La elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo entra en su etapa final. Este miércoles arranca las entrevistas a los seis candidatos. Estos son Delia Muñoz, Gastón Soto, Jorge Rioja, Miguel Soria, Josué Gutiérrez y Pedro Cartolin. Uno de ellos será el reemplazante a partir del nueve de mayo de la actual defensora interina Eliana Revollar.
Sin embargo, antes de que se llegará a esta instancia decisiva, cinco fueron salvados del periodo de tachas: Muñoz, Soto, Soria, Gutiérrez y Rioja. Cada uno fue acusado por ciudadanos de diversos temas, pero la comisión especial del proceso de la Defensoría liderada por el parlamentario Idelso García (Alianza para el Progreso) decidió obviarlos y aceptar los descargos que cada postulante envió.
En el caso de Delia Muñoz se le cuestionó que el desempeño que tuvo cuando estuvo a cargo de la cartera de Justicia y Derechos Humanos en la breve gestión de Manuel Merino en noviembre del 2020. Ese mes, como se sabe, los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado perdieron la vida en medio de las protestas sociales.
Además, se recuerda que la candidata propuesta por Fuerza Popular quiso destituir al procurador general del Estado, Daniel Soria, para que sea reemplazado por Katherine Ampuero. Al final, Soria no dimitió y obtuvo un comunicado por parte del Consejo de Defensa Jurídica del Estado que alertó sobre esta situación.
Sobre este tema, Muñoz dijo que no era su obligación pronunciarse sobre lo ocurrido con Inti y Bryan. Esta justificación fue aceptada.
Luego, en el caso de Soria, presentaron una tacha por sus papeletas de tránsito. Sobre ello, el postulante dijo que “lo acepto, evidentemente porque cometí el error de programar mis reuniones con muy corto tiempo”.
Además, Rioja negó que tenga deudas pendientes con la Sunat tal como el ciudadano Dany Catacora le imputó.
Por otro lado, Soto rechazó que lo vinculen con César Alvárez, exgobernador regional de Áncash, por haber evitado la destitución del fiscal Dante Farro, que investigaba al político, cuando presidía el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
“No existían sanciones disciplinarias ni judiciales impuestas al señor Farro por sus supuestas relaciones o vinculaciones con el señor César Álvarez, por lo que, a ese momento, gozaba de las presunciones de inocencia”, alegó.
Finalmente estaba la denuncia contra Gutiérrez por carecer de idoneidad al tener nexos con Vladimir Cerrón, líder del partido izquierdista Perú Libre. Incluso, se cuestionaba que sea asesor en la Comisión de Justicia del Parlamento. Pese a esto, los miembros de la comisión especial para la elección de la Defensoría lo mantuvieron en el pool de aspirantes a este cargo.
CIDH
El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo presentó un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado el Poder Judicial para impedir la elección del nuevo titular de esta institución autónoma.
Según el diario La República, la decisión del sindicato buscaría advertir ante el sistema interamericano sobre los riesgos que implicaría el proceso que estará a cargo del Congreso de la República. Como es público, esta entidad del Estado no pudo terminar la elección del nuevo defensor en medio de graves irregularidades que finalmente desencadenaron en que no se haga.
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