En Argentina rige desde 2013 un protocolo para actuación de las fuerzas de seguridad ante casos como el que ocurrieron con Chano Moreno Charpentier, en los que están involucradas en hechos de violencia personas con problemas de salud mental o consumos problemáticos de drogas. Lo firmó la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré y rige para las fuerzas federales, pero no todas las provincias están adheridas. De modo que no existe, en la práctica, un protocolo unificado.
“La atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones de urgencia, particularmente cuando la evaluación inicial permite sospechar que se está frente a un riesgo inminente para sí o para terceros por intoxicación o abstinencia de sustancias, o bien la presencia de otros padecimientos físicos o mentales”, es uno de los párrafos sobresalientes del Anexo de la resolución 506/2013 sobre “Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad. Pautas de Intervención para determinadas situaciones”, publicada en el Boletín Oficial hace ocho años.
El eje central de la normativa es que los agentes de Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendamería y Prefectura deben respetar los derechos y las garantías de las personas con padecimientos de salud mental o consumo problemático de sustancias legales e ilegales con el objetivo, según dice la propia resolución, de “adecuar las intervenciones” a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental, que había sido reglamentada meses antes.
Aquella vez, el Gobierno buscó revisar prácticas que habían quedado como residuo de lo que en una época se llamó Brigada para Dementes de la Policía Federal, que actuaba en modo represivo y hacía “reducciones forzadas”, lo que se convertía, casi siempre en un hecho de violencia institucional.
El protocolo, elaborado a partir de consultas con el Ministerio de Salud y la secretaría de tratamientos de adicciones y lucha contra el narcotráfico (Sedronar) incluye información detallada y operativa sobre casos de “riesgo cierto e inminente para terceros o para sí mismo” ante distintas manifestaciones de una sobredosis, agitaciones, amnesia o delirio, y desecha las prácticas policiales avaladas por la actual ley de drogas.
El protocolo establece que las personas con presunto padecimiento mental tienen derecho a la asistencia del equipo de salud de forma inmediata, asistencia legal, psicológica y material “en caso de corresponder, desde el primer momento en que fueran abordadas”. Y los integrantes de las fuerzas de seguridad que intervengan en el procedimiento “deben priorizar las técnicas disuasivas y preventivas”. Para eso, se explica en el protocolo, “las intervenciones deben abordarse utilizando el tiempo necesario”.
En casos de agitación, como fue presuntamente el de Moreno Charpentier, el uso de medidas de fuerza como la “restricción física” -puede ser manual o mecánica, que inmoviliza el movimiento libre de las extremidades o cabeza de una persona- sólo pueden ser utilizadas cuando “se hayan intentado previamente otras estrategias menos agresivas” destinadas proteger la integridad de la persona en estado de alteración o la de terceros.
El Ministerio de Seguridad remarcó en ese documento que existen “evidencias empíricas” que justifican la postergación de las medidas represivas y la “priorización de procedimientos menos invasivos” en esos escenarios.
De acuerdo con la información de fuentes judiciales aportada a Infobae se sabe que el músico había agredido a su madre en medio de un episodio de padecimiento psíquico. Moreno Charpentier tenía un cuchillo para cortar pan cuando recibió un disparo de uno de los tres policías que llegaron a la escena tras un aviso al 911.
El policía que disparó no está imputado de delito alguno. El fiscal Juan Manuel Esperante no encontró elementos para acusarlo de exceso en legítima defensa basado en el relato que hizo una mujer policía testigo de los hechos.
La agente contó que cuando llegaron la madre de Chano intentaba junto a médicos subirlo a una ambulancia. Moreno Charpentier estaba adentro de la casa y se negaba a salir. Los tres policías tocaron la puerta, le pidieron al músico que saliera para intentar calmarlo. Después de varios intentos el músico salió con el cuchillo en la mano y lo alzó sobre su cabeza y fue cuando un policía, a corta distancia, le disparó.
El protocolo de 2013 es claro cuando establece que “las medidas de fuerza deben consideradas como el último recurso”, y su uso es pertinente cuando las medidas menos restrictivas no resultan eficaces y cuando se producen comportamientos no anticipados y “severamente agresivos o destructivos que generan una situación de riesgo inminente para sí o para terceros”.
En relación con el uso de armas, la resolución de Seguridad indica que se recomienda “un estilo de comunicación calmo y seguro y, por el contrario, se desalienta el uso de un estilo agresivo, amenazante o confrontativo”. Para eso, remarca que “se debe evitar el uso del arma”, y que ésta “debe ser mantenida en un lugar no visible durante la contención”.
El protocolo describe cómo actuar ante alguien sobreexcitado y violento, con delirio o narcotizado. Dice que debe pedir refuerzos policiales, “por si es necesario ayudar a los médicos en camino a calmar a la persona y subirla forzosamente a una ambulancia”.
También es una exigencia mantener distancia mínima de “dos brazos” cuando se encuentren ante un estado de agitación, no actuar de modo provocativo, establecer contacto verbal y de colaboración, e incluso explica cómo: “Utilizar oraciones cortas, vocabulario simple y estar dispuesto a repetir un mismo mensaje varias veces”.
Ante este cuadro de excitación también se recomienda identificar “deseos y necesidades”, demostrar que realmente se está escuchando a la persona, expresar acuerdo cuando es preciso y establecer límites necesarios, pero no con tono de amenaza. Y si se utilizó la fuerza física, debe explicarse luego por qué se hizo “con el fin de aliviar la naturaleza traumática del procedimiento”. En estos casos tensos, el agente debe evitar movimientos bruscos, dar la espalda, establecer luchas de poder, dar consejos u “generar empatía por medio del sarcasmo y humor”.
En el Ministerio de Seguridad nacional aclararon que las provincias pueden o no adherir al protocolo. En los sitios oficiales de la Provincia de Buenos Aires, jurisdicción donde ocurrieron los hechos con el ex cantante de Tan Biónica, no figura si la Policía Bonaerense suscribió al protocolo. Este medio lo consultó con la cartera que conduce Sergio Berni pero no obtuvo respuesta.
Pistolas Taser sí o no
No obstante, Berni opinó sobre el caso en una entrevista en Radio 10 y remarcó que situaciones como la ocurrida en Exaltación de la Cruz permite discutir sobre la utilidad de las pistolas de descarga eléctrica. “Es un buen momento para volver a discutir que si la policía hubiese tenido una pistola Taser esto no hubiese ocurrido”, dijo el ministro bonaerense, quien destacó que el agente “hizo lo que tenía que hacer” dado que Chano “atacó a los agentes policiales con un cuchillo” y “lo neutralizó”.
“Este es el mejor ejemplo. Chano está vivo porque tuvo suerte. Se podría haber evitado con el uso de la pistola Taser. Es necesario dar esta discusión. El uso de estas herramientas son fundamentales para preservar la vida de los policías y los delincuentes“, agregó Berni, para quien “las evidencias indican que el policía actuó de manera correcta”.
La discusión sobre la utiilidad de las pistolas de descarga eléctrica lleva varios años. Entre varias discrepancias manifestadas entre Berni y la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, se incluye la del uso de las Taser.
Para las fuerzas federales, el Ministerio de Seguridad ordenó que las pistolas Taser solo sean utilizadas por los grupos tácticos y en circunstancias especiales donde el único recurso útil sea este armamento. “Se ha comprobado que dichas armas pueden causar severas lesiones o la muerte. El propio fabricante desaconseja utilizar las pistolas eléctricas para casos de personas bajo los efectos de sustancias o víctima de padecimientos mentales”, comentó una fuente de la cartera nacional.
“Las Taser sólo reducen la letalidad policial si se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal, no si su supuesta ‘no letalidad’ habilita que se amplíen las situaciones en las que los policías podrían disparar”, remarcó en un informe de 2019 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En el caso de Chano, lo que deberá establecer la investigación judicial es si, efectivamente, el músico era una amenaza para el policía, que no tuvo más remedio que disparar para evitar un ataque. Muchos jueces y fiscales locales dan por válido el uso de armas de fuego por parte de policías ante este tipo de ataques basados en la “Regla de Tueller”.
Se trata de un protocolo de Estados Unidos confeccionado por el sargento Dennis Tueller, un policía del Estado de Utah, Estados Unidos. Establece que 6,4 metros (21 pies) es la distancia mínima para tener posibilidades de defenderse de manera efectiva con un arma de fuego ante un ataque con un arma blanca. El cálculo incluye el tiempo que le toma al agente desenfundar el arma.
El protocolo considera que a menos de esos 6,4 metros de distancia las probabilidades de sobrevivir a una agresión con arma blanca disminuyen considerablemente porque los ataques pueden ser muy veloces y con mucha fuerza y que incluso el agresor puede continuar su ataque si recibe algún disparo por la inercia del movimiento.
“La solución no es utilizar armas eléctricas cuyos efectos sobre una persona que atraviesa un problemas de salud son imprevisibles, sino contar con fuerzas policiales que puedan usar la fuerza de manera graduada aún en situaciones de extrema tensión”, agregó en un hilo de tuits el CELS este lunes.
Un estudio realizado por Amnistía International en los EE.UU. mostró que de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas y sólo cuatro, armas de fuego. Es decir que más del 90% de las víctimas fatales estaba desarmado.
La American Civil Liberties Union (ACLU) advirtió sobre los riesgos derivados de que las Taser no son usadas por las policías estadounidenses como un reemplazo del arma letal en situaciones de último recurso, sino como un elemento de control. Investigaciones realizadas en los EE.UU. registraron no menos de 1.000 casos de muertos entre 2000 y 2017 por el uso inadecuado de estas pistolas.
Estas investigaciones derivaron en estándares y recomendaciones para la implementación de estas armas, que por ejemplo, no recomienda el uso de Tasers contra embarazadas, personas bajo efectos de alcohol u otras drogas,personas con padecimiento mental o ya arrestadas.
El propio Tom Smith, presidente de la fábrica Taser, aclaró en 2005 ante la Justicia de Estados Unidos detalles sobre la denominación de arma no letal: “Taser usa el término ‘no letal’ como lo define el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lo que no significa que el arma no pueda causar la muerte, pero que no tiene la intención de ser fatal”.
En el Reino Unido, las policías tienen permiso para usar Tasers desde 2004. En aquel momento, desde la Asociación de Jefes de Policía comunicaron que las autoridades británicas “no llamaron a las armas Taser no letales y nunca lo habían hecho”. En su lugar, se las considera “menos letales” que otros métodos de detención de personas.
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