El caso de Jorge Perlaza puso de relieve la necesidad de una regulación específica para proteger los derechos laborales de los deportistas profesionales en Colombia.
La Corte Constitucional instó al Congreso de la República y al Gobierno nacional a desarrollar una normativa que contemple los riesgos ocupacionales derivados de lesiones físicas, que puedan inhabilitar a los atletas para la práctica competitiva.
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El caso de Jorge Perlaza
El conflicto legal comenzó cuando Perlaza, exjugador de Millonarios, sufrió una grave lesión en abril de 2014. La lesión, una luxo fractura de peroné con ruptura de ligamento de tobillo, requirió cirugía y un largo periodo de recuperación.
Sin embargo, en noviembre de 2014, mientras aún se recuperaba, fue notificado de su despido del cuadro Embajador. Perlaza argumentó que su contrato no podía ser terminado debido a su condición de salud, lo que lo llevó a iniciar una batalla legal.
En marzo de 2023, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Perlaza, declarando ineficaz su despido y ordenando su reintegro al club, además del pago de los salarios no percibidos desde su despido. No obstante, la institución capitalina presentó una tutela alegando vulneración del debido proceso, que fue revisada por la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Paola Meneses, determinó que no hubo vulneración del debido proceso, pero señaló que la Corte Suprema cometió un error al ordenar el reintegro sin considerar el estado físico del jugador. Según el artículo 26 de la Ley 316 de 1997, las condiciones físicas deben ser compatibles con el cargo a desempeñar, especialmente en el caso de futbolistas profesionales que participan en alta competencia.
“La Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que la Sala de Descongestión demandada no incurrió en el defecto fáctico, por cinco razones. Primero, la accionada sí valoró las anotaciones de la historia médica-laboral anteriores a 30 de septiembre de 2014. En efecto, para concluir que la evolución excelente del deportista se refería a la evolución de la cirugía, que no a sus condiciones óptimas, debió valorar las anotaciones anteriores que, además, transcribió en la sentencia reprochada.
Segundo, si bien la historia médica-deportiva da cuenta de que el jugador hizo trabajos de campo y fue incorporado al equipo profesional, como lo indicó la accionante, el examen médico de retiro refería secuelas del accidente laboral, por lo que requería tratamiento y seguimiento por ortopedia y fisioterapia, entre otras. Por tanto, no resulta irrazonable que la Sala de Descongestión indagara por las referidas secuelas.
Tercero, la autoridad judicial accionada valoró pruebas posteriores a la terminación del contrato de trabajo para reafirmar que el deportista no gozaba de excelente estado de salud para el momento de la terminación del contrato. En todo caso, ese análisis contextual resultaba acertado, habida cuenta de las conclusiones sobre las secuelas del accidente laboral y de las recomendaciones médicas que hizo la médica ocupacional en el examen de retiro”, señala el comunicado emitido por el alto tribunal.
La decisión de la Corte Constitucional implica que la Corte Suprema debe emitir un nuevo fallo sobre la orden de reintegro, teniendo en cuenta las particularidades ocupacionales de los futbolistas. Esto podría significar que Perlaza obtenga una indemnización, pero no necesariamente su regreso al club.
La magistrada Natalia Ángel salvó su voto, argumentando que el fallo inicial que favorecía a Perlaza debía mantenerse intacto. Este caso es un fiel reflejo de la complejidad de los derechos laborales en el ámbito deportivo y la necesidad de una regulación que equilibre los derechos de los trabajadores con las exigencias del deporte profesional.
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