Congresista Katy Ugarte niega haber recortado sueldos de trabajadores de su despacho

La congresista Katy Ugarte Mamani negó descontar el sueldo de las personas que trabajan en su despacho. Un reportaje de “Cuarto Poder” reveló que, con este dinero, la parlamentaria paga a medios de comunicación de Cusco, la región a la que representa en el Congreso, para mejorar su imagen.

Sobre tal señalamiento, se pronunció mediante su cuenta de Twitter cinco días después de la emisión del programa periodístico.

“Nunca se han realizado descuentos a los salarios de los trabajadores de mi despacho parlamentario, ni de mi parte ni a través de terceros. Lo niego categóricamente”, comentó.

Según su comunicado, el dinero proveniente del sueldo de sus empleados fue entregado de manera voluntaria como si fuera un donativo. No se les dijo que si no entregaban la plata no iban a continuar laborando en su despacho.

También aseguró que se dijo a los trabajadores que su donación monetaria iba a ser utilizada en una estrategia comunicacional en Cusco. El objetivo era que el trabajo de la congresista Katy Ugarte sea mostrado mediante la cobertura periodística de sus actividades.

La congresista también respondió que la denuncia puesta en su contra es una venganza de sus exempleados, quienes tratarían de hacerle daño.

“Es importante denunciar que esta denuncia pública obedece a un acto de venganza de algunos extrabajadores de mi despacho congresal que, al haber sido cesados en mi oficina, buscan hacerme daño (…)”, precisó.

Ugarte explicó que sus extrabajadores, al haber otorgado dinero de su sueldo, fueron cómplices del presunto delito de concusión y, por lo tanto, pudieron haber sido denunciados penalmente.

“(…) Si hubieran sido obligados o inducidos a participar de esos aportes, debieron haberse quejado conmigo o denunciado este hecho en su momento, toda vez que no hacerlo los hace cómplices del presunto delito de concusión y pasibles de ser denunciados por otros delitos establecidos en el Código Penal”, dijo.

Andy Carrión, abogado penalista, explicó que la también exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables podría ser denunciada por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito si es que hay indicios de que recortó los sueldos de sus empleados.

El delito de concusión puede castigarse con una pena de 2 a 8 años de cárcel, mientras que el delito de enriquecimiento ilícito tiene una pena de prisión que varía entre 5 y 10 años.