El juez Claudio Bonadio imputó a los indagados hoy por el caso de los cuadernos de la corrupción como integrantes de una asociación ilícita integrada por ex funcionarios y empresarios ligados a la obra pública.
En la imputación, a la que accedió Infobae en fuentes vinculadas a las defensas de los acusados, se señala que se los acusa de: “integrar una asociación Ilícita… la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2008 hasta noviembre del año 2015 y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.
“La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente”, agrega la imputación.
“El dinero era entregado alternativamente a los titulares del poder ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411 CABA, en la Residencia Presidencial de Olivos, en la Casa de Gobierno, parte de ese dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”, contínúa.
Y sigue: “La maniobra fue organizada por Julio Miguel De Vido (entonces Ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios) y Roberto Baratta, (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Minsterio de Planificación) quienes, desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaban los cobros comprometidos. Los cobros fueron recaudados por Baratta y Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta); también participaron activamente de este sistema de recaudación recibiendo pagos, Walter Fagyas (presidente de ENARSA), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del ministerio de Planificación), Hernán Camilo Gómez(funcionario de la subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación Federal) y Fabián Ezequiel García Ramón /director nacional de energías renovables y eficiencia energética del ministerio de Planificación Federal). Los nombrados en casi todas las oportunidades fueron transportados a los lugares donde se hicieron los pagos/ cobros por Oscar Bernardo Centeno, que recibía órdenes de Baratta y De Vido”.
En otro apartado de la imputación, Bonadio les describió a los imputados cómo funcionaba el esquema de recolección de bolsos: “El sistema estribaba básicamente en una serie de puntos fijos de recaudación en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios de los cuales recibían dinero en efectivo principalmente en moneda estadounidense, alternativa mente esos puntos fijos se concretaban en estacionamientos públicos o privados y el pase de dinero se hacía directamente de automóvil a automóvil o también en oficinas públicas y privadas. Después de un episodio confuso el 22 de octubre de 2015, en el cual, personas desconocidas intentaron interceptar el automóvil del Ministerio que había retirado una recaudación de “Supercemento SAIC”, el sistema cambió, y los empresarios debían concurrir al Ministerio de Planificación, ingresar por el estacionamiento privado y de allí accedían directamente al despacho de Barata. Con posterioridad solo esporádicamente autos oficiales pasaban por alguna empresa a retirar la recaudación. En este contexto se puede afirmar que había un primer círculo de percepción de fondos conformado por quienes tenían contacto directo con quienes aportaban los fondos involucrados. En un segundo círculo estaban quienes a su vez recolectaban esos fondos ilegales para entregarlos a quienes en definitiva comandaron y organizaron este sistema. Quienes integraban el primer círculo se encontraban entre otros Roberto Baratta, Walter Rodolfo Fagyas, Nelson Javier Lazarte, Fabián Ezequiel García Ramón, Hernán Camilo Gómez, Rafael Enrique Llorens, y Germán Ariel Nivello. En el segundo nivel quienes recibían los fondos recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o aplicaban esos fondos a otras actividades delictivas eran José María Olazagasti, Hugo Martín Larraburu, Juan Manuel aval Medina y Daniel Muñoz. Finalmente quienes se beneficiaron de este sistema recaudatorio, que por cierto no es el único, según conocimiento que en otras causas tramitan o tramitaron este tribunal o son de público y notorio son Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández y Julio Miguel De Vido”.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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