Cooperativas de trabajo vinculadas a las mismas personas que funcionaban como “empresas de un mismo holding”, contratadas por el Municipio de Quilmes sin que esas contrataciones estuvieran “debidamente justificadas, ni por las necesidades del trabajo ni por los montos”. Esta conclusión preliminar se desprende del entrecruzamiento de datos recabados, hasta ahora, por los investigadores judiciales en el expediente que tramita en la Justicia Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Silvia Cavallo.
La causa investiga desde hace dos meses las posibles irregularidades en los pagos por $671 millones a cooperativas y empresas vinculadas a funcionarios, ex funcionarios de ese Municipio y alleagdos, a partir de una publicación del sitio El Disenso. Se abrió luego de una “autodenuncia” de la propia intendenta, la camporista Mayra Mendoza, quien se presentó ante la Justicia Federal de Quilmes a través de un abogado del Municipio, y pidió que “se investigue la denuncia de un portal periodístico que pretende divulgar información falsa y maliciosa”. En el expediente aumenta, semana a semana, la información recabada, y hay un abanico de personas, sociedades. cooperativas, movimientos de dinero y bienes bajo análisis.
Están imputados, hasta ahora en la Justicia Federal de Quilmes, la propia intendenta, ya que fue quien firmó los decretos de las contrataciones directas con las cooperativas; el ex subsecretario de Hábitat de su gestión, Sebastián Raspa; el también ex funcionario del Municipio de Quilmes Martín Bordalejo; y el empresario local José Alejandro Scozzari. La carátula de la investigación lleva los posibles delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta.
“Los expedientes municipales que dan origen a los decretos firmado por Mayra Mendoza son desprolijos en cuanto a necesidades, plazos y montos, y no está debidamente justificado por parte del Municipio el motivo de la contratación de esas cooperativas. En su mayoría, son para limpieza, cortado del pasto o mantenimiento general de espacios verdes, tareas que luego de un tiempo son incomprobables. No se trata de reparaciones, por ejemplo de un techo, con un requerimiento verificable detrás”, le dijo una fuente judicial a Infobae. Diferenció estas contrataciones de las realizadas por Aysa para realizar obras, que tenían un estudio técnico previo, y hasta tenían el monto requerido detallado con centavos.
“Parecería más bien una maniobra para desviar fondos del Municipio, de los cuales luego una parte iría al bolsillo de los involucrados, y otra quizás retornaba a la política”, deslizó la fuente con acceso a las pruebas que hay en el expediente hasta el momento. “Hay contrataciones en las que las tres cooperativas que se presentan para justificar el monto adjudicado de forma directa están vinculadas a la misma persona”, agregó, en referencia a Bordalejo.
La intendenta de Quilmes e integrante de la mesa de La Cámpora aseguró en un video que publicó en la redes que las acusaciones en su contra eran “noticias falsas”, y definió las publicaciones periodísticas como una “operación mediática que busca generar odio y violencia contra el kirchnerismo”. También desmintió la acusación “de hacer pagos a cooperativas que no trabajan”. Explicó que las contrataciones con cooperativas para tareas de mantenimiento del municipio se hicieron porque, cuando llegó, había solo 23 personas para esas tareas y decidió mantenerlas. “Se hicieron respetando los procedimientos administrativos”, aseguró. Y agregó que esas cooperativas trabajaban en el Municipio desde 2009.
Sin embargo, fuentes de la anterior gestión encabezada por Martiniano Molina, del PRO, señalaron a Infobae que Raspa no era funcionario del municipio durante su mandato, y las tareas de limpieza de espacios públicos y de mantenimiento urbano eran realizadas mayormente por los empleados del Municipio, unos 2.000, y no por cooperativas contratadas bajo su intendencia.
También dieron precisiones sobre la dotación de cada una: Higiene Urbana, 210 empleados municipales; Recolección de Residuos, 900; y Servicios Públicos, otros 900, incluido el personal de 7 delegaciones, Parques y paseos, alumbrado, agua y saneamiento. “Nos manejamos los recuros que maneja ahora la gestión de Mayra Mendoza. Las cooperativas tuvieron durante nuestro mandato proyectos muy puntuales y casi no teníamos manejo sobre ellas”, se despegaron cerca de Molina.
Las cooperativas beneficiadas
Las cooperativas de trabajo involucradas en la maniobra bajo sospecha están, en su mayoría, vinculadas a Bordalejo. Hasta mayo del 2020, fue jefe de la Dirección General de Relaciones Institucionales de Quilmes y se convirtió, en la gestión de Mendoza, en uno de los principales beneficiados, a través de las cooperativas que controla, de los fondos otorgados por el Municipio provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De profesión abogado, también fue tesorero de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) hasta el 2021.
La cooperativa de trabajo más beneficiada fue La Estrella, de la cual es responsable. Recibió entre el 26 de marzo de 2021 y el 28 de abril de 2022 contrataciones directas por $396.802.792, según el relevamiento de los boletines oficiales de Quilmes hecho por la Unidad de Datos de Infobae. Los millonarios fondos fueron para el mantenimiento de plazas y “embellecimiento de espacios públicos”, adquisición de plantas ornamentales para distintas calles del distrito, y limpieza de basurales.
Otra de las cooperativas controladas por ese ex funcionario de Quilmes es la Cooperativa de Trabajo Progreso Limitada. Resultó favorecida con contratos del Municipio durante lo que va de la gestión de Mendoza por un total de $63.187.548 en solo seis meses, entre el 12 de abril de 2021 y el 13 de octubre de ese año. La tercera vinculada también a Bordalejo, bajo la lupa judicial, es la Cooperativa de Trabajo para el Futuro Limitada. Si bien no figuran contrataciones en el Boletín Oficial de Quilmes, según corroboró Infobae, una fuente oficial advirtió que no todas las adjudicaciones salen publicadas ya que, según el monto, no hace falta que las firme la intendenta, sino que salen como una resolución de la Secretaría de Hacienda municipal.
En tanto, su padre, Julio Bordalejo, un jubilado de 85 años, figura como tesorero de la Cooperativa La Unión de Azul, que recibió contratos durante la gestión de Mayra Mendoza por $122.748.901. Fueron dos adjudicaciones el año pasado y una en febrero para realizar tareas de recolección de residuos de poda y desmalezado, y obras en el “Barrio Kilómetro 13″.
Según la documentación recabada por los investigadores y secuestrada en los allanamientos ordenados por Armella, Bordalejo presentó los formularios para inscribir estas cooperativas como proveedoras del Municipio de Quilmes, apenas 20 días después de dejar la función pública.
La otra cooperativa bajo investigación es Barrio Unido, cuyos responsables son Raspa y su pareja, Romina Cangelosi, quien también es empleada del Municipio, en la Dirección General de Personas Mayores de Quilmes. Si bien Barrio Unido no fue contratada por el Municipio de Quilmes – ya que no podía hacerlo mientras Raspa era funcionario -, sí es proveedora de las otras cooperativas de Bordalejo investigadas. Las facturas secuestradas en los allanamientos tenían conceptos muy generales, tales como “logística entre cooperativas”, lo que despertaron sospechas entre los investigadores. “Parecía más una formalidad para justificar la salida del dinero que otra cosa”, le dijo uno de ellos a Infobae.
Raspa se desempeñó hasta el 27 de abril último, en su doble rol de funcionario municipal y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo, que agrupa a cooperativas de la zona. La Federación funciona en una casa en Quilmes, detrás de un portón negro sin identificación ni cartel alguno, sobre la calle Sudamérica 20, al que acudió Infobae. Allí una empleada administrativa confirmó que era el domicilio de la Federación y de otras cooperativas locales.
“Todas están vinculadas entre sí y funcionan como un holding, con préstamos cruzados. Comparten directivos, contadores y domicilios”, precisó un funcionario judicial con acceso al expediente. De la documentación aportada por la AFIP al Juzgado, y analizada también por la fiscal Cavallo, surgen un profuso entrecruzamiento de dinero entre las cooperativas investigadas, Raspa, Bordalejo y Scozzari, así como entre sus empresas, tanto las que tienen cada uno, como las que comparten.
En paralelo a su rol de ex funcionario y cooperativista, Raspa es socio con Bordalejo y de Scozzari de la constructora JD Vitruvio SAS, y con Bordalejo, de Canton Tower Gestiones Integrales SAS. Ambas empresas informan como domicilio Sudamérica 20, el mismo de las cooperativas agrupadas en la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo. Los investigadores encontraron con que hay una cooperativa de las que está siendo investigada que le factura a Canton Tower Gestiones Integrales SAS, la empresa de Raspa y Bordalejo.
Esos movimientos llamativos de dinero no involucran a Mayra Mendoza en forma personal, al menos de la documentación que hasta el momento figura en el expediente. Ahora la Justicia deberá determinar si lo declarado como ganancia de las empresas, o a título personal, es consistente con sus consumos, sus bienes o inversiones.
Préstamos cruzados
Del informe de la UIF revelado por Infobae hace un mes surgen créditos cruzados entre Bordalejo, Raspa y Scozzari, y las cooperativas y empresas bajo su control. Esta operatoria ya figuraba en el informe enviado por la AFIP, en el que Bordalejo declaró ante las autoridades fiscales haber recibido préstamos por $58.250.000 en 2020 para supuestamente comprar la ex clínica Brandsen, hoy Clínica Materno Infantil, en sociedad con Scozzari.
Entre los acreedores de Bordalejo figuran el propio Scozzari, a través de su empresa The Wolf Building, que le “prestó” $21.400.000. Esta constructora recibió contratos del Municipio, en lo que va del mandato de Mendoza por más de $88,5 millones, entre mayo del 2020 y abril de 2022.
Su otro socio Raspa le habría prestado $7.350.000, según declaró Bordalejo ante la AFIP, y la cooperativa en la que el hoy ex secretario de Hábitat es responsable, Barrio Unido Limitada, le dio otro préstamo por $3.600.00. Lo llamativo sería que ni Scozzari ni Raspa habrían declarado esos préstamos ante el organismo fiscal. “O tenían ese dinero no declarado, o no hubo tales préstamos y son un dibujo contable”, especuló un investigador judicial. Por este motivo, la Justicia ahora buscará determinar si tenían capacidad patrimonial para contar con ese dinero y poder prestarlo.
Otro de sus acreedores, según informó a la AFIP, es Martín Leonel Borgio, proveedor del Municipio de Quilmes, que le prestó $19.500.000 a Bordalejo. Borgio fue adjudicado con contratos por $86.286.506, entre 2020 y 2021, según detectó Infobae, para la provisión de módulos alimentarios de emergencia para escuelas y jardines maternales. Sobre Borgio, el Juzgado también quiere conocer sus declaraciones juradas fiscales.
Según los expertos, los préstamos por montos elevados sin justificación pueden constituir una maniobra de lavado de dinero.
Batería de medidas
A partir del informe reservado de la Unidad de Información Financiera que llegó al Juzgado, Armella dispuso una serie de medidas en las últimas dos semanas. Al ser información de inteligencia, los datos requieren ser acreditados por documentos oficiales.
Entre ellas, se enviaron oficios a las entidades bancarias para la información de las cuentas y transacciones de Raspa, Bordalejo Scozzari y Mendoza, las cooperativas bajo investigación, y las empresas que forman parte de la trama investigada. “El objetivo es cruzar todas las declaraciones juradas con los movimientos de dinero, de propiedades y societarios”, adelantó un investigador judicial.
El magistrado también mandó oficios a escribanos para recabar todas las operaciones de compra y venta de propiedades de los involucrados, a partir de la información aportada de la UIF, así como los poderes otorgados. Un dato que surgió de la información recabada hasta ahora es que los imputados operaban con los mismos escribanos.
Según el informe confidencial de la UIF, Scozzari registró cambios de fichas y premios en casino, reiteradas veces, especialmente en los últimos dos años. Entre 2021 y 2022, el empresario quilmeño registró, al menos, 11 operaciones de cobro de fichas y premios en el Bingo Godel de Quilmes y el Casino de Buenos, en varios casos por montos fraccionados. Y si se suman las de años anteriores, totalizan 22 por más de $1.500.000 y USD 40.000. Si bien el monto de los premios canjeados no es tan significativo, la maniobra llamó la atención de los investigadores por ser una operatoria típica de lavado de dinero.
Infobae contactó a Raspa y Bordalejo a sus celulares, pero no respondieron las preguntas enviadas por mensaje ni los llamados. También se comunicó con Juan Tiberio, abogado de Scozzari, quien se limitó a responder que había renunciado al expediente. Este medio no logró ubicar a Scozzari en el que sería su celular.
La sociedades en el exterior
La investigación también apunta a tres sociedades en Miami a través de las cuales, reveladas por El Disenso e incluidas en la denuncia judicial, se habría girado dinero al exterior. Se trata de firmas registradas en en esa estado norteamericano bajo los nombres de Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC. Creadas en noviembre de 2020, en sus directorios también figuraba Scozzari hasta quefueron disueltas el 6 de mayo último. La tercera, SCO Investments LLC, fue registrada en mayo de 2017, y sigue vigente. Dejó de tener a Bordalejo como “miembro autorizado”, aunque sí continúa Scozzari.
Las tres compartían el mismo domicilio legal y de recepción de correspondencia en la Unidad 304 del condominio IOS on the Bay, en Miami. Infobae fue hasta el edificio ubicado en 720 NE 62ND Avenue, pero el encargado de la entrada no conocía a las sociedades por su nombre, ni a los argentinos vinculados a ellas. Según información que consta en el expediente, ni Raspa, ni Bordalejo ni Scozzari no declararon ante la AFIP las sociedades que habrían constituido en Miami,
El juez Armella envió ya exhortos a Estados Unidos para corroborar la vinculación con los imputados y posibles adquisición de bienes o movimientos de dinero a nombres de esas offshore.
Con la colaboración de Desiré Santander.
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