Cómo la Justicia internacional ayuda a reconstruir la historia y por qué la CPI “es la causa de toda la humanidad”

Los crímenes de guerra están entre los delitos investigados y juzgados por la CPI (REUTERS/Zohra Bensemra)
Los crímenes de guerra están entre los delitos investigados y juzgados por la CPI (REUTERS/Zohra Bensemra) (ZOHRA BENSEMRA/)

“El privilegio de abrir el primer juicio de la historia por crímenes contra la paz del mundo impone una grave responsabilidad. Los agravios que pretendemos condenar y castigar han sido tan calculados, tan malignos y tan devastadores, que la civilización no puede tolerar que se ignoren, porque no puede sobrevir que se vuelvan a repetir”.

La declaración de apertura del juez Robert H. Jackson en los Juicios de Núremberg duró unas tres horas, y es una de las más influyentes en el canon del derecho internacional.

El proceso de Núremberg marcó el inicio de una “Justicia internacional”; los tribunales sobre las guerras en la ex Yugoslavia, el genocidio en Ruanda en 1994 y el conflicto en Sierra Leona sentaron las bases para la creación de una corte permanente, corporizada hoy en la Corte Penal Internacional (CPI), que se ha convertido en el último recurso judicial para muchos países que buscan investigar y juzgar los peores delitos: el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.

El 17 de julio es el Día Mundial de la Justicia Penal Internacional por la adopción del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional en ese día de 1998, que entró en vigor cuatro años más tarde.

En estas décadas en funcionamiento, la CPI ha logrado adelantos significativos para que el mundo reconozca la importancia de que haya justicia. Pero, según Human Rights Watch, también ha atravesado retrocesos. A medida que proliferan las crisis de derechos humanos relacionadas con crímenes internacionales, se ha demostrado que su misión es mucho más necesaria y ardua de lo que se había anticipado cuando se fundó.

“La Corte Penal Internacional es la causa de toda la humanidad”, dice a Infobae Francisco González Centeno, un abogado argentino y funcionario de la CPI en República Centroafricana que está a cargo de la información pública de la Corte.

Exterior de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, el 31 de marzo e 2021 (REUTERS/Piroschka van de Wouw)
Exterior de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, el 31 de marzo e 2021 (REUTERS/Piroschka van de Wouw) (PIROSCHKA VAN DE WOUW/)

Su trabajo consiste en brindar el acceso a la justicia a las comunidades afectadas por los casos de la Corte Penal Internacional a través del derecho humano del acceso a la información. “En la CPI explicamos cómo funciona la corte y también las particularidades de los casos a las comunidades de víctimas y de sospechosos, para que el impacto de la justicia sea comprendido y tenga un efecto en la reconstrucción de la paz”, cuenta a Infobae.

Si no hay comprensión sobre el funcionamiento de la Justicia, ésta no tiene el impacto disuasivo ni tampoco el impacto en términos de reconciliación, que es uno de los efectos que tiende a buscar la justicia transicional y es uno de los elementos de la Corte Penal Internacional”.

—En dos décadas la CPI emitió pocas condenas. ¿Cuáles son las razones de esta “lentitud”?

—La Corte empieza a tener pleno funcionamiento el 1 de julio de 2002, con lo cual es un organismo muy joven. Tenemos el tercer fiscal desde su creación: el primero fue el argentino Moreno Ocampo; la segunda fue Fatou Bensouda de Gambia; y el actual es el británico Karim Khan. Los procesos judiciales están avanzando mucho más rápido que al comienzo, cuando la Corte recién comenzaba a organizarse. Los procesos judiciales llevan tiempo porque es necesario que los jueces tomen una decisión informada y justa a partir de la evidencia.

Francisco González Centeno
Francisco González Centeno

En los últimos años, hubo críticas alrededor de que la CPI sólo logró perseguir atrocidades cometidas en África. También hubo una serie de retrocesos en las investigaciones por falta de cooperación de grandes potencias, lo que llevó a varios países africanos a amenazar retirarse del tribunal entre acusaciones de racismo. Burundi, que era objeto de una investigación preliminar en curso, fue el primer país en abandonar la Corte.

—¿Es justo decir que la CPI está muy focalizada en África?

—Es muy común que la Corte Penal Internacional sea acusada de juzgar y de investigar solamente africanos o que esté focalizada en África. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la mayor cantidad de estados representados en el Estatuto y en la Corte son africanos. África es un continente que desde el comienzo y desde la creación de la Corte Penal Internacional siempre la apoyó. Eso quiere decir que la Corte tiene jurisdicción en todos esos estados africanos que ratificaron el Estatuto de Roma, con lo cual la jurisdicción es mucho más amplia en África que en otros lugares del mundo. La segunda región más representada en el Estatuto es Europa, y luego América Latina. Actualmente la Corte Penal Internacional tiene investigaciones y causas en diferentes países del mundo, no solamente en África. Hay una situación en Afganistán, hay investigaciones en Venezuela. Hay causas en Georgia. Actualmente en la oficina del fiscal está investigando crímenes cometidos en Ucrania. La CPI también está investigando crímenes en Birmania, con lo cual, el hecho de que la mayoría de los países bajo investigación se encuentran en África no es tan correcto. Es una percepción. Es real que cuando uno analiza las causas va a haber muchísimos africanos, pero es por esas razones.

El ex vicepresidente del Congo Jean-Pierre Bemba pasó una década en prisión por delitos cometidos por su milicia en la República Centroafricana. Finalmente fue absuelto (REUTERS/Kenny Katombe/File Photo)
El ex vicepresidente del Congo Jean-Pierre Bemba pasó una década en prisión por delitos cometidos por su milicia en la República Centroafricana. Finalmente fue absuelto (REUTERS/Kenny Katombe/File Photo) (Kenny-Katombe Butunka/)

Es que, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la CPI depende principalmente de la cooperación de sus miembros: 123 países han ratificado el tratado fundacional. La Corte sólo puede procesar a personas de países que no han ratificado el Estatuto si cometen delitos de su jurisdicción en el territorio de uno de los Estados miembros, en casos de genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad.

González Centeno es parte de una misión permanente nutrida por un cuerpo de cinco funcionarios internacionales abocados a sostener todas las operaciones que lleven al estrado de La Haya a los sospechosos de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en República Centroafricana. Fue Catherine Samba-Panza, que ocupó la presidencia de ese país de forma interina, quien convocó a la CPI para que comenzara un proceso de investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad en su territorio.

—El ex vicepresidente del Congo Jean-Pierre Bemba pasó una década en prisión por delitos cometidos por su milicia en la República Centroafricana. Había sido un hito legal y finalmente fue absuelto. ¿Qué piensa de este caso?

—Sí, Jean-Pierre fue absuelto por los jueces de la Corte Penal Internacional. Es importante entender que la absolución es una de las posibilidades en la justicia y ello existe en cualquier sistema judicial o en cualquier jurisdicción. En cuanto a la decisión de los jueces, no tenemos opiniones ni las comentamos porque son decisiones fundadas de jueces que son independientes, imparciales e internacionales. La justicia debe ser equitativa no solo para las víctimas sino también para los sospechosos. Si los jueces consideran que no hay evidencia suficiente para probar la responsabilidad por crímenes que fueron cometidos, la persona puede ser absuelta. El hecho de que esta persona estuvo más de una década en el centro de detención de La Haya tiene que ver con las etapas del juicio, que toman el tiempo debido para que los jueces puedan tomar una decisión informada. Los sospechosos o los acusados delante de la CPI son considerados como inocentes hasta la decisión final, y son tratados de manera humana. En el centro de detención de La Haya tienen acceso a educación, a la práctica religiosa, a visitas familiares, a estar en contacto con sus abogados, a una dieta saludable, etc. Si un sospechoso es declarado culpable, es trasladado a una cárcel de uno de los Estados parte del Estatuto de Roma que ofrece alojar al acusado dentro de su sistema penitenciario. Si la persona es absuelta, queda libre. Volviendo a la absolución de Bemba, los jueces no desconocen los crímenes que fueron cometidos, ni desconocen a las víctimas. Lo que no es reconocido es la responsabilidad. Lo que los jueces de la CPI consideraron en su decisión sobre la absolución de Bemba fue que no pudieron probar la responsabilidad, el hecho de que el ex vicepresidente de Congo estaba en control de lo que sucedía en República Centroafricana.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, lleva casi cinco meses recogiendo pruebas de los presuntos crímenes que se puedan estar cometiendo durante la invasión rusa en Ucrania (REUTERS/Volodymyr Petrov)
El fiscal de la CPI, Karim Khan, lleva casi cinco meses recogiendo pruebas de los presuntos crímenes que se puedan estar cometiendo durante la invasión rusa en Ucrania (REUTERS/Volodymyr Petrov) (VOLODYMYR PETROV/)

—¿Cuál cree que es hoy el impacto de la CPI a nivel internacional?

—La Corte Penal Internacional es la causa de toda la humanidad. Por primera vez en la historia hay una institución judicial internacional que investiga y juzga crímenes de lesa humanidad. Antes, Naciones Unidas creaba tribunales ad hoc donde existían situaciones de crímenes de masa. Con la CPI se dejan de crear y se genera una mayor eficiencia en cuanto a la justicia penal internacional, porque ahora hay una sola corte encargada de investigar y de juzgar. La CPI tiene un doble impacto: primero el disuasivo, que quiere decir que aquellas personas que podrían cometer crímenes no los van a cometer porque saben que hay una institución judicial que los está mirando, que los puede investigar y que los puede juzgar. El segundo es el impacto reconciliatorio, o el impacto en términos de justicia transicional, porque a través de un proceso judicial las diferentes partes de un conflicto tienen la posibilidad de reconstruir una historia, de revisar el pasado y las causas originarias que llevaron a violaciones de derechos humanos y a todos estos crímenes.

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