La Contraloría General de la República identificó tres hallazgos con presunta incidencia fiscal por irregularidades en la Unidad Nacional de Protección (UNP), que podrían generar detrimento patrimonial al Estado.
Por medio de una auditoría financiera que realizó el ente de control a la UNP, se descubrió que varias administraciones locales tienen una millonaria deuda con la UNP por servicios de protección prestados.
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Primer hallazgo: presunto daño patrimonial de $6.321 millones
Existe un presunto daño patrimonial de $6.321 millones, como consecuencia de deudas que desde hace más de cinco años gobernaciones y alcaldías tienen con esta entidad por concepto de servicios de protección que se les ha brindado.
En la auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el sector Defensa y Seguridad, se evidenció que la UNP tiene cuentas por cobrar correspondientes a convenios interadministrativos suscritos desde 2016 con entidades del orden nacional y territorial por concepto de servicios prestados con hombres de protección y arrendamientos de vehículos automotores y otros servicios de protección.
Varias de las entidades que no han cumplido con los pagos pactados en estos convenios con la UNP son las gobernaciones de Norte de Santander, Meta, Arauca, Vichada, Caquetá y Guajira, así como la Cámara de Representantes, el Fondo Paz, el Ministerio de Agricultura y el Invima.
Segundo hallazgo de carácter tributario a la Dian
La Contraloría identificó un hallazgo de carácter tributario que supera los $15.000 millones por arrendamiento de vehículos blindados de la UNP, en el cual se evidenció que en la facturación presentada por el contratista hubo un error.
Como resultado de la auditoría se determinó que en los contratos suscritos por la UNP en la vigencia 2022, relacionados con el arrendamiento de vehículos blindados, la facturación presentada por el contratista, el IVA se calculó teniendo como base gravable especial la establecida en el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, es decir, 19% sobre el AIU (administración, imprevistos y utilidad).
Sin embargo, el artículo 447 señala que la tarifa general aplicable en “la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación”. De esta forma, la Contraloría determinó una inadecuada liquidación del dinero al comparar el IVA facturado y el IVA calculado sobre la base general del 19% sobre el valor total del contrato.
Tercer hallazgo: incumplimiento contractual en adquisición de software
El ente de control evidenció un incumplimiento en el contrato suscrito para la adquisición de un software ERP, hecho por el cual se generó un presunto daño patrimonial de $481.375.350.
El contrato suscrito entre la UNP y la empresa Novasoft, tenía como objeto entregar el software para garantizar la optimización de los procesos de gestión, adquisición y administración de bienes y servicios, gestión estratégica del talento humano y viáticos de la Unidad Nacional de Protección.
Dicho software no fue entregado. La UNP no otorgó prórroga al contratista, pero tampoco adelanto el debido proceso, ni se hicieron efectivas las garantías. Por tal razón, se generó un presunto daño al patrimonio público por el 50% del valor del contrato, que fue de un poco más de $481.000 millones.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) actualmente sigue envuelta en el escándalo de corrupción que se orquestó al interior de la entidad, en el que no solo se usaban los carros de forma indebida, sino que en el sistema están relacionados políticos, escoltas, contratistas, militares, grupos armados y comerciantes.
El pasado 17 de julio de 2023, el exsubintendente de la Policía Nacional, Manuel Castañeda Bernal, fue imputado por su presunta participación en el transporte de estupefacientes en un vehículo de la UNP.
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