Bruselas quiere obligar a las grandes empresas a impedir el trabajo forzado

Bruselas, 23 feb La Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta legislativa para obligar a las grandes empresas a proteger los derechos humanos y el medioambiente en la cadena de suministros, con la diana puesta en el trabajo forzado o la explotación infantil en terceros países.
La iniciativa, que el Ejecutivo comunitario tendrá que negociar con los Estados miembros a través del Consejo de la UE y con el Parlamento Europeo, afectaría a unas 13.000 empresas europeas de gran tamaño y unas 4.000 no europeas y dejaría exentas a las pymes, según la propuesta de Bruselas.
En concreto, la Comisión quiere que abarque a las compañías con más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación global, así como a empresas con más de 250 empleados y 40 millones de facturación en sectores de alto impacto” como el textil, el cuero, el calzado, la agricultura, las industrias madereras y pesqueras, la ganadería, la minería -hidrocarburos incluidos- y algunas manufacturas básicas metálicas.
Bruselas propone obligar a esas grandes empresas a garantizar que en su cadena de valor se protegen de manera efectiva los derechos humanos con esquemas de “diligencia debida” (due diligence) que supervisarán las autoridades administrativas de los Estados miembros.
Se refiere a aspectos básicos como disponer de condiciones de trabajo seguras y saludables y, en caso de incumplimiento con esas obligaciones de rastreo a través de toda su cadena de suministros, las firmas podrán ser multadas.
La iniciativa también podría afectar a la remuneración de directivos, pues la Comisión sugiere que si la empresa paga variables a los altos cargos como complemento salarial, estos deberán tener en cuenta en qué medida esos profesionales ha contribuido a alinear la compañía con sus obligaciones con el respeto al trabajo digno y al medioambiente.
“No podemos seguir cerrando los ojos ante lo que sucede en nuestras cadenas de valor. Necesitamos un cambio en nuestro modelo económico”, declaró el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
La idea es traducir “estándares voluntarios” en materia laboral de entidades como Naciones Unidas o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en “obligaciones legales”, explicaron los técnicos de la Comisión, que añadieron que en el plano medioambiental, las firmas tendrán que desarrollar estrategias compatibles con el Acuerdo de París contra el cambio climático.
“Algunas empresas lo hacen voluntariamente pero creemos que esto no es suficiente”, explicaron fuentes europeas, que consideran que la directiva “tiene potencial para cambiar las cosas en el terreno” pero “también es proporcionada, de forma que las empresas pueden implementarla y se puede aplicar, que es muy importante”.
HOJA DE RUTA SOCIAL
Esta propuesta de directiva está acompañada por una nueva hoja de ruta de la Comisión Europea que “reafirma” su compromiso con los empleos “decentes” y tiene la vocación de impulsarlos “tanto en casa como alrededor del mundo”, con la lucha contra el trabajo forzado y la explotación infantil “en el corazón” de esta tarea.
Bruselas denuncia que las cifras demuestran que el “trabajo decente” todavía “no es una realidad” para mucha gente en el mundo: uno de cada diez niños trabajan (160 millones e todo el mundo) y 25 millones de personas sufren trabajo forzado.
A pesar de la “significativa reducción” de la explotación infantil durante los últimos años, el número de niños que trabajan ha aumentado en ocho millones entre 2016 y 2020, periodo en el que se rompió con la tendencia positiva desde el año 2000.
Además, el Ejecutivo comunitario enfatiza que la pandemia de coronavirus y las “transformaciones del mercado laboral, sobre todo los avances tecnológicos, la crisis climática, la globalización y los cambios demográficos, pueden afectar a la protección de los trabajadores y los estándares laborales.
Una vez negociada una versión final de la directiva con el Consejo de la UE y la Eurocámara, los Estados miembros de la UE tendrán dos años para trasponerla a sus legislaciones nacionales. EFE
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