Los desmanes que se presentaron en el Atanasio Girardot, el domingo 16 de abril previo al encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor, dejó un precedente en el balompié cafetero que fue tema de conversación durante la reunión informal que se llevó a cabo en la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.
A raíz de estos hechos, la División Mayor de Fútbol Colombia (DIMAYOR) tomó cartas en el asunto y prohibió a los 36 clubes afiliados dar incentivos económicos a las barras bravas de lo contrario serán sancionados por el ente rector del fútbol nacional.
“Desarrollar mecanismos de autorregulación en el ámbito asociativo en materia de seguridad y modificar los existentes a fin de mitigar tales eventos. De manera ejemplificativa se establece la prohibición para los clubes profesionales de otorgar beneficios a las barras organizadas y populares. Lo anterior no conlleva a anular el relacionamiento de los clubes con sus aficionados”.
Del mismo modo, en uno de los puntos del comunicado publicado por la Dimayor solicitó al Gobierno Nacional la instalación de vallas que separen al público del campo de juego para garantizar la seguridad tanto de jugadores y cuerpo técnico de los equipos.
Comunicado Dimayor
“De cara a enfrentar los retos que supone la escalada de vandalismo y violencia, los clubes del FPC, acordaron:
i. Desarrollar mecanismos de autorregulación en el ámbito asociativo en materia de seguridad y modificar los existentes a fin de mitigar tales eventos. De manera ejemplificativa se establece la prohibición para los clubes profesionales de otorgar beneficios a las barras organizadas y populares. Lo anterior no conlleva a anular el relacionamiento de los clubes con sus aficionados.
ii. Hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones locales, bajo los términos de la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010, para que se cumpla el mandato de contar con vallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego. Considerando los actos de violencia reiterada que afectan la integridad de las personas asistentes al estadio, así como la imposibilidad de controlar la conducta incorrecta de espectadores, a pesar de las sanciones establecidas en nuestro CDU.
iii. Avanzar en el establecimiento de un sistema de registro, por medio de un enrrolamiento biométrico y documental en el ingreso al escenario deportivo, cumpliendo con la finalidad de individualizar a quienes acuden a los estadios del país a ejecutar actos de violencia y vandalismo, en consonancia con el Decreto 1622 de 2022 y demás disposiciones vigentes.
iv. Asumir los compromisos que corresponden en materia de seguridad, para tal efecto se expresó la necesidad de una corresponsabilidad, la cual si bien es asumida por los clubes profesionales con la contratación de logística privada, no puede desplazar las competencias establecidas en la Constitución y la ley, respecto de las autoridades que detentan la fuerza pública en los términos de la Sentencia C-128 de 2018.
v. Desarrollar un enfoque integrado, multinstitucional y equilibrado, para erradicar la violencia de los estadios en el País.
Manifestamos, una vez más, el compromiso de propender por el retorno del buen convivir en los escenarios deportivos en donde se disputan las competencias del FPC, acogiendo a las familias y edificando los estadios como espacios de paz y sana convivencia”.
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