Este lunes 31 de octubre, la Procuraduría General de la Nación pidió que se le conceda a Carlos Mattos, el empresario procesado por corrupción, una rebaja de pena por su responsabilidad en el caso Hyundai. La solicitud surgió después de que la Fiscalía General de la Nación determinara que el acusado no tuvo un incremento patrimonial por la venta de automóviles en 2016.
De acuerdo con W Radio, el delegado del Ministerio Público, Miguel Antonio Carvajal Pinilla, fue quien le pidió al juez 30 del Circuito con Función de Conocimiento una rebaja de pena de la sexta parte para el exrepresentante de Hyundai en Colombia. “No existe razón para no acceder a la rebaja de pena correspondiente al momento procesal en el cual se produjo el allanamiento del hasta ahora procesado”, explicó el funcionario.
Es importante recordar que Carlos Mattos es señalado y condenado por haber comprado jueces, abogados e ingenieros de la Rama Judicial para que fallaran a su favor en un proceso de tutela. De hecho, el empresario reconoció el pasado abril que gracias a esos sobornos logró una medida cautelar para seguir vendiendo vehículos de Hyundai.
La decisión de la Fiscalía
Si bien Mattos está en una cárcel de Barranquilla, el pasado 9 de junio el Tribunal Superior de Bogotá anuló la condena de 9 años, 5 meses y 10 días en detención intramural después del preacuerdo logrado con la Fiscalía. Ese tiempo correspondía a la sexta parte de lo que realmente debería recibir por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, cohecho y daño informático.
El tribunal anuló la condena después de considerar necesario que el ente acusador investigara si el patrimonio del empresario había aumentado mientras cometía los actos de corrupción. “Para acceder a la rebaja de la pena (…) debe reintegrar por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y asegurar el recaudo del remanente”, explicó la entidad judicial.
No obstante, con los recientes hallazgos de la Fiscalía, Carlos Mattos podría volver a acceder a esa rebaja de pena. El pasado 27 de octubre, el fiscal del caso, Daniel Hernández, aseguró ante el juzgado 30 de conocimiento de Bogotá que “la decisión judicial comprada no generó incremento patrimonial para el empresario Carlos Mattos”.
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El funcionario ofreció disculpas a la judicatura por no haber revisado la venta de los vehículos con anterioridad, “fue porque no se tenía relación directa con los hechos que son de investigación”. Asimismo, le entregó al juzgado tres folios con los resultados que incluían contratos, relaciones de pagos y formatos de inspección de 2016.
Hernández destacó que “el ejercicio comercial, entre el 6 de abril y diciembre de 2016, arrojó perdidas”. Por esa razón, el procesado no pudo obtener ningún beneficio patrimonial, “por cuánto no hubo lugar a que se hiciera reparto de dividendos”, sin contar que solo poseía el 14 % de las acciones de la empresa de la que era representante legal.
El fiscal también manifestó que el ente acusador no ha sido ineficiente: “Se ha demostrado cómo se manipuló el reparto para favorecer al empresario. Hemos llevado a juicio a 14 personas, desde la cabeza principal hasta el menor funcionario del centro de servicios”.
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