Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) denuncia ante la Fiscalía los casos de agresión sexual en un centro de inmigrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, en representación del Ayuntamiento de Mogán, ha presentado este martes una denuncia en la Fiscalía Provincial de Las Palmas para poner en su conocimiento los supuestos casos de agresión sexual, prostitución, violencia física y otras irregularidades que presuntamente se están produciendo en el complejo de apartamentos Puerto Bello, en Puerto Rico, donde se encuentran alojados menores extranjeros no acompañados llegados a las costas del archipiélago.

Estos hechos a los que hace mención la denuncia, según explica el Ayuntamiento de Mogán en un comunicado, han sido denunciados por empleados de la organización que gestiona el recurso, que es la Fundación Respuesta Social s.XXI.

Al respecto, señala el Ayuntamiento que el 10 de junio, sobre las 14.00 horas, recibió un correo electrónico de un grupo de trabajadores anónimos de la Fundación Respuesta Social S.XXI que denunciaba una serie de situaciones ocurridas en Puerto Bello que podrían ser constitutivas de delito.

Al respecto, añade que el informe remitido expone de “forma precisa cómo una auxiliar técnico educativo comunica que un grupo de menores le ha reportado las repetidas agresiones sexuales que ha sufrido un menor”, que es identificado, por parte de otros dos usuarios alojados en el centro “ya certificados como mayores de edad”.

Asimismo, se indica que la víctima “ha tenido que fugarse para evitar ese tipo de situaciones y las humillaciones de sus compañeros por lo ocurrido”, manifestando un auxiliar del turno de noche llega que existen vídeos de las agresiones sexuales y asegura que varios menores también informan de lo ocurrido.

Ante estos hechos, el equipo educativo ha solicitado a la dirección del centro un refuerzo de los turnos de noche, así como la interposición de la correspondiente denuncia, sin que “nada de esto se haya llevado a la práctica”, apuntando que “lo mismo parece suceder con los casos de prostitución, pues se refiere que la dirección conoce que al menos tres menores la han ejercido dentro y fuera del centro y que no se ha actuado al respecto”.

También se refiere a las “repetidas e injustificadas” agresiones psicológicas y físicas a los jóvenes que van desde los insultos y vejaciones, a la intimidación y contenciones físicas. Asimismo se refieren a otro tipo de negligencias como la “falta de atención médica” de los menores que tienen un tratamiento psiquiátrico o los que requieren antibióticos, así como el “inexistente” protocolo anti COVID-19.

Además se refieren a las “deficientes condiciones de habitabilidad” que presentan las instalaciones por los “altercados que se han sucedido en los últimos meses y el mal estado” de las instalaciones de suministro eléctrico y de agua.

Finalmente, el grupo de trabajadores de la Fundación Respuesta Social S.XXI critica la “ausencia de prestación de servicios básicos como la educación, transcribiendo que desde hace meses no se imparten clases de alfabetización ni talleres emocionales o sociales que permitan la integración de los menores”, refiriéndose así al “descontrol generalizado en el personal del centro que supuestamente permite el tráfico y consumo de estupefacientes”, además de la “falsificación” de los informes sobre la ejecución de proyectos contratados por la Administración.

El Ayuntamiento de Mogán recoge que en la información de los trabajadores se ha asegurado que los “hechos descritos se han puesto en conocimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, la última vez el 31 de mayo, y que esta aún no ha llegado a inspeccionar el complejo”.

Ante todo ello, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, recuerda que “lleva meses denunciado públicamente y ante el Gobierno de Canarias la situación en la que se encuentran los menores extranjeros no acompañados en este complejo”, donde expone que “son frecuentes” las intervenciones de la Policía Local del municipio y Guardia Civil, si bien afirma que “es consciente de la extrema gravedad “de los hechos que denuncia el grupo de trabajadores, por lo que confía en que la Fiscalía esclarezca la veracidad de estos y actúe en consecuencia.