El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, presentó un proyecto de ley para incorporar a los profesionales nutricionistas como miembros de la Comunidad Educativa en todos los colegios del país.
Figuran como coautores sus compañeros de bancada: Kelly Portalatino, María Taipe, Waldemar Cerrón, Issac Mita y María Agüero.
De acuerdo con la iniciativa legislativa, su objetivo final es promover una “adecuada alimentación y nutrición de los estudiantes, contribuir al mejoramiento de su salud y al logro de los aprendizajes”.
Para lograr, buscan modificar la Ley 28044, Ley general de Educación. Actualmente, la Comunidad Educativa está compuesta por estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, administrativos, exalumnos, miembros de la comunidad, además de profesionales en Psicología, Enfermería y Odontología.
“La función principal del profesional en nutrición está orientada a prestar los servicios en el área de su competencia relacionados con la prevención de la desnutrición y promoción de la educación alimentaria y nutricional”, se lee en el párrafo que se desea incorporar en el artículo 62-A.
Asimismo, se establece que, de aprobarse, la ley se ejecutaría de forma progresiva en un periodo de tres años por parte del Ministerio de Educación (Minedu).
Millones de peruanos no comen adecuadamente
Según el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 51.7% de los peruanos, es decir, más de 11 millones de ciudadanos, enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa.
La FAO reporta que durante el período de 2014 a 2016, un 37.2% de los peruanos no tenía acceso a una alimentación saludable. Esta cifra aumentó a 51.7% entre 2021 y 2023.
Mariana Escobar, representante de la FAO en el país, explicó, en entrevista con Canal N, que la inflación alimentaria global registrada en 2022 ha contribuido significativamente a esta situación, señalando que diversos países, incluido Perú, aún no han logrado regresar a los precios previos a la crisis.
El costo de una dieta sana asciende a cuatro dólares diarios, un monto que resulta prohibitivo para cerca de 11.5 millones de peruanos, explicó Escobar. Esta inaccesibilidad se debe a las profundas desigualdades económicas, el empobrecimiento y la extendida informalidad laboral en el país. La debilidad del crecimiento económico impide que una gran porción de la población pueda cubrir sus necesidades alimentarias básicas.
La inseguridad alimentaria no solo compromete la salud de las personas, sino que también amenaza sus medios de subsistencia y calidad de vida, destacó.
Ministro interpelación
Luego de que la FAO revelara la crítica situación alimentaria que traspasa el país, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Ángel Manero Campos, declaró que “en el país no se pasa hambre” y que “se come de manera contundente”.
En consecuencia, se presentó en el Congreso de la República una moción de interpelación en contra del ministro, bajo el argumento de que sus comentarios desestiman la realidad alimentaria del país y reflejan un desconocimiento profundo de la grave situación.
Según datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el 51,6% de los hogares peruanos enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria.
La moción, registrada bajo el número N° 12766 y firmada por un grupo de 20 legisladores, busca que el titular de Midagri explique sus comentarios insensibles y falta de acción respecto al informe pendiente sobre la situación de hambre en el país.
Un informe del Midis de 2023 ya había alertado sobre la situación crítica que atraviesan 5.2 millones de familias peruanas.
Según los expertos, la combinación de una crisis sanitaria mundial, cambios climáticos y fluctuaciones en el mercado internacional de alimentos ha afectado a muchos países en desarrollo, incrementando las tasas de pobreza y llevándolos a situaciones críticas de inseguridad alimentaria.
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