El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó nuevamente que este 29 de julio podrá tener el control de todos los peajes, tal como lo afirmó en su campaña. Sin embargo, esto se encuentra bajo la administración de la concesionaria de Rutas de Lima.
Es así como, la empresa canadiense Brookfield Asset Management, dueña del 57% de la concesionaria, emitió una misiva respecto a las declaraciones del burgomaestre, donde indican que la autoridad edil ha pedido estos peajes; caso contrario y “bajo amenaza” lo tomará, por lo que rechazaron sus declaraciones.
En este sentido, indicaron que la gestión del actual alcalde tuvo una “decisión unilateral” para dar por finalizado el contrato de la concesionaria suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima.
“[…] ha emplazado a Rutas de Lina, nuestra afiliada, a entregarle los peajes correspondientes a la Concesión, bajo la ameniza de que de no hacerlo, los tomará directamente; desconociendo la medida cautelar de suspender la terminación del Contrato de Concesión hasta que el Tribunal Arbitral Internacional competente se pronuncie en forma definitiva”, se lee.
Asimismo, recordaron que el Tribunal Arbitral Internacional es la única que deberá resolver la validez de la finalización del contrato entre ambas partes. “Ninguna autoridad o instancia distinta a dicho Tribunal Arbitral Internacional puede decidir lo que está en controversia” entre Rutas de Lima y la gestión de López Aliaga.
En tanto, manifestaron que si logra concretar lo anunciado por la autoridad edil sobre un “ataque y/o un despojo de la concesión de Rutas de Lima o cualquier otro tipo de acto” basándose en el desconocimiento de la medida cautelar, lo calificarán como “una violación de garantía”.
“[…] consideraremos dicha actuación como una grave e irreparable violación a las garantías que los Tratados celebrados por el Estado Peruano otorgan como protección a los inversionistas extranjeros en el Perú”, se lee.
En otro momento, iindicaron que confían que el Estado “honre sus obligaciones legales y contractuales”, según los acuerdos. Además, piden a la gestión de Rafael López Aliaga a “reconducir” sus acciones.
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