Después de que la Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador fuera rechazada en la Cámara de Diputados, Graciela Sánchez Ortiz, diputada de Morena, le entregó a Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva, una copia del ‘Plan B’ del presidente con las propuestas de modificaciones a las leyes secundarias en esta materia.
Tras una votación económica, se aprobó que esta iniciativa fuera discutida y votada durante la misma sesión ordinaria en la que previamente se desechó el proyecto presidencial.
Durante las intervenciones, los partidos de oposición como el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) reiteraron su postura en contra del Plan B de AMLO.
“La postura del Grupo Parlamentario del PRI es un contundente ‘No’”, sentenció el diputado Carlos Iriarte Mercado, quien consideró la iniciativa como “un paquete de reformas que atenta contra la impartición de justicia en materia electoral”.
La estrategia ejecutada por Morena y sus partidos aliados de entregar el proyecto alternativo en la misma sesión para apresurar su votación fue duramente criticada por las y los legisladores opositores, pues consideraron que la aprobación vía fast track que pretende alcanzar el partido oficialista atenta contra las instituciones y responde a un “capricho” del presidente.
“No es más que un burdo intento de sabotaje al proceso electoral de 2024 […] Ustedes le pertenecen a la letrina de la historia por lo que pretenden hacer hoy”, aseveró Jorge Triana, diputado del PAN.
Después de una serie de declamaciones de las bancadas del PRI y del PAN, varios integrantes de la oposición se retiraron del recinto como una expresión de rechazo a la forma en la que se ha desarrollado la sesión.
Su salida de San Lázaro fue considerada por las y los morenistas como una prueba de su carácter “no democrático” y, al tomar la palabra, el diputado Leonel Godoy advirtió que Morena arrasaría en las elecciones de 2023 y 2024.
Una de las principales diferencias entre la Reforma Electoral (Plan A) y el Plan B es que la primera pretendía reducir de 11 a siete los consejeros electorales del INE, de 500 a 300 la cantidad de diputados federales y de 128 a 96 la de senadores. Sin embargo, dichas consideraciones están incluidas en la Constitución, la cual no puede ser alterada por el Plan B.
Cuando Santiago Creel anunció el inicio de la etapa de discusión, informó que no había registro de diputados que quisieran subir a la tribuna para argumentar en contra del dictamen.
Ante tal situación, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, sugirió a la Mesa Directiva que se omitieran las intervenciones de quienes hablarían en favor de la propuesta para pasar directamente a la votación.
Una vez que Creel Miranda confirmó la declinación de las y los diputados de Morena, dio paso a los sufragios.
Conviene referir que, desde un inicio, se tenía contemplado que la Reforma Electoral no pasara el primer filtro, pues Morena necesitaba de la mayoría calificada (334 votos como mínimo). No obstante, la aprobación del Plan B, el cual no ahonda de manera tan profunda y estructural, sólo requiere de una mayoría simple, con la que el partido guinda sí cuenta.
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