El paro nacional que se llevó acabo en Colombia desde finales del mes de abril y se extendió por más de 50 días, dejó en evidencia más de 4.285 casos de violencia ejercida por las autoridades colombianas. Según reportó en su momento la ONG Temblores, se pudo reportar al menos 43 homicidios cometidos por policías que hoy se encuentran en investigación.
Entre los casos se encontró el asesinato del joven Cristian David Castillo, de 26 años, quien fue impactado por un proyectil de gas lacrimógeno en el cráneo el pasado 22 de junio. De acuerdo con información de medios colombianos, el inició del proceso penal contra el policía del Esmad Gonzalo Moreno Gordillo por la muerte de Castillo se dio este 11 de diciembre, sin embargo, la Corte Constitucional debe decidir qué jurisdicción judicial debe seguir el proceso contra el uniformado, si la Justicia Penal Militar o la justicia ordinaria.
La noticia fue dada luego del primer juicio. Pues de acuerdo con Caracol Radio, cuando iba a concluir la imputación de cargos en contra del uniformado, por el delito de homicidio doloso, su defensa recusó a la jueza del caso y solicitó que envíe el caso a la Justicia Penal Militar.
Sin embargo, ni la defensa de la victima ni la Fiscalía estuvieron de acuerdo con la petición de la defensa del uniformado por lo que la jueza 28 penal de Garantías de Bogotá envió el expediente a la Corte Constitucional.
“Este despacho considera que este asunto es competencia de la jurisdicción ordinaria, no obstante, a efectos de no vulnerar derechos ni garantías fundamentales del aquí indiciado, el señor Moreno Gordillo, este despacho enviará estas diligencias a la honorable Corte Constitucional”, anotó la funcionaria.
De acuerdo con la investigación existen pruebas que Moreno Gordillo disparó su arma de gas lacrimógeno a 27 metros de distancia y la granada quedó incrustada en el cráneo de la víctima lo que le provocó la muerte.
Otros casos
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a un patrullero y dos comandantes de la Policía Nacional por la muerte de seis ciudadanos durante las manifestaciones del Paro Nacional.
Se trata del coronel Edgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía de Cali; el teniente Néstor Mancilla, comandante de los Grupos de Operativos Especiales de Seguridad (Goes); y el patrullero Wilson Orlando Esparragoza.
Los tres uniformados fueron imputados por los delitos homicidio agravado y afectación a la integridad de los ciudadanos.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía responsabilizó a los policías por la muerte de José Emilson Ambuila, Kevin Antonhy Agudelo, Harold Antonio Rodríguez, Einer Alexander Lasso, Edwin Villa Escobar y Miguel Ángel Pinto.
De acuerdo con el ente acusador, en el caso del comandante operativo de la Policía de Cali, Edgar Vega, este tenía la posibilidad de evitar varios de los hechos que se registraron durante las manifestaciones pues los uniformados implicados en las muertes de los ciudadanos estaban bajo su mando.
En el caso puntual del patrullero Esparragoza, la Fiscalía lo responsabilizó de la muerte de Miguel Ángel Pinto, un ciudadano que trabajaba vendiendo zapatillas y murió luego de recibir un disparo en el sector de Puerto Rellena, denominado por los manifestantes como ‘Puerto Resistencia’.
Al parecer, el uniformado le habría disparado al vendedor de zapatillas en medio de los enfrentamientos que se registraron el 29 de abril en esa zona de Cali. Esto ocurrió muy cerca del CAI de Villa del Sur, donde ejercía servicio el patrullero imputado.
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