El Poder Judicial revocó este miércoles la comparecencia con restricciones que recaía sobre el abogado Carlos Wiesse y declaró fundada la apelación del Ministerio Público, que solicitó nueve meses de prisión preventiva por un caso ocurrido en mayo pasado, cuando el imputado vandalizó un vehículo y abrió fuego contra el departamento de uno de sus vecinos en San Isidro.
La Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima ordenó la medida “por el presunto delito de fabricación, o tenencia ilegal de armas o material peligrosos y otros”, con lo cual Wiesse debe ser detenido y puesto a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria.
La representante de Fiscalía expuso que el abogado no cuenta con arraigo familiar ni laboral, lo que “permite concluir la alta probabilidad de que intentará eludir la administración de justicia”. Además, mecionó que “podría intimidar a aquellos agraviados y testigos de quienes faltaría su declaración” y que, en rigor, representa un “peligro” para la sociedad y el agraviado directo, Renán Mantilla.
La defensa de Wiesse, quien se hizo conocido en 2020 por emitir insultos racistas contra policías que vigilaban la cuarentena en la primera etapa de la pandemia, señaló que “ha cumplido todas las reglas de conducta impuestas, entregó el pasaporte, pagó la caución de los 25.000 soles y viene cumpliendo un tratamiento psiquiátrico en privado”.
Las acciones del abogado quedaron registradas en cámaras de videovigilancia que produjeron su detención en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Miraflores. En las imágenes se le ve descender de su camioneta, sacar un objeto contundente de la maletera y luego arremeter contra un auto estacionado en el sótano del edificio.
El dueño de la camioneta vandalizada no se encontraba en ese momento. Cuando llegó, el vigilante le recomendó no subir a su departamento en el séptimo piso, pues Wiesse se encontraba en el lugar y acababa de lanzar varios disparos contra su vivienda.
El abogado descargó por lo menos siete balazos contra la puerta y la pared del frontis del departamento, de acuerdo a los primeros registros policiales. A raíz de la denuncia, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) canceló definitivamente la licencia de uso de arma de fuego y exigió devolverla.
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