Alfredo Vázquez, presidente de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (Cocopa), en el marco de la celebración del foro “Los derechos de los Pueblos Indígenas en México. A 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, apuntó que se requiere materializar una reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El diputado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló este miércoles 16 de febrero que el Congreso de la Unión tiene la oportunidad y está en un momento histórico para elevar a rango constitucional los derechos de las comunidades autóctonas.
“Es indispensable formular una propuesta para dar respuesta al reclamo histórico” de estas poblaciones ancestrales en México, con lo cual, consideró, se consolidarán los puentes que lleven a una sociedad más justa, más digna y a una paz duradera.
A través de tres mesas de trabajo, la comisión estableció ejes temáticos que se deben de tratar en la reforma que pretenden impulsar. Primero se definieron los Aportes de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y la iniciativa sobre Derechos y Cultura Indígenas de la Cocop.
La segunda mesa se tituló La Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Finalmente, la tercera se llamó El Impacto y Consecuencias del Levantamiento Zapatista.
En la primera mesa, Josefina Bravo, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, resaltó la importancia de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como una causa justa. Mientras que Jaime Martínez planteó que este gobierno debe pasar “de los dichos a los hechos”.
Por su cuenta, Gonzalo Ituarte, vicario de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, fue más específico y dijo que la reforma debe permitir que las instituciones del Estado y la sociedad vuelvan a escuchar la voz de las comunidades autóctonas, que “ya no se finja el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y se asuman los retos nuevos de la realidad nacional y se respeten sus derechos”.
Bajo esa lógica, Raúl Eduardo, de Morena, destacó la necesidad de construir la paz en las comunidades, y que esto es quehacer del Estado, pues la violencia y discriminación son alicientes que se manifiestan con mayor peso en las comunidades apartadas.
Durante la segunda mesa, Alfredo Vázquez e Irma Juan, ambos también del partido guinda, señalaron que se debe de conocer a los pueblos para poder sacar una reforma con mayor vigencia, para que ésta les permita garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Representando al Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, expresó su disposición para saldar la enorme deuda de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, como los políticos, a fin de acelerar las discusiones pendientes.
Finalmente, en la última mesa de trabajo, Gabriela Sodi, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que a 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, los pueblos originarios siguen siendo los más pobres y que como consecuencia de esto se generan fenómenos como el desplazamiento. Asimismo, señaló que son avasallados por los grandes proyectos de infraestructura, los cuales vulneran su unidad, por lo cual urge visibilizar las causas que generan su precariedad y resolverlas.
Asimismo, Dora Luz de León, senadora por el Partido Encuentro Social (PES), dijo que esto se debe de atender con una gran responsabilidad ya que, a pesar de que han existido reformas, éstas sólo se han materializado en papel, pero “en los hechos falta mucho por hacer”.
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