Este 22 de junio se conoció que un grupo de 26 ciudadanos con discapacidad, mayores de 60 años y condiciones de salud graves radicaron una tutela contra el Ministerio de Salud solicitando que expida lo lineamientos exactos para prevenir la discriminación durante el ejercicio del triaje ético en las circunstancias actuales del covid-19.
Este procedimiento lo usan los médicos para decidir cómo se entregan las camas UCI durante los momentos de escasez, y se tiene en cuenta la posibilidad que tienen las personas para sobrevivir.
Familias Saludables del Instituto O´Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes fueron las organizaciones que acompañaron la tutela contra el Ministerio de Salud.
En la acción constitucional se asegura que a pesar de que en marzo de 2020 el Ministerio de Salud publicó las “recomendaciones Generales para la Toma de Decisiones Éticas en los Servicios de Salud durante la Pandemia covid-19”, estas no son vinculantes y han llevado a que cada departamento, municipio, clínica y hospital pongan sus propias reglas para el triaje ético.
Aseguran, dentro de la tutela, que no hay directivas claras que establezcan que no se debe usar la herramienta de triaje ético, sin antes haber agotado todas las posibilidades de remisión de los pacientes a otros lugares donde sí haya camas UCI, lo que incumpliría el uso de los recursos disponibles..
Por otra parte, dice que las recomendaciones de la cartera de Salud permiten “categorías sospechosas conforme a la Constitución y los tratados internacionales bajo el principio de igualdad y no discriminación. Esto ya está ocurriendo en la práctica”.
El documento añade, además, que los protocolos para tener camas UCI tienen criterios discriminatorios contra personas discapacitadas, adultos mayores y quienes sufren estados de salud graves, diferentes al coronavirus.
Este es el caso, por ejemplo, del protocolo del Comité de Bioética de la Alcaldía de Medellín y de la Clínica Foscal Internacional de Bucaramanga, que lleva a que se consideren la edad, la discapacidad y/o la existencia de ciertas enfermedades en abstracto como criterios de posible desempate para negar el acceso a una UCI o elegir a una persona sobre otra en la priorización cuando las perspectivas de supervivencia a corto plazo sean equiparables.
Las personas que interpusieron la tutela aseguran que esto genera discriminación en acceso a la salud , pues está “facultando al personal médico a utilizar criterios que van más allá de la estricta condición clínica y las posibilidades de supervivencia a corto plazo, para incorporar criterios que no se limitan a responder a la necesidad de salvaguardar la mayor cantidad de vidas, sino que se les da más valor a unas vidas sobre otras”.
Con esta tutela pretenden que el Ministerio de Salud cree un estándar nacional y que sea adoptado de forma participativa y transparente, permitiendo un ejercicio coordinado de cómo llevar a cabo un triaje respetando los derechos fundamentales que protege la Constitución colombiana.
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