Congreso: Alejandro Soto no reconoce que impulsó proyecto de ley para su beneficio

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, rechazó este sábado que haya impulsado un proyecto legislativo que, en mayo pasado, modificó el plazo de prescripción de los procesos penales, lo que significó un eventual beneficio cuando iba a recibir una segura condena por presunta estafa y falsedad genérica.

Soto, según un informe de La República, aprovechó su posición de vocero de Alianza para el Progreso (APP), ante la Junta de Portavoces, para poner en debate la norma que luego usaría para librarse de los ocho años y ocho meses que había solicitado la Fiscalía en su contra.

Sin embargo, la Oficina de Comunicaciones del Parlamento señaló, a través de un pronunciamiento leído en Canal N, que el texto es “de autoría de un legislador de una bancada a la que [Soto] no pertenece” y que, además, “no partició en el debate dicha ley aprobada en mayo de 2023, cuando no desempeñaba el cargo de presidente del Congreso”.

En rigor, lo informado por el diario fue que, según el acta de la Junta de Portavoces del 24 de marzo, el parlamentario puso su rúbrica en el acuerdo para incluir en la Orden del Día la discusión del dictamen de este proyecto que fue aprobado en menos de dos meses y contó con su respaldo.

“Respecto a que esta ley lo habría beneficiado con el archivamiento del caso de presunta estafa, […] el Cuarto Juzgado de investigación preparatoria del Cusco, en noviembre de 2019, archivó el proceso penal al que se hace mención, aclarando que se trata de una compra venta de terreno entre una empresa privada y el congresista, que tiene connotaciones civiles y no penales”, continuó el despacho del diputado.

Y agregó que, “en dicho proceso, existen otros autores por otros hechos, razón por la cual se ha llevado a cabo en otro juzgado por disposición superior, el mismo que ha concluido con un segundo archivamiento este año″.

Soto fue denunciado por la empresa de transportes Turísticos Waynapicchu por dos actos irregulares que ejecutó cuando era su asesor legal: el primero por no cumplir con redactar los estatutos de la empresa, pese a que percibió un pago previo; y luego por vender un terreno de su propiedad a un precio mucho mayor al que había pagado.

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