Así como lo hizo con los centros penitenciarios del país, la Corte Constitucional declaró Estado de Cosas Inconstitucional para las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), al establecer la violación sistemática de derechos de los detenidos.
Con base en ello, la Sala Plena estableció un plan de acción a mediano y largo plazo, cuya implementación deberá tomar máximo seis años, en el que ordena, entre otras, “disminuir y acabar con el hacinamiento en las inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y lugares similares”.
A tal extensión en la declaración de Estado de Cosas Inconstitucional se llegó tras la revisión de nueve expedientes acumulados sobre la situación de las personas privadas de la libertad en inspecciones, estaciones de Policía y URI. Cuatro de las acciones tutelares fueron presentadas por los ciudadanos afectados, otras cuatro por representantes del Ministerio Público y una por un agente oficioso.
Quienes realizaron las peticiones expusieron, según la Corte Constitucional, hacinamiento, fallas de infraestructura, falta de ventilación y dificultad de acceso a los servicios sanitarios dentro de estos lugares. Así mismo, sustentaron que a los detenidos no se les permite entrevistarse con sus familiares, la falta de suministro de alimentos y riñas. Por tanto, se solicitó la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, a la dignidad humana y a la salud.
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