Hoy el año judicial de 2022 arrancará intenso. Tras un mes de feria, el escenario de inauguración será la marcha de sectores afines al kirchnerismo que, frente al Palacio de Tribunales, reclamarán echar a los jueces de la Corte Suprema, en medio del clima de tensión que dejó expuesto el Gobierno de Alberto Fernández con el máximo tribunal.
“Es una marcha ciudadana”, dijo anoche el jefe de Estado, mientras la oposición lo denunció como un “acto golpista”. Es solo un botón de muestra de lo que puede llegar a ser el blanco puesto sobre los jueces de la Corte Suprema, desde hace rato pero sobre todo desde que el propio ministro de Justicia Martín Soria se encargó de dinamitar cualquier acercamiento en su primera reunión formal con los ministros en el edificio de la calle Talcahuano cuando ya era inminente el fallo clave sobre el fin del Consejo de la Magistratura tal como funcionó hasta ahora.
Precisamente, en el Congreso, se debatirá la reforma al Consejo de la Magistratura: hay que hacer que el organismo que selecciona y controla a los jueces “tenga un equilibrio entre los diferentes estamentos y le quite peso al sector político”, dijo la Corte en diciembre pasado al voltear el formato que había impulsado Cristina Kirchner en 2006. Sin embargo, por ahora, no hay un proyecto que logre concentrar voluntades ni criterios. Ni definiciones sobre la presencia del titular de la Corte Suprema al frente del organismo, algo que irrita a la Casa Rosada.
Eso quedará a la vista si el tema se trata en sesiones extraordinarias, como pretende el Ejecutivo. Habrá que ver cómo resulta esa iniciativa luego del tablero que se abre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la banda del Frente de Todos tras el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el parlamento, el oficialismo se enfrentará una vez más con una oposición que ante un proyecto judicial se abroquela para oponerse, avizorando la sombra de Cristina Kirchner y sus causas. Por eso, por las dudas, en el Consejo se preparan para intentar elegir, antes del 15 de abril, a los representantes de los sectores que faltan, de acuerdo a la vieja estructura que funcionó en el organismo hasta el 2006. No es tarea sencilla, según admiten sus protagonistas.
El reloj avanza y si antes del día D, no se llega a una ley o la reestructuración, el resultado será la paralización del Consejo: desde los concursos hasta los pagos de salarios. Los dos temas son sensibles para el mundo judicial. Mientras tanto, temen en el oficialismo, esto frenará un concurso clave: el que busca reemplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, trasladados durante el macrismo.
La danza de causas de Macri y Cristina
Bajo esos dos frentes ineludiblemente políticos, se jugará el futuro de las causas contra Cristina Kirchner y Mauricio Macri. La vicepresidenta pugna por mantener los sobreseimientos que ya logró en dos tribunales orales, evitar que las otras causas avancen hacia el banquillo y demostrar su inocencia en el único proceso que actualmente está en marcha en su contra: la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante la era K. Precisamente, hoy declararán en Comodoro Py dos ex funcionarios de su gobierno –Carlos Zannini, hoy procurador del Tesoro, y Juan Abal Medina– para defender la figura de la ex jefa de Estado.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete K, lo hará el próximo 15 de febrero, según anunció anoche en una entrevista televisiva aunque el TOF aún no lo informó oficialmente. El juicio continuará con más testigos, entre ellos la citación al denunciante de la causa y ex funcionario macrista Javier Iguacel, hoy Intendente de Capitán Sarmiento. Es posible que durante el transcurso del año, llegue el momento de los alegatos de un juicio que comenzó en marzo de 2019, apenas horas después de que CFK anunciara la fórmula presidencial que hoy gobierna.
El caso de la obra pública llegó a juicio en mayo de 2019, pero cuatro expedientes contra CFK que estaban por llevarla al banquillo se frenaron en el 2021: la causa dólar futuro, la denuncia de Alberto Nisman por el Memorándum con Irán y la unificación de “Los Sauces-Hotesur” que salpica no solo a la ex presidenta sino a sus hijos, junto a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
A la causa “dólar futuro” solo le queda un recurso extraordinario que solicitó la fiscalía de Raúl Plee para intentar revertir el sobreseimiento dictado por Casación, un trámite que en tribunales se ve poco probable. Las otras dos causas, en tanto, deberán enfrentar su suerte en Casación. La Sala I del máximo tribunal decidirá si confirma el criterio del TOF 8 que entendió que el Pacto con Irán no era delito; y lo resuelto por el TOF 5 que -por dos votos a uno y cuando estaban en marcha pericias en marcha pedidas por la defensa- determinó que no se configuraba ni el lavado de dinero ni las dádivas ni la asociación ilícita de la que hablaban los acusadores.
En Tribunales se especula con que como son dos decisiones, una podría salir a favor y otra en contra de la vicepresidenta, en una repartija equilibrada, dicen fuentes consultadas a Infobae, pero por ahora son solo rumores porque todavía falta analizar pruebas y escuchar argumentos. Los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone son los que tienen la definición de estas cuestiones en sus manos.
También son los jueces que revisan lo que suceda en la causa cuadernos. Allí el Tribunal Oral Federal 7 concentra el ramillete de expedientes que se adjuntaron a esa megacausa. Todavía no se ordenó la prueba a aceptarse en el debate ni tampoco se convocó a las partes para fijar una fecha de juicio. Aristas que podrían resolverse en este 2022. Mientras tanto, el juez Julián Ercolini -que en breve se despediría de su subrogancia al frente del Juzgado Federal 11- decidió reactivar un remanente de la causa, con indagatorias a empresarios y al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, devenido en arrepentido.
(EFEI0499/)
Hay otros dos expedientes contra Cristina Kirchner que tramitan en Comodoro Py, pero que aún se encuentran en instrucción: la causa en la que fue indagada por la llamada ruta del dinero K, que ya condenó a Lázaro Báez. Allí, el juez Sebastián Casanello le dictó una falta de mérito, confirmada por la Cámara Federal. A fin de año, se instó a definir la situación de la ex presidenta citando un artículo del Código Procesal que apura los tiempos de las causas penales. Las pruebas hasta ahora no han permitido procesarla por lo que apurar una definición derivaría en su sobreseimiento.
El otro expediente que la oposición mira con atención es el que instruye el juez Marcelo Martínez De Giorgi, a raíz del hallazgo de documentación en la casa de Calafate en el marco de los allanamientos dispuesto por el fallecido juez Claudio Bonadio y autorizados en el Senado en 2018 en la causa de los cuadernos. La oposición espera resultados contra Cristina Kirchner en esa causa, para intentar mitigar el efecto de la multiplicación de expedientes de espionaje contra el macrismo.
El ex presidente Mauricio Macri recibió el 1 de diciembre su primer procesamiento tras su paso por el Ejecutivo, acusado de monitorear los movimientos de los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El fallo fue dictado por la justicia federal de Dolores, donde antes estuvo el juez Alejo Ramos Padilla -hijo de uno de los jueces que organiza la movilización de hoy- y actualmente está al frente interinamente del juez Martín Bava. Hay un escenario repetido: las causas de espionaje que se activaron por lo sucedido en la AFI durante el macrismo crecieron por fuera de Comodoro Py. Los acusados sostienen que se trató de forum shopping y que los expedientes deben regresar a los tribunales de Retiro.
En el 2021, la Sala IV de Casación ordenó ese pase con la causa que nació en Lomas de Zamora y en donde fueron procesados los ex jefes de la AFI, encabezados por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los ex jefes del SPF y un grupo de espías, policías y penitenciarios, por espionaje a políticos afines y opositores, periodistas, gremialistas, jueces y presos.
En noviembre pasado, sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó, por dos votos a uno, la hipótesis sobre una existencia de una asociación ilícita sino que dejó firme el procesamiento de sólo un grupo de agentes por algunos hechos y revocó el resto. La resolución indignó a la vicepresidenta Cristina Kirchner que salió a celebrar la llegada de Papá Noel para el macrismo. Así como quedó la hipótesis de la causa quedó herida de muerte. Habrá que ver qué pasos sigue ahora el juez Marcelo Martínez De Giorgi a cargo de la instrucción.
Después de eso, apareció el video encontrado en una vieja computadora del edificio que la interventora de la AFI Cristina Caamaño llevó a la justicia de La Plata en donde se veía a un grupo de funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal hablando de una gestapo sindical e invitando a empresarios a animarse a denunciar al gremialista Juan Pablo “Pata” Medina.
La reunión fue en la sede del Banco Provincia de la Capital Federal y allí estaban presentes tres altos ex funcionarios de la AFI. Ninguno de esos dos puntos estuvieron en la denuncia original. El oficialismo ha puesto en foco esa causa durante enero para denunciar la existencia de una mesa judicial bonaerense encabezada por la hoy diputada Vidal, a quien ya le están investigando los correos electrónicos y las comunicaciones y ha pedido el juicio político del procurador bonaerense Julio Conte Grand.
Pero en el capítulo del espionaje hay otra causa que ya pasó a Comodoro Py y que tarde o temprano arrastrará a Retiro la causa en la que está procesado Mauricio Macri y la que investiga el presunto espionaje político desde las bases AMBA. Es la llamada causa D’Alessio, que tiene como principal protagonista al falso abogado Marcelo D’Alessio, junto a espías y los fiscales Juan Ignacio Bidone y Carlos Stornelli. Después de idas y vueltas, el último día de actividad judicial de 2021, el caso quedó en manos del juez Ercolini. El caso ya estaba en los pasos finales para ser elevado a juicio oral, aunque faltan definir detalles.
Aunque el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi lo pidió expresamente, el juez de Dolores Martín Bava aún no envió las causas AMBA y Ara San Juan a Comodoro Py. Esos dos expedientes y el caso D’Alessio estaban unidos por conexidad y sobre eso se había basado la instrucción en los tribunales de Dolores. Por eso se estima que en los próximos días esos expedientes terminarán desviándose a Retiro. La defensa de Macri, que tiene agendado una apelación de su procesamiento para dentro de dos semanas en la Cámara Federal de Mar del Plata, así lo insistirá.
A Mauricio Macri lo preocupa otro expediente pero esta vez no es la justicia federal la que lo tiene en sus manos. Se trata de la causa por el caso del Correo Argentino SA, la empresa que estuvo en manos de su familia tras la privatización dispuesta durante el menemismo. A pedido de la Procuración del Tesoro, encabezada por Carlos Zannini, la jueza Marta Cirulli dictó en julio pasado la quiebra en un proceso que ya lleva más de 20 años de trámite y en donde el Estado le reclamo a la firma el pago de 300 millones de pesos/dólares. Es más: Zannini pidió que la quiebra se haga extensiva a las empresa SOCMA y SIDECO.
Macri sostuvo que se trata de un plan de “venganza y ejecución” en contra de su familia. Incluso este fin de semana recomendó un libro que habla del caso. La quiebra fue suspendida hasta que la Cámara en lo Comercial revise la decisión. En ese tribunal ya no será de la partida la jueza María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, que fracasó en su intento de quedarse en el puesto tras cumplir 75 años. Ya llegó al tribunal la jueza Guadalupe Vasquez, nombrada recientemente.
Alberto Fernández, el vacunatorio VIP y la suerte de ex referentes K
Los expedientes contra Macri y Cristina Kirchner no son los únicos que concitan la atención periodística. El propio Alberto Fernández tiene pendiente una respuesta a su propuesta para que se cierre la causa que se abrió en su contra por la fiesta del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la residencia de Olivos, en medio de las restricciones más fuertes por la pandemia.
La justicia de San Martín ya rechazó su propuesta de sobreseimiento por entender que se configuró la violación del decreto presidencial, y ahora aguarda que se acepte su propuesta de donar durante cuatro meses la mitad de su sueldo a un hospital como forma de reparación al daño causado.
Pero el 2022 también promete definiciones en juicios orales y en la revisión de otros. La condena dictada Lázaro Báez y a sus hijos por la llamada ruta del dinero ya tiene fijada una audiencia para escuchar las apelaciones para fines de mayo. A partir de ahí, la Sala IV estará en condiciones de confirmar o no las condenas.
En materia de juicio oral se esperan veredictos en las causas contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. También saber qué suerte correrá el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, el primero de los gremialistas que fue preso en el gobierno de Macri.
Entre los expedientes que habrá que seguir sus avances aparece la causa del vacunatorio VIP, que eyectó a Ginés González García del ministerio de Salud cuando se descubrió que un grupo de allegados habían recibido la vacuna Sputnik cuando aún la inoculación no estaba abierta para el común de los ciudadanos. La jueza María Eugenia Capuchetti entendió inicialmente que, más allá de los cuestionamientos éticos, no había existido delito. Sin embargo, la Cámara Federal revocó esa decisión y se preguntó: “por qué ellos sí y el resto no”. “Quizás cometí alguna estupidez”, dijo recientemente González García, pero aclaró que se fue con la “tranquilidad” de no hacer “nada incorrecto y que no estuviera habilitado”. La causa fue delegada en el fiscal Eduardo Taiano, que ahora deberá analizar qué rol tuvo la hoy ministra Carla Vizzotti.
Hay otra causa que tiene resonancia política: el futuro de la denuncia por el préstamo que recibió el Gobierno de Mauricio Macri y que impulsó el propio Ejecutivo por orden de Alberto Fernández. Infobae reveló la semana pasada el pedido del Procurador Zannini para que se cite a declarar como testigos a los técnicos del organismo internacional que participaron de la primera visita a la Argentina en 2018. Además, la jueza Capuchetti y el fiscal Franco Picardi esperan otra información clave: quiénes fueron los destinatarios finales, ya sea personas físicas o jurídicas, que compraron la mayor cantidad de títulos de deuda Lebacs entre 2015 y 2019 y quiénes desarmaron esas posiciones en pesos desde 2018 y finales de 2019.
Esas son solo algunas de las causas que se instruyen en la justicia federal con ruido político. El kirchnerismo espera respuestas de la Corte Suprema en las causas contra Cristina Kirchner o Milagro Sala, al grito de “lawfare”. Es el propio Gobierno el que habla de proyectos para ampliar el número integrantes del máximo tribunal, cuando aún no propuso el nombre de la reemplazante de la jueza Elena Highton de Nolasco, que renunció para jubilarse en octubre de 2021, tres años después de haber cumplido los 75 años que impone la Constitución Nacional. El juez Daniel Rafecas, en tanto, espera desde hace más de dos años que se trate en el Senado su pliego para convertirse en Procurador General de la Nación.
SEGUIR LEYENDO:
Sé el primero en comentar en"Comienza el año judicial: tensión con la Corte, incertidumbre por el Consejo de la Magistratura y el futuro de las causas de CFK y Macri"