CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Suprema Corte de Justicia de México suspendió parcialmente el martes el acuerdo sobre los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal al frenar lo relativo al blindaje de la reserva de información.
El máximo tribunal concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que la semana pasada presentó una controversia constitucional al acuerdo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, alegando que vulneraba el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad al catalogar las obras como asuntos de seguridad nacional.
La Corte determinó que es “procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, según el documento difundido en medios locales. La suspensión estará vigente hasta que el máximo tribunal decida sobre la controversia constitucional.
Asimismo, el tribunal declaró improcedente la medida cautelar solicitada por el INAI para evitar la adjudicación directa de obras y proyectos.
El acuerdo sobre proyectos y obras del gobierno federal, que fue publicado el mes pasado, desató fuertes críticas de opositores y analistas que señalaron a López Obrador por recurrir a normativas especiales para que sus proyectos de infraestructura queden fuera del escrutinio público.
Entre ellos están el llamado “Tren Maya”, de 1.500 kilómetros (950 millas) de longitud, que recorrerá la península de Yucatán, o el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
El INAI consideró que la decisión gubernamental “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad”. En un comunicado, recordó además que tales reservas solo pueden hacerse caso por caso y argumentando los motivos.
En su defensa de la normativa, López Obrador insistió en que no se pretende ocultar nada sino agilizar las grandes obras en marcha e impedir que sean paralizadas por amparos legales.
Según el acuerdo, todas las agencias federales deben aprobar de manera automática cualquier proyecto que el gobierno considere “de interés público y seguridad nacional”, desde obras de comunicaciones a aduanas, fronteras, energía, turismo “y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
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