Aunque el gobierno del presidente Gustavo Francisco Petro viene implementando los denominados Puntos de Mando Unificado (PMU) por la Vida, para proteger a los líderes sociales en el país, no cesan los homicidios de estas personas que trabajan por sus comunidades y por la defensa de los derechos humanos en Colombia, el más reciente fue el de Álvaro Bailarín Sapia, gobernador del resguardo indígena de Valle de Pérdidas, en Urrao (Antioquia).
La Organización Indígena de Antioquia (OIA) informó en un comunicado, que se conoció este martes, que el dirigente de la comunidad ancestral sufrió un atentando por un hombre armado que le disparó en dos oportunidades en el barrio 20 de julio en el mencionado municipio, el pasado viernes 14 de octubre.
“A pesar de que (…) fue llevado por sus familiares a un centro asistencial, la gravedad de las heridas en su cabeza y pecho, le ganaron la batalla a la vida, por lo que su fallecimiento se registró a las 7 de la mañana del 15 de octubre (sic)”, indicaron.
En el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) también se pronunciaron por este nuevo homicidio e indicaron que Bailarín se caracterizaba por su compromiso con su resguardo.
“La comunidad lo reconocía como uno de los gobernadores más sólidos en la gestión de proyectos, lo que le permitió ser elegido por 8 años consecutivos como la autoridad (sic)”, afirmaron.
Sin embargo, en el comunicado de la OIA aseguraron que no se tenía conocimiento de que Bailarín Sapia hubiera recibido amenazas e instaron a las autoridades competentes para que no haya impunidad por este crimen.
“Lloramos como movimiento indígena y como Organización Indígena de Antioquia, la muerte de un líder sin igual, exigiendo a las autoridades competentes investigación, captura, judicialización y condena para el asesino (…) es el cuarto indígena asesinado este año en Antioquia (sic)”, solicitaron.
Además de enviar sus condolencias a los familiares y allegados del gobernador indígena, que deja tres hijos menores de edad, en la OIA le exigieron a los grupos armados ilegales que delinquen en ese departamento cesar los atentados y ataques contra las comunidades ancestrales que habitan en esa zona del país.
“Reiteramos una vez más nuestro apoyo decidido al clamor de las comunidades indígenas del departamento, para que todos los actores armados legales e ilegales, respeten la vida de los hombres y mujeres de los pueblos Embera Eyábida, Dóbida, Chamí, Gunadule y Senú, todos pueblos en peligro de exterminio físico y cultural por cuenta del conflicto armado colombiano”, instaron.
Con este nuevo crimen, se llega a la escabrosa cifra de 11 líderes sociales asesinados, superando al mes anterior, cuando se logró una reducción a ocho crímenes, teniendo en cuenta que el promedio mensual era de 13 homicidios.
De hecho, al día siguiente del deceso del dirigente indígena, fue ultimado el líder social y periodista Rafael Emiro Moreno en Montelíbano (Córdoba).
Incluso entre los fallecidos de este presente mes está otro líder de comunidades ancestrales: Gerardo Pai Nastacuas quien era un reconocido sabedor de la comunidad Awá, de 61 años, quien murió tras caer en un campo minado, el pasado domingo 9 de octubre.
Aparte de él, este mes los violentos se ensañaron contra líderes sociales en el sur del país, como fue el caso de Silvio Landazury Castillo, quien tras ser interceptado en la inspección de Puerto Limón, en la vereda Villa Nueva, en zona rural de Mocoa (Putumayo) un hombre armado le quitó la vida.
Posteriormente, en el mismo departamento, pero en Puerto Leguízamo, se reportó el doble homicidio de Ferney Morales y Rigo Alape miembros de la campesina Asociación de Trabajadores Campesinos del Mecaya (Astracam), una filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).
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