Caso ‘Camila’: Gobierno de Dina Boluarte negó beca de estudios e indemnización a niña indígena violada e impedida de abortar

La administración de la presidenta Dina Boluarte ha negado una beca integral de estudios universitarios y una indemnización económica a ‘Camila’, una niña que fue violada durante años por su padre y a la que se le negó el aborto legal, un caso que llevó al Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños a determinar hace un año que el Estado peruano había violado sus derechos.

Según un informe difundido el domingo por Salud con Lupa, ‘Camila’ asistió a una reunión con los abogados de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional en el Ministerio de Justicia en marzo pasado para expresar sus expectativas de reparación.

Pese a haber terminado la educación secundaria y soñar con una carrera profesional —a la que pocas chicas indígenas tienen acceso debido a la pobreza y la cultura machista— su solicitud fue rechazada por el Ministerio de Educación, que alegó que su caso no proviene de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Solo le sugirieron postular al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), una decisión que fue criticada por la abogada Isbelia Ruiz, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), quien recalcó que el Estado debería crear una norma temporal que le permita acceder a la educación.

Camila
Las 10 recomendaciones del fallo sobre ‘Camila’. Elaboración de Salud con Lupa

El Ministerio de Salud también rechazó entregarle la indemnización económica establecida por la sentencia de la ONU al argumentar que “no le corresponde”, una postura que ignora precedentes de los casos K.L. (2015) y L.C. (2018). Hasta ahora, de las 10 recomendaciones del fallo sobre ‘Camila’, solo se ha publicado la versión completa en castellano en las plataformas oficiales del Gobierno, aunque queda pendiente su traducción al quechua.

El resto solo ha avanzado a nivel de compromiso o acciones iniciales, de acuerdo con el reportaje. Cada año, más de 1.500 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres, mayormente por abusos sexuales, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Cuando quedó embarazada, ‘Camila’ fue llevada al hospital de su comunidad, pero no se le brindó atención a su salud mental deteriorada, según la decisión del órgano de Naciones Unidas.

Los sanitarios insistieron en que asistiera a citas prenatales y, al dejar de acudir, la buscaron en su casa, lo que agravó el estigma en su familia, comunidad y colegio, que tuvo que abandonar. La menor sufrió un aborto espontáneo, tras lo cual un fiscal abrió una investigación en su contra bajo la acusación de provocarse el aborto. Entonces, la obligaron, junto a su agresor sexual, a regresar a “la escena del crimen”.

Colectivos de mujeres participan en la marcha "Son niñas, no madres" convocada por la Plataforma Verde hoy en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
Colectivos de mujeres participan en la marcha “Son niñas, no madres” convocada por la Plataforma Verde hoy en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
(Paolo Aguilar/)

Según el organismo, el representante del Ministerio Público desvió la atención de la investigación por violación para centrarse en un supuesto aborto autoinfligido, sin evidencias al respecto. A pesar del fallo, el Ministerio de Salud no ha garantizado atención integral gratuita en salud mental a ‘Camila’, quien presentó depresión e ideación suicida.

Aunque se solicitó un tratamiento psicológico vitalicio gratuito, solo se le ofreció atención en el Centro de Salud Mental Comunitaria de Huanipaca (Apurímac), de donde escapó por estigmatización. Actualmente, psicólogos de Promsex, organización que la respalda legalmente, atienden su salud emocional.

El Comité de los Derechos del Niño otorgó al Estado 180 días para cumplir sus obligaciones, plazo que venció en diciembre de 2023, momento en el cual el Ministerio de Justicia solicitó una prórroga. El equipo legal considera razonable que algunas recomendaciones tomen tiempo en implementarse, pero critica que los ministerios de Educación y Salud no faciliten caminos para la reparación.

Representantes de estos ministerios no respondieron al respecto. De acuerdo con el reportaje, tampoco se ha designado un responsable estatal para coordinar el cumplimiento del fallo y la comunicación con ‘Camila’ y sus abogados. Aunque la directora ejecutiva de salud mental, July Caballero, fue propuesta para este rol, no se formalizó su designación.


Sé el primero en comentar en"Caso ‘Camila’: Gobierno de Dina Boluarte negó beca de estudios e indemnización a niña indígena violada e impedida de abortar"

Dejá un comentario

Tu dirección de Correo Electrónico no será compartida


*