Consejo de la Magistratura de la Ciudad: cambiar algo para que nada cambie

Hace años que denuncio el descontrol en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, pero tuvo que ser a tenor de las investigaciones periodísticas, sumado al silencio de sus consejeros, que diera por válido y reconocido el constante despilfarro multimillonario por viajes, contrataciones fútiles, cajas chicas, concesiones, entre un sin fin de gastos inútiles.

A raíz de ello, en reunión plenaria dictaron la resolución 1/2018, que se agrega a la decisión de la presidente del cuerpo nº 40; ambas plagadas de trampas con el único fin de “hacer ver que algo cambia para que nada cambie”, viejo esquema de Lampedusa en El gatopardo.

A simple vista se advierte:

-Hablan de readecuación de recursos humanos para implementar los nuevos convenios de transferencias de delitos y la justicia del consumo cuando ninguna de las dos cosas se ha efectivizado, máxime porque debe ser por ley del Congreso y no por la tan promocionada mascarada llevada a cabo en la Legislatura.

-El número de 875 agentes como planta óptima no es resultado de ninguna auditoría, sino que fuera recomendado por el saliente administrador Alejandro Rabinovich. Se trata de una reducción lisa y llana del 20% de la planta. De hecho, el artículo 1º del plan habla de dictar una nueva estructura previendo una reducción de cargos vigentes proporcional a la cantidad de agentes necesarios.

-Los pases a la jurisdicción ya generaron una serie de aprietes hace unos años, en donde, amenazas mediante y de manera discrecional, manu militari se determinaba quiénes pasaban y quiénes no. Si no mediaba pedido de algún consejero, el trabajador era pasado. Caso contrario, se mantenía en el Consejo. Se inmortalizó en esa institución por entonces la frase: “Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”. En cuanto al promocionado retiro voluntario, es un mero globo aerostático para calmar al periodismo, atento a que dicha partida no está incluida en el presupuesto del Consejo.

-Cada Unidad Consejero reduce su presupuesto de 6 a 4 categorías uno (de 150 mil pesos cada una, los que se pueden distribuir entre uno o más empleados. En ese caso, a los 150 mil pesos se le suman el 25% por título, más el 2% por cada año de recibido). Toda la planta deberá ser temporaria, tendrá que concluir sus tareas a la finalización del mandato del consejero de turno. Asimismo, se les prohíbe ingresar a la planta permanente del Consejo hasta dos años después de la finalización del mandato. Sin embargo, esto solo se aplica a aquellos ingresos (consejeros incluidos) posteriores al 1º de febrero de 2018. Es decir que a los firmantes de la resolución no les aplican los cambios que proponen. De hecho, tienen tiempo hasta el próximo jueves para continuar borrando con el codo lo que aparentan escribir con la mano.

En cuanto a la resolución de Presidencia nº 40/2018 que suspende los efectos de la resolución de Presidencia 1171/2017 (la mega-estructura), hay varias consideraciones.

En primer lugar, la Presidencia la suspendió hasta tanto se realice una auditoría y se evalúe la necesidad de aplicarla o no, es decir, mientras dure la ebullición periodística se hace como que la dejan sin efecto, pero en realidad está en stand by hasta que la tempestad concluya.

Segundo, si bien es cierto que al momento del dictado de la resolución no se afectaba presupuestariamente a la partida (eran nombramientos de funcionarios ya existentes manteniendo las categorías de revista, es decir, mismo sueldo), nada dicen que, por ejemplo, una nueva dirección a cargo de un funcionario ya existente no necesite una mínima estructura administrativa para operar. Tomemos el caso de la Dirección de Materiales Especiales que concentraría políticas de métodos alternativos de solución de conflictos en materia vecinal, comunal, ambiental y del consumidor. En primer lugar, duplica estructura porque esto es competencia de la Dirección de Mediación y, en segundo lugar, aun aceptando una suerte de descentralización, ¿este director atendería el teléfono, prepararía la agenda de las mediaciones, ejercería el control de los mediadores, resolvería los problemas administrativos él solo? La respuesta es “no”, y eso se repite en cada una de las nuevas direcciones que se crearon. Es decir que los 1037 empleados se iban a convertir muy rápidamente en 1500 o más. Los nombramientos que esconden ascensos en lo inmediato, pero a futuro son seguras recategorizaciones, son 35, “a igual cargo o tarea igual salario”.

Tercero, la Presidencia remite de manera errónea al artículo 6 de la resolución de plenario nº1/2018. Decimos que es errónea porque modificaron tanto las resoluciones que remite a algo que no tiene que ver con la reducción de la planta de empleados, sino a los agentes de planta permanente que pueden estar asignados a las Unidades Consejeros.

Cuarto, el artículo 1º de la resolución de Presidencia 40/2018 dice: “Suspender los efectos de la resolución de Presidencia 1171/2017 en cuanto a la creación de estructuras administrativas contenidas en la misma, hasta tanto se verifique lo dispuesto en el artículo 1, inciso C) de la resolución 1/2018″, que es la orden de dictar una nueva estructura administrativa. Es decir, no suspende los efectos en cuanto a las designaciones y genera cargos sin función.

Quinto, tampoco es cierto que la afectación presupuestaria no se hubiera dado a futuro toda vez que se abriría la puerta a reclamos de igualación de sueldos por igualdad de tareas, así como a ajustes jubilatorios.

Sexto, a pesar de que se supone que los magistrados porteños saben escribir en orden a que para llegar a la judicatura es menester haber pasado por la escuela primaria, además del título de abogado, se ha dado creación a la insólita y bolivariana Dirección de Lenguaje Claro. Más allá del dislate de su nacimiento, también se trata de un ejemplo de devolución de favores políticos. En efecto, uno de los jefes de departamento nombrado, con un salario no inferior a los 90 mil pesos mensuales, no es profesional. Se trata de alguien que hace muy poco finalizó sus estudios secundarios con el plan Fines, un secundario acelerado para empleados que maneja el propio Consejo y se utiliza para neutralizar la prohibición de empleados sin título secundario.

Como colofón y señalando que lo antedicho es un mero resumen de las principales curiosidades, es menester preguntarnos: ¿Es real el cambio votado por los consejeros? En absoluto. Solo se trata de un parche puesto al mero efecto de acallar la irrupción de medios tan importantes como Infobae.

Pero lo que más llama la atención es que, a más de 15 días de que estallara el escándalo nacional y el escarnio, no haya aparecido ningún funcionario público pidiendo una auditoría y formulando la pertinente denuncia por malversación. Seguramente no conocen o no les importan los delitos previstos por los artículos 248 y 249 del Código Penal (incumplimiento de los deberes de funcionario público). ¿O será acaso que en el Consejo no hay grieta y la corrupción es transversal?

El autor es periodista y abogado.

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS