La dura evaluación que realizó la calificadora Fitch sobre las dificultades de repago de la deuda por parte del Gobierno nacional también se extiende a las emisiones de bonos por parte de las empresas. La agencia Moody’s también advirtió sobre los efectos negativas de las restricciones de acceso a moneda extranjera que sufren las compañías.
“La decisión del Banco Central de extender la obligación de refinanciar el 60% de las deudas hasta fin de 2023 podría exponer a pérdidas a los inversores, al tiempo que reduce el apetito de los inversores por la deuda corporativa argentina”, advirtió Moody’s. Se trata de uno de los temas que deberá abordar el gobierno que asuma el 10 de diciembre del año que viene de manera más urgente para evitar un masivo default por parte de las empresas argentinas.
La calificadora se concentra en su informe en las empresas de servicios e infraestructura, que son las que tienen la mayoría de los vencimientos en lo que resta del año y en 2023. Un caso emblemático es el de Edenor, que logró completar el refinanciamiento de su deuda de USD 98 millones, con una aceptación del 77%. Claro que los nuevos bonos que salieron con un cupón de intereses de 9,75% anual fueron colocados con vencimientos a la vuelta de la esquina: un título vence en 2024 y otro en 2025. Para ese momento el nuevo Gobierno deberá procurar que las empresas argentinas recuperen acceso a los mercados para refinanciar sus vencimientos de deuda.
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“Las actuales restricciones limitan significativamente las opciones financieras de las empresas y la someten a un canje forzado, que además reduce el interés de los inversores por invertir en este tipo de activos”, agrega Moody’s.
El problema no solo pasa por conseguir un 60% de aceptación a la hora de refinanciar la deuda que vence. Además condena a las compañías a arreglarse con préstamos de corto plazo en pesos, ya que resulta inviable tomar nueva deuda en los mercados internacionales. De esta manera, la desventaja competitiva con empresas de países vecinos se vuelve cada vez más grande.
El Banco Central decidió imponer estas restricciones a las compañías a fines de 2020, para cuidar sus reservas cada vez más escasas. Pero lo que se presentó como una medida transitoria se extendió durante toda la gestión de Alberto Fernández y del titular del Banco Central, Miguel Pesce.
El gobierno que asuma en 2023 estará presionado por recrear las condiciones que les permitan a las empresas volver a los mercados. No solo se trata de conseguir financiamiento fresco sino que ya no habrá espacio para refinanciar de manera ordenada y voluntaria la deuda en dólares que vence a partir de 2024
El informe destaca, entre otras, la decisión tomada por Pampa Energía, que aceleró el canje de deuda por USD 500 millones en agosto de este año en vez de esperar al vencimiento en julio de 2023. Esa medida tiene toda la lógica, ya que ese momento estará muy cerca de las elecciones y las condiciones de mercado pueden volverse mucho más complicadas que las actuales. “La empresa tenía las divisas para hacer el pago total, pero la regulación obliga a refinanciar el 60%”.
Arcor, cuyos bonos cotizan en precios muy altos, hizo algo parecido. No esperó al vencimiento en junio de 2023 y efectuó un canje que estiró los plazos hasta el 2027, con un cupón apenas superior al 8% anual en dólares.
Aysa es otro caso para seguir con atención, ya que tiene deuda que vence en febrero de 2023 y que aún no fue canjeada por títulos más largos. A esta compañía le pasa algo similar a Edenor, ya que no genera dólares sino que todas sus facturas las cobra en pesos a clientes locales. La falta de generación de divisas vuelve más complicada la negociación para colocar nuevos bonos en moneda dura.
Generación Mediterránea y MSU Energy, otras dos compañías del rubro energético también se encaminan a llevar adelante los canjes de deuda en dólares.
Un caso especial es el de Tecpetrol, del grupo Techint, que repagará el 100% de su vencimiento de diciembre por USD 500 millones. Para poder hacerlo consiguió un préstamo internacional de parte de Itaú Unibanco y Santander por USD 300 millones, que reemplazará el 60% que tenía que ser canjeado por exigencia del Banco Central.
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