Conductas como las de D'Elía deben ser sancionadas

En uno de los hechos más luctuosos de la historia de nuestro país, y en el marco de una despiadada grieta política que lo desangraba, enfrentando a unitarios y federales, el 13 de diciembre de 1828 Juan Lavalle fusilaba al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego.

Personalidades políticas relevantes del momento alentaban a Lavalle para que tomara esa absurda decisión por fuera de todo marco judicial, del que por otra parte se carecía. Julián Agüero, Juan Cruz Varela y Salvador María del Carril estaban entre aquellas. “Hay que cortar la cabeza de la hidra”, “es hora de ejecutar el fusilamiento”. Esas frases, que suenan increíbles en el contexto actual de un Estado de derecho, coadyuvaron entonces a perpetrar un hecho tan descabellado, que 25 años después inspiró a los constituyentes que sancionaron la Ley Fundamental, a fijar como objetivo la necesidad de “afianzar la Justicia” y “consolidar la paz interior”, así como también a prohibir la pena de muerte por causas políticas.

Pasaron 190 años y, a pesar de que cambiaron los hechos, mutaron las circunstancias y pasaron los años, nuestra democracia se permite contar aún entre sus dirigentes políticos a personajes nefastos como Luis D’Elía, quien sugirió, con todas las letras y en el marco de una entrevista tranquila y sin sobresaltos, proponer el “fusilamiento” de un presidente constitucional, poseedor de la más genuina legitimidad democrática de origen conferida por el voto popular.

Es cierto que comparar a D’Elía con Salvador María del Carril es una enormidad, no solo por cursus honorum sino además por una capacidad intelectual del que uno estaba dotado en forma inversamente proporcional al otro, pero no puede dejarse de advertir que D’Elía tiene cierto seguimiento y constituye una de los apoyos más firmes al régimen que asoló a la Argentina durante 12 años desde 2003 y, por lo tanto, sus expresiones no son inocuas.

En aquellos años no existía Código Penal, pero, en la actualidad, la afirmación del piquetero D’Elía está perfectamente tipificada en dos figuras delictivas: la apología del crimen y la incitación a la violencia. El impetuoso D’Elía incurrió en apología del delito por haber ponderado a un homicidio como medio válido para asesinar a quien él considera pernicioso para el país; e incitó a la violencia por cuanto alentó la perpetración de dicha conducta delictiva, aclarando que debería desarrollarse en presencia de todo un pueblo.

¿Sabrá D’Elía que en la Argentina no es posible aplicar la pena de muerte, por cuanto nuestro país adhirió al Pacto de San José de Costa Rica cuando dicha sanción ya había sido eliminado del Código Penal? ¿O habrá considerado innecesario que intervenga un juez a la hora de definir dicha condena? ¿Habrá pensado D’Elía en una ejecución popular al estilo mazorquero? Es necesario que personajes de semejante naturaleza den cuenta de sus actos ante la Justicia, la que deberá determinar si hubo o no delito en el accionar del impresentable dirigente, así como también en el accionar del periodista que, al escuchar el dislate de D’Elía, asintió claramente con cabeza, poniendo de manifiesto su total acuerdo con dicha afirmación. A la luz del silencio de la mayoría de los dirigentes del arco opositor, frente al temerario pronunciamiento de D’Elía, pareciera ser que la complicidad excede el marco de una simple entrevista.

El Estado de derecho necesita como el agua que este tipo de conductas sean sancionadas. Es de esperar que la Justicia esté, en este y en todos los casos, a la altura de las circunstancias.

El autor es profesor de Derecho Constitucional, UBA.

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS