Este miércoles la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República, aprobó el informe final de la denuncia constitucional que acusa a cuatro de los seis congresistas de Acción Popular involucrados en el caso denominado ‘Los niños’.
Con 12 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, el grupo de trabajo decidió acusar constitucionalmente a los parlamentarios Raúl Doroteo Carbajo, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas y Elvis Vergara Mendoza por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Mientras que, para el caso de los legisladores Juan Carlos Mori e Ilich López se recomienda archivar los casos.
El documento final también resuelve retirar el delito de colusión simple y agravada y cohecho pasivo impropio contra los seis parlamentarios presuntos integrantes de ‘Los Niños’ debido a “la falta de indicios incriminatorios revaladores”.
En tanto, la presidenta de la SAC, Lady Camones, añadió en el informe de calificación que los cuatro legisladores acusados puedan ser desaforados de sus funciones mientras dure la investigación en su contra en la Fiscalía. También, el documento recomienda suspender a los congresistas implicados hasta concluir las investigaciones, tal como sucedió con la acusación constitucional contra la exprimera ministra Betssy Chávez.
Con la aprobación del informe final, la congresista Norma Yarrow indicó que ahora le corresponde a la Comisión Permanente del Congreso seguir adelante con la acusación constitucional contra los legisladores involucrados en el caso ‘Los Niños’, el cual sugiere suspenderlos en sus funciones hasta que el Poder Judicial resuelva su responsabilidad.
“Estoy satisfecha con el informe final que no ha sido algo dirigido sino trabajado. El documento explica las supuestas vinculaciones de estos legisladores con Pedro Castillo. Ellos aparentemente han tenido reuniones el 13 de setiembre en Palacio de Gobierno, y han sido favorecidos para tener personas recomendadas en cargos en el Ministerio de la Producción. La Fiscalía seguirá con este proceso de investigación”, dijo la parlamentaria.
Investigación fiscal
Los legisladores, todos del grupo parlamentario Acción Popular (AP), son sindicados por el Ministerio Público por los supuestos de cohecho pasivo impropio, colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal. La Fiscalía de la Nación, liderada por Patricia Benavides, les imputa negociar su respaldo a cambio de presuntos favores u obras, para sus respectivas regiones, de parte del Ejecutivo durante la administración de Pedro Castillo.
“Como es de conocimiento, la sustentación y debate del informe final de la Denuncia Constitucional N° 300 (Caso ‘Los Niños’) es un tema bastante complejo para debatir y tomar un acuerdo en tan poco tiempo”, manifestó Lady Camones, titular de la SAC, el último martes 28.
El informe final fue sustentado, ante los miembros del grupo de trabajo, por la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País). La denuncia constitucional fue presentada, meses atrás, por su colega de bancada Norma Yarrow.
Comisión de Ética
Otros 17 congresistas, a quienes se les allanó sus despachos parlamentarios y domicilios hace unos días, también han sido comprendidos en la investigación de la Fiscalía de la Nación. Los parlamentarios
La Comisión de Ética del Parlamento aprobó denunciar de oficio a este grupo. El grupo de trabajo precisó que también se iniciará una indagación preliminar en contra de los mencionados. La medida se adoptó con nueve votos a favor y dos abstenciones.
Se trata de los congresistas Paul Gutiérrez Ticona, Segundo Quiroz Barboza, Germán Tacuri, Francis Paredes, Óscar Zea, Silvia Monteza Facho, José Arriola, Edwin Martínez, Carlos Alva, Américo Gonza, Wilson Soto Palacios, Luis Ángel Aragón, Hilda Portero López, Carlos Zeballos Madariaga, Katy Ugarte y Edgar Tello.
En el caso del legislador Pasión Dávila, se esperará que el parlamentario de Perú Libre cumpla con la suspensión de 120 días, impuesto por el Pleno, tras su agresión al congresista Juan Burgos.
Mientras tanto, Betssy Chávez, también expremier, no enfrentará la investigación tras su desafuero. Su suspensión permanecerá vigente mientras la Fiscalía desarrolle el caso en su contra, entre otros exfuncionarios, por su presunta coautoría en el golpe de Estado del siete de diciembre del 2022.
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