El sábado 9 de septiembre se dio a conocer la integridad de la nueva política de drogas del Gobierno de Gustavo Petro, durante una conferencia internacional en la materia en la capital del Valle del Cauca. Varios fueron los puntos tratados, pero una de las que más llamó la atención fue: la justicia terapéutica y restaurativa.
Esta es una acción estratégica para garantizar el acceso a la detección, tratamiento y atención de los problemas por consumo de sustancias psicoactivas. Según la iniciativa, las personas que hayan cometido delitos relacionados con drogas, con ocasión del consumo problemático de sustancias psicoactivas, accederán a tratamiento en salud y garantizarán la reparación de las víctimas, a cambio de no recibir una pena en centro penitenciario.
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Según el documento de política de drogas: ‘’El enfoque de justicia terapéutica permite desarrollar programas de tratamiento, así como la prevención del delito a través de la construcción de nuevos proyectos de vida personales, familiares y comunitarios”.
En esa línea, el Ministerio de Justicia, que estuvo frente a la presentación de la política de drogas, manifestó que para que esta política sea una realidad se requiere que el ciudadano reconozca que esa persona que está o puede ser condenada, ya que tiene un problema de salud. Por lo que el Gobierno espera que el fenómeno de las drogas sea entendido desde la evidencia y no desde la estigmatización.
El Ministerio además mencionó que se plantean entregar medidas socioeconómicas que favorezcan a los pequeños productores de coca, en lugar de acciones penales. Y que la comunidad debe entender que no se trata de narcotraficantes, sino que su vinculación al mercado ilícito se debe a las condiciones de pobreza y marginalidad.
El cultivo de coca elevó sus niveles históricos en Colombia: Unodc
El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simic) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) detalló que los cultivos de coca se siguen localizando en los mismos territorios: Nariño, Norte de Santander y Putumayo y el 45% del total de la coca se concentra en solo 10 municipios donde en años anteriores se reportó una reducción en el área asociada en gran medida con la intervención de la erradicación forzosa.
De 1.122 municipios del país, 181 presentan afectación por coca tan solo en 12 se concentra la mitad de la coca. Tibú ocupa el primer lugar con cerca de 22 mil hectáreas de tierra cultivada, el 41% de la coca se localiza en los enclaves productivos, donde hay más zonas productoras por kilómetro cuadrado y los lotes son más productivos.
El aumento de área sembrada incluye lotes nuevos que aún no han alcanzado su edad más productiva, lo que refleja parte de la diferencia entre las magnitudes de incremento. En las nuevas áreas el incremento ocurrió de forma acelerada lo que facilita la conformación de nuevos enclaves productivos en zonas como el norte del Chocó y Cauca, la concentración puede ser explicada por una relación geográfica donde 12 de los 14 enclaves se localizan en departamentos con salida directa al mar, zonas donde existe una convergencia de los grupos armados ilegales, narcotraficantes y productores.
Estos resultados responden a la interacción de factores estructurales presentes en Colombia y que están relacionados a: la vulnerabilidad territorial, el aumento de la demanda global de cocaína y la dinámica de los actores ilegales del narcotráfico.
Incautaciones de cocaína en el primer año de Gustavo Petro
Según las cifras entregadas por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a comienzos de agosto de 2023 las autoridades habían concretado la incautación de 605 toneladas de cocaína desde el 7 de agosto de 2022 – año en el que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño-.
El ministro Velásquez enfatizó en que esta cifra superó lo logrado por el Gobierno encabezado por Iván Duque, en cuya gestión se logró, en el primer año de mandato, el decomiso de 389 toneladas de drogas ilícitas.
Velásquez añadió que, en el primer semestre de 2023, se incautaron 312 toneladas de clorhidrato de cocaína, gracias a las operaciones de las autoridades durante este periodo, lo que habría significado una pérdida de alrededor de 32 mil millones de dólares para las estructuras criminales.
Además, las incautaciones del estupefaciente llevadas a cabo por la fuerza pública desde enero hasta julio de 2023, impidieron que 794 millones de dosis hayan salido al “mercado de la muerte”.
Por otra parte, Velásquez señaló que otro de los grandes objetivos de la actual administración tiene que ver con la destrucción de los múltiples laboratorios de droga que hay en el territorio nacional.
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