causa original de D’Alessio. Pero Ercolini también lo rechazó: dijo que su caso era solo uno de los casi 40 que luego investigó el juez Alejo Ramos Padilla. Habrá que ver finalmente quién termina tramitando ese expediente, en donde también está procesado el fiscal Carlos Stornelli.

La Cámara Federal porteña pareció sellar la suerte del futuro de la investigación que nació en Lomas de Zamora por espionaje político a dirigentes oficialistas, opositores, jueces, gremialistas y periodistas. Fue cuando dijo que allí no había existido una asociación ilícita por parte de las autoridades de la AFI sino un grupo de cuentapropistas. El fallo será apelado ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, pero mientras tanto ya se le dieron instrucciones al juez Marcelo Martínez De Giorgi para que avance con el análisis del inicio de la causa.

El juez Martinez De Giorgi, por lo pronto, a pedido de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, solicitó ahora el video que dijo haber descubierto la AFI hace unos días en unas computadoras viejas: la cinta muestra al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villagra hablando de una “Gestapo sindical” e incentivando a empresarios para que denunciaran a gremialistas como Juan Pablo “Pata” Medina. En esa reunión estaban presentes tres agentes de la AFI. Uno de ellos, Sebastián De Stefano, beneficiado con la resolución de la Cámara Federal porteña. Otro, procesado. Se trata de Diego Dalmau Pereyra, quien reemplazó en la Dirección de Contrainteligencia a Horacio Jaime Stiusso y pidió irse a Chile cuando estaba en pleno funcionamiento el grupo de los SuperMarioBross.

Además, el macrismo sigue con atención la suerte que tomará la causa de la llamada mesa judicial. Un análisis que había ordenado el fiscal Franco Picardi a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJUDECO) fue excluido por la jueza Capuchetti de la causa. El estudio fue reportado como un “ciberpatrullaje” por monitorear tuist y artículos periodísticos de ex funcinarios y personas ligadas al macrismo. En la Cámara Federal, además, hay un planteo de la fiscalía para intentar incorporar como prueba los registros de ingresos y egresos a Olivos y la Casa Rosada en el macrismo en los cuatro años de gestión.

En Casación está pendiente además resolver qué pasará con la causa conocida como “Operativo Puff”, que nació al compás de la denuncia que se había radicado en Dolores en la causa D’Alesssio. El fiscal Stornelli promueve el avance de esa investigación para intentar demostrar que hubo un complot armado por presos K para hacer caer la causa de los cuadernos. La prueba son las grabaciones que se registraron entre esos detenidos y distintas personas que los llamaban a los teléfonos de las cárcel, “pinchados” oficialmente en el marco de una causa que investigaba si un narcotraficante, Mario Segovia, planteaba un atentado terrorista.

El juez Marcelo Martínez De Giorgi, primer reemplazante del fallecido Claudio Bonadio, había ordenado el cierre de la causa por inexistencia de delito, pero el fiscal Carlos Stornelli como querellante apeló. En una decisión dividida, la Cámara Federal ordenó seguir investigando el caso. Luego, Martínez De Giorgi fue reemplazado por su colega Julián Ercolini, y hubo un planteo por parte de los abogados de Roberto Baratta y Juan Ramos Padilla para apartar al juez. El juez de la Cámara Federal Roberto Boico hizo lugar. Por sorteo, el caso se le asignó a Daniel Rafecas. Pero Stornelli apeló diciendo que a sus abogados no la habían sido notificado de una audiencia en donde se analizó el apartamiento de Ercolini y la Cámara Federal de Casación le abrió el recurso. Habrá que ver si la causa vuelve a manos de Ercolini en los próximos días.

En Casación además está pendiente la revisión de la sentencia dictada el año pasado contra Lázaro Baez, sus hijos, Fariña y otros en la causa conocida como ruta del dinero k. También llegarán a Casación la revisión del fallo conocido como Oil Combustibles, pero eso será recién a partir del 17 de marzo, cuando se conozcan los fundamentos que llevaron al Tribunal Oral Federal 3 a dictar la absolución de los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal Lopez y la condena al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray por defraudación al Estado.

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