El expresidente Pedro Castillo, quien sigue recluido en la sede policial de la Dinoes, en Ate-Vitarte, afrontará su octava investigación. Este caso, vinculado a la empresaria Sada Goday, incluye a los exministros Félix Chero (Justicia) y Geiner Alvarado (Vivienda).
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, inició en su contra las diligencias preliminares por el delito de cohecho, tras revelarse las supuestas jugosas coimas que habría recibido Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, posiblemente a pedido del vacado mandatario.
Según las declaraciones de la empresaria, en setiembre del 2021, Castillo le requirió al entonces titular de la cartera de Vivienda, Geiner Alvarado, un “aporte económico” con la finalidad de financiar un viaje de manifestantes del interior del país hacia Lima.
En su testimonio como colaborador eficaz, Marrufo contó que Alvarado le aconsejó que hablara con Goray, quien representaba a la compañía Markagroup. Esto con el objetivo que ella “apoyara” con el dinero, a cambio de “asegurarle” un convenio con el Fondo Mi Vivienda para tener acceso a créditos hipotecarios.
Luego de persuadir a la empresaria, de acuerdo a Marrufo, visitó dos días después de reunirse la casa de ella, en La Molina, donde recibió 100 mil soles en efectivo.
El exasesor de Vivienda aseguró al equipo de fiscales que llegó a un acuerdo con el exministro Alvarado, para entregar 50 mil soles al expresidente y los 50 mil restantes “reservarlos” para cualquier “percance”.
Además, Marrufo detalló que el entonces ministro de Vivienda acudió a Palacio de Gobierno para supuestamente entregar el dinero acordado a Castillo e indicarle que esa misma cifra recibiría mensualmente con la condición de mantener a ambos en sus cargos.
En la declaración, se señaló que en enero del 2022 la empresaria entregó 500 mil soles a Marrufo, dinero que habría llegado al expresidente, a través del exministro Alvarado.
Implican a otro exministro
De acuerdo al testimonio, el ministro de Justicia, Félix Chero, recibió S/50 mil, proveniente de las coimas de Sada Goray, para cambiar al jefe de la Sunarp.
En la quincena de marzo último, Sada Goray pidió remover al titular de la entidad para que su sucesor la ayudara a inscribir en registros públicos un terreno ubicado en Chilca, al sur de Lima, que buscaba vender a la empresa Centenario.
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