Córdoba frente al narcotráfico

Por su ubicación geográfica, su buena conectividad, su densidad poblacional y el acceso a insumos químicos que son imprescindibles en la cadena de producción de la droga, Córdoba se ha convertido en un campo fértil para la penetración de poderosas mafias que lucran con la vida de los jóvenes. No hay que perder de vista que esta provincia se encuentra en el cruce de las rutas de la cocaína y de la marihuana, que penetran respectivamente por las fronteras del NOA y el NEA, lindantes con los principales países productores.

El mercado narco se encuentra bien segmentado y cuenta con clientes tanto entre los pibes de las barriadas populares como entre sus coetáneos de clase media y alta que los fines de semana abarrotan los boliches de moda o son asiduos concurrentes de las promocionadas fiestas electrónicas, en las que suelen circular drogas sintéticas altamente tóxicas. “El narcotráfico perforó todos los estamentos sociales y las bandas dedicadas al narcomenudeo lamentablemente también utilizan menores de edad para delinquir”, afirma el comisario inspector Francisco Adrián Salcedo, jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Para hacer frente a este complejo desafío, la Legislatura provincial sancionó en 2012 la ley 10.067, por la cual Córdoba adhirió a la normativa nacional de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. En su artículo 6º, la ley provincial encargó al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Seguridad de este distrito que coordinaran acciones tendientes a “producir un blindaje al ingreso y tránsito de drogas dentro del territorio de la Provincia de Córdoba”. Entre dichas acciones, se enumeraban los “controles vehiculares, de cargas y equipajes, tanto en rutas de la Provincia, terminales terrestres de transporte de pasajeros y en las áreas de las terminales aéreas de jurisdicción provincial”.

El narcotráfico perforó todos los estamentos sociales y las bandas dedicadas al narcomenudeo también utilizan menores de edad para delinquir.

¿Cómo se articuló esta política con una eficaz persecución judicial del delito? En una primera instancia, se creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con competencia sobre los delitos vinculados con el narcomenudeo. Está compuesto actualmente por un Juzgado de Control y tres Fiscalías de Instrucción ubicados en la ciudad de Córdoba; en tanto que en el interior de la provincia existen Fiscalías de Instrucción Móviles en Cosquín, Río Cuarto y Villa María, además de secretarías especializadas que funcionan en las Fiscalías de Instrucción de San Francisco, Villa Dolores, Laboulaye y Deán Funes.

El siguiente paso fue la disolución de la desprestigiada Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Córdoba y la conformación de una nueva Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), estructurada como un cuerpo profesional independiente especializado en la prevención, disuasión, conjuración e investigación del narcomenudeo. La ley 10.200, sancionada por la Legislatura cordobesa en abril de 2014, estableció la creación de esta nueva fuerza bajo la dependencia funcional del Fiscal General de la Provincia y determinó que la misma funcionara como auxiliar del fuero local de Lucha contra el Narcotráfico, además de colaborar con autoridades de otras jurisdicciones provinciales y con la Justicia Federal cuando así le fuere requerido.

“Somos la única provincia que cuenta con una estructura de este tipo, lo que nos ha permitido ocuparnos con mucha eficacia del narcomenudeo, eslabón complejo y muy importante en el marco del problema del narcotráfico”, asegura Alejandro Moyano, el fiscal general de Córdoba, quien destaca el hecho que los fiscales antinarcotráfico de la provincia cuentan con “una fuerza específica que depende exclusivamente de ellos y que está a disposición del fuero los 365 días del año”. El funcionario destaca, asimismo, la colaboración interjurisdiccional: “La relación con otras fuerzas, tanto federales como provinciales, es excelente. Así lo demuestra el número de actuaciones conjuntas que hemos realizado tanto con la Policía de Córdoba como con la Policía Federal y con Gendarmería Nacional. Mantenemos también una constante relación de coordinación con otros distritos, especialmente con Santa Fe, distrito con el que compartimos muchos kilómetros de límite interprovincial”. Desde la FPA confirman que han realizado un total de 4356 operativos conjuntos con otras fuerzas de seguridad federales y provinciales.

¿Cómo se recoge la información sobre los puntos de venta y distribución de la droga? Los cordobeses cuentan con la línea gratuita 0-800-888-8080, que recaba denuncias anónimas dirigidas directamente al Ministerio Público Fiscal. Por lo general, según admiten los responsables provinciales, las denuncias apunta a los “kioscos”, tal como se denomina a los puntos de venta ubicados en los barrios. “Es difícil que el vecino se encuentre con una organización narco de grandes dimensiones; por lo general, denuncia los puntos de venta de droga que dificultan la vida del barrio y generan una afluencia de personas desconocidas, lucha entre bandas por la territorialidad y otros delitos asociados, como robos y arrebatos”, describe el jefe de la FPA, Salcedo.

Una vez que la denuncia anónima ingresa la información al Ministerio Público, se genera un número de expediente y los fiscales se encargan de investigar el caso. En la ciudad de Córdoba, más del 70% de los sumarios iniciados por “narcomenudeo” han tenido su origen en llamadas al 0-800. Tal como se encarga de explicar el fiscal general Moyano, “la gente puede comunicarse ante cualquier sospecha o duda”, ya que “no tiene la obligación de aportar pruebas”. “La búsqueda de las pruebas es responsabilidad del fiscal”, completa el funcionario, y pide a los vecinos que tengan paciencia porque “la investigación de estos delitos es distinta a la de cualquier otro delito, porque para conseguir y preservar la prueba se deben tomar ciertos recaudos que llevan su tiempo”.

En ese sentido, Salcedo enfatiza: “Los elementos de prueba son de difícil obtención porque debemos vulnerar la estrategia propia de las organizaciones y hacer inteligencia previa para detectar cómo colocan el producto en la calle. Sabemos que el allanamiento es el paso final luego de una investigación previa que incluye testimonios y otros medios de prueba. Nuestros efectivos deben mantener la calidad de la prueba, desarrollar bien el procedimiento y conservar la corrección en el trato con la persona cuya vivienda es allanada”. El objetivo final, afirmó el jefe de la FPA, “no es dar un golpe de efecto, sino cerrar el punto de venta de droga”. “Sabemos que si desmantelamos esos ‘kioscos’ estamos incidiendo positivamente en la calidad de vida de las personas”, manifiesta.

“Nuestro personal tiene una particularidad: se baja y recorre aquellos lugares a los que es imposible ingresar con un vehículo. Esa modalidad, sumada a la tecnología con la que contamos, nos sirve para hacer un relevamiento del lugar y mantener una presencia sostenida en las zonas más afectadas”, ilustra Salcedo. Una de las particularidades del personal de la FPA es que quien ingresa a la fuerza lo hace en calidad de interino y recién es efectivizado y adquiere estabilidad después de transcurridos los primeros dos años de prestación de servicios y una vez superadas las evaluaciones de rendimiento y aptitud.

Actualmente la FPA tiene 280 efectivos, todos en un escalafón único que cuenta con dos especialidades básicas: Investigaciones, con funciones de inteligencia preventiva; y Operaciones, a cargo de la intervención directa por medio de operativos desplegados en el territorio. Hoy, la Fuerza cuenta con 130 investigadores y 120 efectivos de calle, además de 30 civiles incorporados. Cuenta, además, con su propia división canina: la División K-9 antinarcóticos, con un total de 33 perros –17 ovejeros alemanes, cuatro ovejeros belgas malinois y doce mestizos de ambas razas–, entrenados en la detección de cocaína, marihuana y armas de fuego, tanto para marcación activa como pasiva. En la actualidad la fuerza está trabajando, bajo la autorización de la Fiscalía General de la Provincia, en un proyecto para entrenar a estos mismos canes, de manera que estén en condiciones de detectar éxtasis.

En sus primeros dos años y medio de actividad, la FPA ha mostrado ser una fuerza efectiva y altamente profesionalizada. Luego de 1839 allanamientos realizados hasta la fecha, se ha detenido a 3274 personas y se han secuestrado 232.433 dosis de cocaína y 632.485 dosis de marihuana. El total, traducido en dinero, asciende a más de 57 millones de pesos, a los que se suma la incautación de casi 13 millones de pesos en efectivo. También se han secuestrado 152 armas de fuego. Estos operativos han permitido el cierre de 885 bocas de expendio de droga y la desarticulación de 116 bandas criminales dedicadas al narcomenudeo, lo que ha permitido sacar de circulación a 514 referentes de estas organizaciones delictivas.

*Esta nota fue publicada en la Revista DEF N. 113

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS